Alianza Social de Trabajadores de la Industria Mexicana

lunes, 30 de abril de 2012

AMLO: Desde el gobierno mexiquense se desvía dinero para la campaña de Peña- IFE indolente- Astillero- La territorialidad de la dominación

Elecciones 2012
Asegura que Eruviel Ávila no ha cumplido promesas asumidas el año pasado
Desde el gobierno mexiquense se desvía dinero para la campaña de Peña: AMLO
Apoyo a Miguel Ángel Mancera porque creo que es una opción en el Distrito Federal, expresa
Foto
El candidato presidencial de la coalición Movimiento Progresista, Andrés Manuel López Obrador, recibe muestras de afecto, ayer en la ciudad de OaxacaFoto Carlos Ramos Mamahua
Alma E. Muñoz
Periódico La Jornada
Lunes 30 de abril de 2012, p. 9
Andrés Manuel López Obrador afirmó que desde el gobierno del estado de México se desvía dinero público para favorecer a [Enrique] Peña Nieto.
¡Qué se puede esperar!, cuando, recordó, en la elección pasada en la entidad hubo mucha compra de voto, mucho tráfico con la pobreza de la gente, subrayó en su conferencia de prensa matutina, donde recordó que este lunes a las 8.30 horas, presentará junto con Cuauhtémoc Cárdenas una propuesta de política energética, en el hotel Hilton Alameda.
A propósito de la participación del gobernador mexiquense, Eruviel Ávila, en un mitin del aspirante presidencial del PRI, Enrique Peña Nieto, en Nezahualcóyotl, López Obrador comentó: Es lo mismo; lo que no debe hacerse y se está haciendo es utilizar el presupuesto, que es dinero público, para propósitos partidistas o electoreros... Eso es el estado de México, mucha corrupción, y así está desgraciadamente el país.
Puro engaño
El abanderado de la coalición Movimiento Progresista recordó que desde la campaña en el proceso electoral mexiquense del año pasado, los del PRI “entregaron de todo, desde tarjetas donde ponían dinero para la gente, que por cierto ni siquiera eso cumplieron, hasta otras tarjetas donde –Eruviel Ávila, como candidato a gobernador– decía: yo me comprometo que al llegar al gobierno va a haber esto, esto, esto y esto”.
Indicó que supo de esas tarjetas cuando una señora le dio la que a ella le entregaron. En esa ocasión la mexiquense le explicó al abanderado de la izquierda: Me apunté. Dije que iba a votar por ellos. Me entregaron esto, es un menú de programas, 10 o 15 y le dieron a escoger dos.
Pero nada, puro engaño, indicó López Obrador, quien dijo que lo confirmó en su más reciente visita a la entidad, cuando preguntó a los ciudadanos si ya les habían cumplido con esos programas. Ninguno, puntualizó.
Reiteró que no necesita prepararse para el debate del domingo próximo.
De qué me voy a preparar si no hay tiempo [para abordar con profundidad los temas]. Lo que voy a decir apenas si va a permitir redondear una idea sobre una propuesta. Serán como espots, es dar respuestas rápidas.
El formato del Instituto Federal Electoral para ese encuentro está hecho para que no haya debate, para favorecer a Peña Nieto, agregó.
No obstante, indicó que analizará si debe apoyarse en algunas notas, pero no hace falta realmente.
Al inicio de su conferencia de prensa –adelantada una hora, a las 6 de la mañana, para abordar, dos horas después, un vuelo de Aeroméxico a Oaxaca, donde encabezó una asamblea a las 11 de la mañana–, precisó que por ese compromiso no acompañaría a Miguel Ángel Mancera en su arranque de campaña por la jefatura de Gobierno del Distrito Federal en el Monumento a la Revolución, pero lo estoy apoyando porque creo que es una opción en el Distrito Federal.
Hambre ¿qué es eso?
Más tarde, de regreso de Oaxaca, donde desayunó con el gobernador Gabino Cué, López Obrador congregó a cerca de 8 mil personas en la explanada principal de Naucalpan, municipio gobernado por el PRI.
Allí afirmó que sus adversarios del PRI, Enrique Peña Nieto, y del PAN, Josefina Vázquez Mota, tienen otra formación. Es otra élite. Ellos no han tenido nunca que padecer, no vienen de abajo; se formaron arriba.
Utilizó una metáfora para ejemplificar mejor. Habló de que un día un pueblo fue a protestarle a un rey. “El monarca preguntó a sus súbditos: ‘¿qué quiere esa gente, por qué están gritando?’ ‘Señor, tienen hambre.’ Y el rey contestó: ‘¿y qué es eso?’”
El abanderado de la izquierda se comprometió a terminar con toda la parafernalia en el poder. Los aviones, los helicópteros privados para ir de un lado a otro, aunque reconoció que a Vázquez Mota le dio un poco de vergüenza y ahora ya usa aviones comerciales, pero el priísta –consideró– es muy difícil que lo haga.
López Obrador recibió grandes muestras de apoyo que provocaron algunos empujones entre asistentes que querían acercársele. Desde su llegada hubo gente que le entregó peticiones y otros, como Ramiro Leoncio Flores, en silla de ruedas, y su esposa Isabel Baustita García, quienes aunque nos estamos muriendo de hambre le pedimos que no suelte a Peña Nieto ni a Vázquez Mota, porque el priísta está diciendo puras mentiras, mientras la panista con qué armas va a pelear, si todo lo que pudo mejorar está destruido.
Con información de Javier Salinas, corresponsal
Un hombre responsable-Fisgón
IFE indolente
John M. Ackerman
 
       La reacción del IFE frente a las denuncias sobre el probable rebase del tope de campaña de Enrique Peña Nieto es una copia fiel de su comportamiento durante las elecciones presidenciales de 2006. Una vez más, en lugar de encontrar razones para actuar en favor de la equidad y el estado de derecho, el instituto recurre a pretextos para mantenerse pasivo e indolente. Tal como ocurrió hace seis años, la autoridad incumple con la neutralidad y facilita la imposición de un resultado electoral a las espaldas de la ciudadanía.
En 2006, el IFE dejó pasar una ofensiva campaña mediática calumniosa, los anuncios televisivos ilegales patrocinados por el sector privado y la intervención indebida del gobierno federal, entre otras conocidas violaciones. Todos recordamos cómo el instituto también se negó rotundamente a ordenar un amplio recuento de la votación presidencial.
En todos esos casos, Luis Carlos Ugalde y los otros consejeros pretextaron que la ley no les permitía hacer otra cosa. Como cualquier corrupto burócrata de ventanilla, pedían a los denunciantes darse otra vuelta el próximo día para formarse de nuevo en la fila.
El viernes pasado, la recientemente nombrada consejera electoral María Marván resucitó el fantasma de Ugalde. Indignada con la osadía de la coalición progresista y el PAN de denunciar los gastos de Peña, de manera tajante afirmó que en el IFE no podemos hacer absolutamente nada. De acuerdo con la consejera, quien se queja de irregularidades sabe perfectamente que el proceso de fiscalización de las campañas es hasta que acaban y el instituto electoral no puede hacer ni más ni menos de lo que le pone la ley.
El consejero presidente Leonardo Valdés ha cometido una pifia similar. En un artículo de prensa escribió que es imposible determinar ahora, durante el periodo de campañas, el rebase de topes de gastos de campaña de candidato alguno: el IFE no está facultado para auditar los gastos de partidos y candidatos antes de que termine la propia campaña.
No nos dejemos engañar. El Cofipe señala que en casos de excepción, y previo acuerdo del Consejo General, la Unidad [de Fiscalización] podrá abrir procesos extraordinarios de fiscalización con plazos diferentes (artículo 85). Asimismo, el artículo 84 de la misma norma ordena a todos los partidos presentar un informe preliminar de sus gastos de campaña antes del 15 de junio.
Y cuando se trata de irregularidades que ponen en riesgo la equidad y la legalidad del proceso electoral en su conjunto, ni siquiera es necesario recurrir a los burocráticos lineamientos del proceso fiscalizador. El Cofipe indica que cualquier persona podrá presentar quejas o denuncias por presuntas violaciones a la normatividad electoral (artículo 362). Si la queja presenta indicios claros de que la ley pudo haber sido violada, el IFE está obligado a admitir, investigar y resolver el caso. El instituto debe proceder de manera inquisitiva y exhaustiva en estos procesos, de acuerdo con los criterios del TEPJF.
Es completamente falso entonces que la ley prohíba que el IFE revise antes de la elección los gastos de Peña. Esto queda aún más claro con la pantomima del acuerdo entre el PRI y el IFE para que la autoridad electoral envíe auditores para revisar los papeles del viejo partido de Estado. Ahora resulta que la autoridad siempre sí puede hacer algo, pero siempre y cuando el proceso sea dirigido y convocado por el mismo partido. Queda claro que no es la ley, sino la voluntad lo que limita la acción del instituto electoral.
Ahora bien, lo importante no es que el IFE vaya y revise los papeles que PRI le quiera mostrar, sino que la autoridad verifique de manera independiente los costos de la campaña de Peña Nieto. Solamente el observador más ingenuo podría creer que todo el derrochador gasto para el arranque de la campaña hubiera sido pagado y facturado en favor del PRI. Además de los papeles y los movimientos bancarios formales, evidentemente también fluyen vastas cantidades de dinero en efectivo que sirven para engrasar la campaña. Las donaciones en especie y los descuentos de parte de personas físicas y morales, algunos incluso de dudosa procedencia, también seguramente están a la orden del día.
El IFE se enorgullece de que se han seleccionado 50 distritos electorales al azar para ser monitoreados directamente a nivel de calle por auditores del instituto. Sin embargo, esta revisión no es permanente y el IFE dará previo aviso 48 horas antes de cada visita. Dos días es más que suficiente tiempo para inmediatamente retirar cualquier propaganda fuera de la ley y así esconder el despilfarro. Y una vez que se sepa cuáles son los 50 distritos que estarán bajo vigilancia especial, los partidos tendrán un cheque en blanco para gastar a manos llenas en los otros 250.
También habría que preguntarnos hasta qué punto estos auditores se limitarán a tomar fotos y pasear por las calles, o si fungirán como verdaderos detectives para descubrir la compra y coacción del voto durante las semanas previas a la elección, así como para perseguir el acarreo y las prácticas ominosas, como el carrusel, durante la jornada electoral. La sospecha es que una vez más en el IFE imperarán la desidia y el formalismo burocrático por encima de la exhaustividad y el compromiso con la investigación.
En cualquier democracia y de acuerdo con nuestra propia Constitución, no debe ganar quien acarrea, engaña y compra más votos y propaganda, sino quien recibe más sufragios libremente emitidos. Recordémosles a los consejeros del IFE que el presidente electo no lo determinarán ellos el próximo 1º de julio, sino el TEPJF posteriormente, una vez que haya podido evaluar la autenticidad del proceso electoral. Si el instituto no actúa ahora para defender la legalidad, no cabe duda de que una vez más se podría poner en duda la legitimidad y la validez de la elección presidencial.
Justicia ya para Regina Martínez, ni una muerte más. En solidaridad con los estudiantes de Michoacán
Twitter: @JohnMAckerman
60 mil y sumando-Helguera
Astillero
Dos zarpazos
Infausto, Vallejo
Duarte, reincidente
Periodistas protestan
¿Y las campañas?
Julio Hernández López
Foto
EXIGENCIA . Periodistas, fotógrafos y amigos de Regina Martínez marcharon en Jalapa hasta el palacio de Gobierno, para pedir que se esclarezca el asesinato de la periodista
Foto Miguel Ángel Carmona
 
       Un doble zarpazo surgido desde entidades bajo gobiernos del PRI pareció prefigurar lo que puede esperarse en caso de que la esencia y el estilo de los tres colores se reinstale en el poder absolutista. Tan apabullantes resultaron las escenas de la represión diazordacista a jóvenes en Morelia y de la inviabilidad civil institucional en Veracruz, que frente a ellas languidecieron tanto el arranque de las campañas de candidatos a la jefatura del gobierno de la ciudad de México como el inicio del segundo tercio de las correspondientes a aspirantes presidenciales.
Fue como si la película de la presunta viabilidad democrática se hubiese congelado e incluso retrocedido, con un Fausto Vallejo ensoberbecido en su papel de represor nostálgico, incapaz de tender y desarrollar estrategias políticas hábiles y tempranamente inscrito en la sucia lista de quienes creen que por tener a su disposición la fuerza pública están facultados para ejercerla con brutalidad, cuando sus presuntas habilidades de gobernante fallan o son desatendidas justamente por sus inconsistencias de origen.
El gobernador michoacano Vallejo, en una variante priísta de la ilegimitidad de origen que llevó a Calderón a declarar una guerra insensata (el tecleador se autocensuró, para no usar una letanía de calificativos crudos al hablar de esa guerra), encontró en la golpiza, la persecución, los desaparecidos, los tratos infamantes y la consignación de dos centenares de jóvenes el pretexto para buscar el beneplácito de los segmentos conservadores de su sociedad que desean mano dura contra infractores y presuntos infractores de una legalidad maltrecha, porque creen que así controlan o exterminan las causas de esos problemas para los que solamente se les ocurre la alternativa carcelaria (en esta aventura lamentable, las policías del infausto Vallejo fueron apoyadas por las federales, aunque el problema político no resuelto por la paz ha sido responsabilidad del gobernador estatal).
Vallejo es un gobernador falto de legitimidad, acusado por su igualmente embarrada opositora panista (Cocoa, convertida en vocería fraternal de los despechados Pinos) de haber alcanzado aritméticamente el poder gracias a la influencia y los recursos de algunos de los bandos de narcotráfico que constituyen los verdaderos poderes de la entidad. Además, Fausto Vallejo se alzó con una victoria oscura sobre los despojos de una élite perredista-cardenista doblegada por sus propios y graves errores, con Leonel Godoy como ejecutante virtuoso, y por la campaña sistemática de erosión armada que FCH desplegó durante años contra las estructuras estatal y municipales de la izquierda.
En tales circunstancias, y alentado por los aires de triunfalismo en que se mueve la expectativa presidencial de Peña Nieto, a Vallejo le pareció fácil enderezar fórmulas de abierta represión (menos fuertes que en Atenco, es cierto, pero con un tufo de pasado copetón que quiere volverse futuro) contra jóvenes que así hubiesen cometido los peores delitos deberían ser sometidos sin exceso de fuerza ni prácticas humillantes a un correcto proceso legal y no, como sucedió, a castigos físicos y exhibición ejemplar en busca de conceder al debilitado poderoso en turno presuntos bonos ciudadanos por su valeroso proceder. Mal haría la sociedad mexicana, en sus vertientes regional y nacional, si permite que Fausto Vallejo explore impunemente los límites hasta los que un gobierno priísta puede llegar sin que suceda nada. De Michoacán bien podría Peña Nieto tomar refuerzos actualizados para la visión del ejercicio violento del poder que ya aplicó en el estado de México y ahora cree estar en condiciones de instaurar en el país entero.
En Jalapa no fue un hecho masivo ni existe aún claridad para determinar si se trata de un hecho delictivo con móviles personales o profesionales. Pero el asesinato de un periodista más en esa tierra de filofranquismo marino no puede estar desvinculado del contexto reincidente de agresiones sistemáticas al periodismo, de impunidad de quienes agreden a los practicantes de ese oficio, de improvisada y amenazante legalidad silenciadora contra el tuiteo, de abdicación del ejercicio civil de la política en favor del mando marino y la mano dura y de control implacable de la mayoría de los medios de comunicación.
(Ayer, en algunos de esos medios, no fue noticia de primera plana o, siéndolo, mereció una referencia secundaria, menor, un asesinato que en cambio sí tuvo resonancia en los principales medios internacionales; en cambio, muy destacadas fueron las actividades del gobernador imperioso y del DIF estatal. Una tarea gubernamental relevante fue la asistencia del gobernador Javier Duarte, acompañado obviamente por el comandante de la Marina, a una misa en la que oró, con las palmas de las manos hacia arriba, y comulgó, para encomendar al Altísimo el buen destino de la entidad.)
En tal cuadro de descomposición institucional fue asesinada Regina Martínez, una periodista que fue corresponsal de La Jornada y de Proceso y que en sus reportes cotidianos tocó con crítico profesionalismo varios de los asuntos delicados del entramado veracruzano. A diferencia de otros casos a lo largo del país, en los que la violencia mortal contra periodistas es tramposamente adjudicada a relaciones peligrosas, sin más pruebas que la versión convenientemente filtrada desde el poder, en el caso de Regina no hubo titubeo entre sus colegas para advertir que el golpe dado lo era a un periodismo crítico, implacable, insobornable y genuino.
Ello permitió que en la madrugada del domingo, con menos de doce horas de anticipación, se convocara a una protesta en las oficinas de la representación del gobierno de Duarte en la ciudad de México. Allí hablaron María Scherer, Jenaro Villamil, Pedro Miguel, Rogelio Hernández López y un tecleador trasnochado, frente a más de un centenar de periodistas y ciudadanos en exigencia de justicia y de que no haya más periodistas ejecutados.
¿Y las campañas? Ah, cierto. Bueno, de eso se hablará aquí... ¡hasta mañana!
Twitter: @julioastillero
Facebook: Julio Astillero
La territorialidad de la dominación
Carlos Fazio /II
 
        La ocupación integral de México se inscribe dentro de las guerras en curso del Pentágono en el mundo. Con Felipe Calderón los estrategas militares estadunidenses obtuvieron vía libre para sus acciones de contranarcoterrorismo en el territorio nacional. Con esa bandera, el Departamento de Defensa estadunidense desplegó tres agencias de inteligencia y espionaje en México: la Agencia de Inteligencia Militar (DIA, por sus siglas en inglés), la Oficina Nacional de Reconocimiento (NRO) y la Agencia de Seguridad Nacional (NSA), que operan desde la Oficina Bilateral de Inteligencia, instalada en Paseo de la Reforma 265, en el Distrito Federal.
En apariencia, el curso de la guerra de ocupación integral en México no ha tenido buenos resultados. El 13 de marzo, el jefe del Comando Norte del Pentágono, Charles Jacoby, cuestionó ante el Senado de su país el saldo de la lucha antidrogas. Al testimoniar ante el Comité de Servicios Armados, el general Jacoby consideró inaceptable la cifra de muertos y dijo que era muy temprano para estimar si se está ganando o perdiendo la guerra. Afirmó que la estrategia de decapitación de grupos criminales ha sido exitosa, pero no ha tenido un efecto positivo aceptable y la violencia se ha incrementado.
El 28 de marzo, el secretario de Defensa, Leon Panetta, señaló que el número de muertos en México llegó a 150 mil, cifra que triplica la manejada oficialmente por las autoridades locales, de 47 mil 500 para el periodo 2006-2011. Ex jefe de la CIA y una de las personas mejor informadas de Washington, Panetta hizo esa afirmación durante la primera reunión de ministros de Defensa de Canadá, Estados Unidos y México, en Ottawa, en presencia de los secretarios mexicanos de la Defensa Nacional y de Marina, Guillermo Galván y Frrancisco Saynez. La declaración fue seguida de un dudoso desmentido.
Los aparentes malos resultados de la guerra en México podrían obedecer a una lógica distinta de la que se pregona de manera pública. El número de muertos y el aumento de una violencia caótica de apariencia demencial podrían obedecer a una política de desestabilización y exterminio dirigida a debilitar aún más al país para propiciar su balcanización, en particular de la zona fronteriza con Estados Unidos.
En mayo de 2010 México y Estados Unidos emitieron la Declaración para la administración de la frontera en el siglo XXI. La franja fronteriza ha sido definida como un área clave de la llamada seguridad energética colectiva, que incluye la generación e interconexión de electricidad y la exploración y explotación segura y eficiente de hidrocarburos (petróleo, gas) y agua.
A siete años de la entrada en vigor de la Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte (Aspan, 2005) y cinco del lanzamiento de la Iniciativa Mérida (2007) que militarizó el norte de México, no se entiende que siendo la seguridad energética colectiva la prioridad número uno de Washington, Tamaulipas reúna las características de un Estado fallido. Tamaulipas es rico en hidrocarburos, incluidos los yacimientos de gas shale en la cuenca de Burgos. Además, limita con Texas (estado petrolero por excelencia de Estados Unidos) y con el Golfo de México, asiento de los hoyos de dona (el tesorito en aguas profundas) y considerado el mare nostrum de los estadunidenses. Dado que Tamaulipas y el Golfo de México son puntos sensibles de la seguridad energética de Washington, ¿estaremos asistiendo a una violencia provocada cuyo fin es el desplazamiento forzado de población y una eventual balcanización de esa porción del territorio nacional?
La lógica de una desestabilización encubierta dirigida a provocar un desmembramiento territorial podría explicar la llegada al país del embajador Earl Anthony Wayne y del agregado militar Colin J. Kilrain. Perteneciente a una generación de diplomáticos expertos en intervenciones, Wayne, quien se desempañaba como embajador adjunto en Afganistán, fue escogido en función de los intereses expansionistas de Estados Unidos. Especialista en administrar a la llamada comunidad de inteligencia, a su perfil de experto en contrainsurgencia, terrorismo, lavado de dinero e incautación de activos de la economía criminal, Wayne suma habilidades en temas económicos, comerciales y energéticos. Su nombramiento está cargado de simbolismos. Si el defenestrado Carlos Pascual era especialista en estados fallidos, el relevista Wayne viene de Kabul, donde estaba dirigiendo una invasión bajo la pantalla de combatir al terrorismo. Su misión, ahora, es profundizar la estrategia de desestabilización en México. Llegó a hacerse cargo de la guerra de Calderón y a orientar la sucesión presidencial.
El arribo en marzo del nuevo agregado militar de Estados Unidos, contralmirante Colin Kilrain, quien hasta su nombramiento se desempeñaba como director encargado de combate al terrorismo en el Consejo de Seguridad Nacional (CNS) en Washington, refuerza esa percepción. Antes de su misión en el CNS, Kilrain era comandante de las fuerzas especiales Seal –acrónimo de sea, air and land: mar, aire y tierra–, las unidades de élite de la Marina. En los años 90 participó en la invasión militar a Haití y en la guerra de los Balcanes que fragmentó a la ex Yugoslavia; después apoyó la Operación Libertad Duradera en Afganistán y se integró a la Operación Libertad para Irak, desde donde coordinaba acciones en Pakistán.
Con el envío de Wayne y Kilrain el mensaje de Barack Obama es claro: la guerra debe continuar. A ello obedecería el abrupto cambio de discurso del presidente Felipe Calderón y el secretario de la Defensa Nacional, general Guillermo Galván. Del lenguaje triunfalista (vamos ganando por goleada), se pasó a la aceptación de que grupos criminales han conformado un Estado paralelo, imponen su ley y cobran cuotas. La admisión de México como Estado fallido es la excusa perfecta para profundizar una intervención encubierta que podría derivar en una balcanización del país.

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