Proceso ante el crimen de Regina Martínez
Regina Martínez, corresponsal de Proceso en Veracruz.
Foto: Octavio Gómez
Foto: Octavio Gómez
MÉXICO, D.F. (apro).- El asesinato de la periodista Regina Martínez Pérez, el sábado 28 de abril, es resultado de un país descompuesto, de una situación de violencia cotidiana en la que actos extremos no son la excepción sino la regla cotidiana. Esta situación la comparte Veracruz con la mayor parte del país.
Al crimen abonó el ambiente de hostilidad y aun de acoso en el que la prensa independiente se ve obligada a cumplir sus funciones.
En nuestro caso, son reiterados el secuestro y la compra masiva de ejemplares por parte de quienes se sienten afectados por lo que publicamos. En ocasiones, nos hemos visto en la necesidad de ocultar en el anonimato el nombre de nuestros reporteros, enviados especiales y corresponsales en sus trabajos sobre temas de seguridad.
Más allá de los detalles que podría arrojar la investigación policiaca, creemos que el asesinato de Regina Martínez sólo pudo darse en esa atmósfera de descomposición y hostilidad.
Respecto de esa investigación, que está a cargo del gobierno de Veracruz, Proceso es escéptico. En una reunión con el gobernador del estado, Javier Duarte de Ochoa, en la ciudad de Xalapa, a unas cuantas horas del asesinato de nuestra compañera, la directiva de Proceso lo expresó así ante la promesa retórica de que “se investigará hasta las últimas consecuencias”. No les creemos y se los hicimos saber.
El gobierno del estado solicitó la coadyuvancia de la Procuraduría General de la República en las investigaciones. La revista participará en la misma calidad para evitar desviaciones en las indagatorias.
La agresión contra cualquiera de los integrantes de esta casa editorial es un atentado contra Proceso y en contra del derecho constitucional a informar.
No eludiremos ninguna acción hasta conseguir el esclarecimiento del crimen.
ONU, OEA y CIDH demandan esclarecer el homicidio de Regina Martínez
El sepelio de Regina Martínez en Veracruz.
Foto: Rubén Espinosa
Foto: Rubén Espinosa
MÉXICO, D.F. (apro).- El asesinato de la periodista Regina Martínez, corresponsal de la revista Proceso en Veracruz, desató la indignación generalizada de organizaciones nacionales e internacionales defensoras de los derechos humanos, entre ellas la ONU y la OEA, que condenaron el crimen.
Después de celebrar la aprobación que el Congreso de la Unión aprobó las leyes General de Víctimas y para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, la Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU (ONU-DH), exigió el esclarecimiento del homicidio de la reportera perpetrado el sábado 28 en su domicilio de Xalapa, la capital de Veracruz.
En un comunicado, el organismo se pronunció por “una investigación pronta e imparcial” del crimen de la periodista a fin de “esclarecer los hechos y sancionar la los responsables”.
Para la ONU-DH la aprobación de las leyes citadas “constituye un paso significativo” para atender a las víctimas del delito, a los defensores de derechos humanos y a los periodistas.
“La imperiosa necesidad de redoblar la alerta y exigir medidas eficaces sigue siendo prioritaria más aún cuando se repiten hechos execrables como el asesinato de la periodista Regina Martínez”, se destaca en el documento.
Paralelamente, la Relatoría Especial de Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) demandó el esclarecimiento de la muerte de Regina Martínez, quien “apareció muerta con señales de violencia”.
La Relatoría, dirigida por la colombiana Carolina Botero, resaltó que la revista Proceso “ha sido objeto de la compra masiva de ejemplares por parte de quienes se siente afectados por las publicaciones y en distintas oportunidades se ha visto en la necesidad de mantener en anonimato el nombre de los periodistas que cubren temas de seguridad en las regiones”.
Destacó la urgencia de identificar a los responsables del asesinato para evitar que quede en la impunidad, pues recordó que el de Martínez es el asesinato número 11 ocurrido en los últimos 12 meses en México y el quinto en Veracruz, sin que en ninguno haya detenidos.
La Relatoría manifestó su “preocupación por la persistente violencia contra comunicadores sociales”; y demandó el fortalecimiento de la Fiscalía Especial para la Atención a los Delitos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), reglamentar la Ley para la Protección de Periodistas, así como las reformas necesarias para facultar a las autoridades federales a investigar y juzgar los delitos contra la libertad de expresión.
En tanto, el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), Luis González Plascencia, pidió a las autoridades responsables que el crimen de Regina Martínez “se resuelva a la brevedad”. También demandó que “se generen condiciones para prevenir que ocurran en el futuro nuevos asesinatos como este”.
González Plascencia señaló que en el Distrito Federal la mayoría de las quejas que ha registrado el organismo tienen que ver con “medios nacionales y autoridades federales”. Lamentó que ni las autoridades federales ni las estatales hayan tomado medidas de protección a periodistas en riesgo, en específico en Veracruz.
Los asesinatos a periodistas, dijo es un tema que se ha colocado en la agenda pública desde hace cuatro años, por lo que “debería haber generado ya medidas contundentes por parte del gobierno federal y también de los estados.
Recordó que Veracruz ha sido uno de los estados en donde más violencia se ha generado en contra de los representantes de los medios de comunicación.
A su vez, la organización Reporteros Sin Fronteras (RSF), con sede en París, Francia, resaltó que pese a que hasta ahora la Procuraduría General de Justicia de Veracruz, no ha definido el móvil del asesinato de Regina Martínez, no debe descartarse el trabajo que desempeñaba la periodista como una posible pista.
“La víspera de su muerte, la periodista publicó una nota sobre la detención de nueve policías sospechosos de estar coludidos con el narcotráfico. Por ello, la pista profesional debe considerarse de forma prioritaria. La tendencia de las autoridades a querer excluirla de entrada afecta gravemente la resolución de este tipo de casos”, advirtió la organización en un comunicado.
La organización recordó que en 2008 la PGJV abrió una investigación contra Regina Martínez y Rodrigo Vera por la publicación de la fotografía de la indígena Ernestina Ascencio, en el semanario, y que ambos periodistas de Proceso fueron llamados a comparecer como testigos.
Mientras tanto, la Asociación de Periodistas Latinos de California (APLC) dirigieron una carta al presidente Felipe Calderón y al gobernador de Veracruz, Javier Duarte, en la que externó su preocupación e indignación por “la absoluta indefensión” en que se ejerce el periodismo en México, en especial en Veracruz.
“Por desgracia, el caso de Regina Martínez no es aislado. México se ha convertido en uno de los países más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo”, puntualizó la APLC.
Los periodistas latinos radicados en California repudiaron la impunidad en que permanecen los casos de comunicadores asesinados, “a pesar de las promesas del gobierno federal y de los estatales de que actuarán para esclarecer los asesinatos de los periodistas, la realidad es que hasta ahora no se ha resuelto uno de esos casos ni hay personas detenidas por ello”.
Después de celebrar la aprobación que el Congreso de la Unión aprobó las leyes General de Víctimas y para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, la Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU (ONU-DH), exigió el esclarecimiento del homicidio de la reportera perpetrado el sábado 28 en su domicilio de Xalapa, la capital de Veracruz.
En un comunicado, el organismo se pronunció por “una investigación pronta e imparcial” del crimen de la periodista a fin de “esclarecer los hechos y sancionar la los responsables”.
Para la ONU-DH la aprobación de las leyes citadas “constituye un paso significativo” para atender a las víctimas del delito, a los defensores de derechos humanos y a los periodistas.
“La imperiosa necesidad de redoblar la alerta y exigir medidas eficaces sigue siendo prioritaria más aún cuando se repiten hechos execrables como el asesinato de la periodista Regina Martínez”, se destaca en el documento.
Paralelamente, la Relatoría Especial de Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) demandó el esclarecimiento de la muerte de Regina Martínez, quien “apareció muerta con señales de violencia”.
La Relatoría, dirigida por la colombiana Carolina Botero, resaltó que la revista Proceso “ha sido objeto de la compra masiva de ejemplares por parte de quienes se siente afectados por las publicaciones y en distintas oportunidades se ha visto en la necesidad de mantener en anonimato el nombre de los periodistas que cubren temas de seguridad en las regiones”.
Destacó la urgencia de identificar a los responsables del asesinato para evitar que quede en la impunidad, pues recordó que el de Martínez es el asesinato número 11 ocurrido en los últimos 12 meses en México y el quinto en Veracruz, sin que en ninguno haya detenidos.
La Relatoría manifestó su “preocupación por la persistente violencia contra comunicadores sociales”; y demandó el fortalecimiento de la Fiscalía Especial para la Atención a los Delitos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), reglamentar la Ley para la Protección de Periodistas, así como las reformas necesarias para facultar a las autoridades federales a investigar y juzgar los delitos contra la libertad de expresión.
En tanto, el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), Luis González Plascencia, pidió a las autoridades responsables que el crimen de Regina Martínez “se resuelva a la brevedad”. También demandó que “se generen condiciones para prevenir que ocurran en el futuro nuevos asesinatos como este”.
González Plascencia señaló que en el Distrito Federal la mayoría de las quejas que ha registrado el organismo tienen que ver con “medios nacionales y autoridades federales”. Lamentó que ni las autoridades federales ni las estatales hayan tomado medidas de protección a periodistas en riesgo, en específico en Veracruz.
Los asesinatos a periodistas, dijo es un tema que se ha colocado en la agenda pública desde hace cuatro años, por lo que “debería haber generado ya medidas contundentes por parte del gobierno federal y también de los estados.
Recordó que Veracruz ha sido uno de los estados en donde más violencia se ha generado en contra de los representantes de los medios de comunicación.
A su vez, la organización Reporteros Sin Fronteras (RSF), con sede en París, Francia, resaltó que pese a que hasta ahora la Procuraduría General de Justicia de Veracruz, no ha definido el móvil del asesinato de Regina Martínez, no debe descartarse el trabajo que desempeñaba la periodista como una posible pista.
“La víspera de su muerte, la periodista publicó una nota sobre la detención de nueve policías sospechosos de estar coludidos con el narcotráfico. Por ello, la pista profesional debe considerarse de forma prioritaria. La tendencia de las autoridades a querer excluirla de entrada afecta gravemente la resolución de este tipo de casos”, advirtió la organización en un comunicado.
La organización recordó que en 2008 la PGJV abrió una investigación contra Regina Martínez y Rodrigo Vera por la publicación de la fotografía de la indígena Ernestina Ascencio, en el semanario, y que ambos periodistas de Proceso fueron llamados a comparecer como testigos.
Mientras tanto, la Asociación de Periodistas Latinos de California (APLC) dirigieron una carta al presidente Felipe Calderón y al gobernador de Veracruz, Javier Duarte, en la que externó su preocupación e indignación por “la absoluta indefensión” en que se ejerce el periodismo en México, en especial en Veracruz.
“Por desgracia, el caso de Regina Martínez no es aislado. México se ha convertido en uno de los países más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo”, puntualizó la APLC.
Los periodistas latinos radicados en California repudiaron la impunidad en que permanecen los casos de comunicadores asesinados, “a pesar de las promesas del gobierno federal y de los estatales de que actuarán para esclarecer los asesinatos de los periodistas, la realidad es que hasta ahora no se ha resuelto uno de esos casos ni hay personas detenidas por ello”.
Exigen periodistas de Nueva York aclarar asesinato de corresponsal de Proceso
Condenan asesinato de Regina Martínez en Veracruz.
Foto: Yahir Ceballos
Foto: Yahir Ceballos
MÉXICO, D.F. (apro).- El Comité para la Protección de los Periodistas de Nueva York (CPJ, por sus siglas en inglés) exigió a las autoridades investigar de inmediato el asesinato de la corresponsal de Proceso Regina Martínez Pérez, determinar el motivo, y asegurar que los responsables sean enjuiciados.
“Martínez había trabajado para la revista nacional Proceso durante más de una década y era reconocida por sus investigaciones sobre los carteles de la droga y los vínculos entre el crimen organizado y funcionarios de gobierno. En la semana anterior a su asesinato, cubrió el arresto de un supuesto líder de los Zetas; los arrestos de nueve policías acusados de trabajar para un cartel de la droga; y una nota sobre un alcalde local quien fue arrestado junto a otros supuestos pistoleros de un cartel después de una balacera con el ejército mexicano”, indicó la organización a través de un comunicado.
En el mensaje establece que colegas de Martínez consultados afirmaron que ella no había comentado sobre amenazas antes de su muerte. “Regina siempre escribía un tercio más de la verdad de lo que yo me animaba a contar en una nota. Y yo escribo más que la mayoría de los periodistas”, relató un reportero de Xalapa, quien pidió permanecer en el anonimato por su seguridad, indicó al CPJ.
Carlos Lauría, el coordinador senior del programa de las Américas del CPJ manifestó su condena por el brutal asesinato de Regina Martínez Pérez y lanzó el desafío: “Las autoridades mexicanas deben quebrar el ciclo de impunidad que rodea a los de crímenes de periodistas, conducir una investigación exhaustiva y enjuiciar a los responsables”.
El comité señaló que según sus propias investigaciones Veracruz, donde cuatro periodistas fueron asesinados en 2011, es uno de los estados mexicanos más peligrosos para la prensa porque, indica, además de que es un campo de batalla entre dos grupos de crimen organizado (los Zetas y el cártel de Sinaloa) existe corrupción generalizada en el gobierno local.
EL CDP señaló que desde 2006, más de 40 periodistas han sido asesinados o están desaparecidos en México debido a una combinación de negligencia y corrupción entre funcionarios públicos, en particular a nivel estatal, numerosos crímenes contra la prensa permanecen sin resolverse. México apareció en el octavo lugar en el Índice de Impunidad del CPJ en 2012, que desacata los países donde los periodistas son asesinados y los responsables quedan libres
“Martínez había trabajado para la revista nacional Proceso durante más de una década y era reconocida por sus investigaciones sobre los carteles de la droga y los vínculos entre el crimen organizado y funcionarios de gobierno. En la semana anterior a su asesinato, cubrió el arresto de un supuesto líder de los Zetas; los arrestos de nueve policías acusados de trabajar para un cartel de la droga; y una nota sobre un alcalde local quien fue arrestado junto a otros supuestos pistoleros de un cartel después de una balacera con el ejército mexicano”, indicó la organización a través de un comunicado.
En el mensaje establece que colegas de Martínez consultados afirmaron que ella no había comentado sobre amenazas antes de su muerte. “Regina siempre escribía un tercio más de la verdad de lo que yo me animaba a contar en una nota. Y yo escribo más que la mayoría de los periodistas”, relató un reportero de Xalapa, quien pidió permanecer en el anonimato por su seguridad, indicó al CPJ.
Carlos Lauría, el coordinador senior del programa de las Américas del CPJ manifestó su condena por el brutal asesinato de Regina Martínez Pérez y lanzó el desafío: “Las autoridades mexicanas deben quebrar el ciclo de impunidad que rodea a los de crímenes de periodistas, conducir una investigación exhaustiva y enjuiciar a los responsables”.
El comité señaló que según sus propias investigaciones Veracruz, donde cuatro periodistas fueron asesinados en 2011, es uno de los estados mexicanos más peligrosos para la prensa porque, indica, además de que es un campo de batalla entre dos grupos de crimen organizado (los Zetas y el cártel de Sinaloa) existe corrupción generalizada en el gobierno local.
EL CDP señaló que desde 2006, más de 40 periodistas han sido asesinados o están desaparecidos en México debido a una combinación de negligencia y corrupción entre funcionarios públicos, en particular a nivel estatal, numerosos crímenes contra la prensa permanecen sin resolverse. México apareció en el octavo lugar en el Índice de Impunidad del CPJ en 2012, que desacata los países donde los periodistas son asesinados y los responsables quedan libres
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