Los muertos de Calderón valen 30 mil pesos
Un taxista asesinado en Sinaloa, el día de ayer.
Foto: Juan Carlos Cruz
Foto: Juan Carlos Cruz
MÉXICO, D.F. (apro).- La aprobación en el Senado del dictamen de Ley General de Víctimas es apenas un placebo para quienes han sufrido la violencia criminal del gobierno, que asegura combatir a los delincuentes.
La Ley, que aún debe pasar por la Cámara de Diputados, perfila un camino largo y burocrático para reparar a las víctimas de violación de sus derechos humanos en la “guerra a las drogas” impulsada por Felipe Calderón.
La propuesta de Ley crea un Sistema Nacional de Atención a Víctimas, que tiene como propósito “el acceso a la justicia, a la verdad y la reparación integral del daño”.
La justicia es el tema principal, y es aquí donde el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad (MPJD), impulsor de la ley, tendrá que empeñarse.
Hacer justicia tiene como condición necesaria conocer la verdad, esclarecer las circunstancias de lo ocurrido y, en consecuencia, establecer las responsabilidades individuales y políticas.
La Ley propone un Registro Nacional de Víctimas. Y aunque el MPJD ya cuenta con uno preliminar, será necesario que sea lo más acabado posible. Para hacerlo se deberán abrir centros de registro en todo el país y acudir a los lugares más emblemáticos de la violencia desmesurada del sexenio calderonista.
Pero hay muchas personas que por miedo o desconocimiento no denuncian lo que les ha ocurrido. En muchas poblaciones, y aun en centros urbanos del país, el silencio se impone.
Y si ese registro será difícil, más lo será la investigación de lo ocurrido. Por disposición constitucional, le corresponde al Ministerio Público investigar los delitos, la mayoría de los cuales son de orden común. Los homicidios, robos, agresiones y otros tendrían que ser investigados por las procuradurías de los estados.
En casos más graves como la tortura, deberá intervenir la Procuraduría General de la República.
Pero cuando haya casos, que no son pocos, en los que intervengan integrantes de las Fuerzas Armadas, primero se tendrá que insistir para que no influyan los tribunales militares, según lo estableció la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Cuando los perpetradores sean integrantes de la Policía Federal se deberá lidiar contra la costumbre de la Secretaría de Seguridad Pública de alterar los hechos a conveniencia.
Sólo con una investigación independiente se puede llegar a la “verdad verdadera”, más que construir una “verdad histórica”.
Si los tribunales encargados de establecer responsabilidades reciben expedientes elaborados por los mecanismos formales de investigación, “la verdad judicial” también estará lejos de lo ocurrido.
Será justicia sólo “en la medida de lo posible”. Los verdaderos culpables estarán a salvo.
Gran parte de la violencia también se explica por la red de protección política. En todo el país hay casos que se pueden documentar para sancionar a los responsables.
La Ley General de Víctimas también propone la creación de un Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, para indemnizar a las víctimas con un máximo de 500 veces el salario mínimo mensual del DF: apenas 31 mil 165 pesos.
Es prácticamente lo mismo con lo que se ha compensado hasta ahora a familias que han perdido a alguno de sus integrantes en medio de la “guerra”. O lo que pueden haber gastado en la búsqueda de la verdad y la justicia por lo sucedido a su familiar.
Dice la propuesta que ese pago saldrá del Presupuesto de Egresos de la Federación. Pero, ¿por qué no de los millonarios recursos incautados a los narcotraficantes? O de aquellos funcionarios que resultaran responsables, no de los elementos que ejecutaron –que en justicia deberían recibir una pena–, sino de los jefes que ordenaron disparar, pero sobre todo de aquellos que hicieron de la violencia una política pública.
Para esa “guerra” dispusieron de millonarios recursos en materiales, equipos, hombres. Fue una medida deliberada salir a “toparse” con los narcotraficantes.
Según Felipe Calderón “la divina providencia” lo mandó a dar esta “guerra”. Sería bueno que su pensión le cayera del cielo y no saliera de nuestros bolsillos.
En Chile se pretende abrir el testamento del dictador Augusto Pinochet, no sólo para saber cómo hizo su fortuna de 26 millones de dólares, sino para reparar en parte a sus víctimas. No sería mala idea que aquí la reparación del daño saliera también de aquellos que ordenaron la irracional guerra.
Mexicanos inermes
Juárez. Destruyen armas extranjeras incautadas a narcos.
Foto: Ricardo Ruíz
Foto: Ricardo Ruíz
MÉXICO, D.F. (Proceso).- El 20 de abril de 2009 el presidente Felipe Calderón presentó una iniciativa para reformar la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, reglamentaria del artículo 10 de la Constitución, que reconoce el derecho humano de poseer armas de fuego para la seguridad y la legítima defensa de toda persona. Esa iniciativa ha sido aprobada por la Cámara de Diputados y se prevé que sea discutida en el Senado en este periodo ordinario de sesiones para su eventual aprobación. Dicho proceso se desarrolla en un marco de ignorancia y ausencia de participación ciudadana, y la única perdedora es la sociedad mexicana. Veamos por qué.
Primero. La iniciativa del presidente Calderón, de entrada, confunde eficacia con validez jurídica, es decir, la “existencia” de leyes –lo que se denomina “validez”–, con su efectivo cumplimiento –lo que se llama “eficacia”–. En la exposición de motivos dice, por ejemplo, que “es ineludible que para combatir con mayor eficiencia los altos índices de violencia debe erradicarse la proliferación de la compra-venta ilícita de armas de fuego, mediante el establecimiento de controles efectivos y sanciones adecuadas a quienes participen de dichas operaciones”.
Se ha dicho hasta el cansancio que la proliferación de leyes no genera, de ninguna manera, mayor cumplimiento de la ley. Antes bien, en muchos casos dificulta el cumplimiento de la norma jurídica. Esta confusión del presidente y sus asesores es uno de los hilos conductores que dan cuenta de cómo se ha perdido tiempo, dinero y esfuerzo en el combate al crimen organizado por falta de método y proyecto lógico racional.
Segundo. La iniciativa del presidente Calderón abona el mito que tiene todavía carta de naturalización en el grueso de la población al asociar el concepto “armas de fuego” con “crimen y violencia”. Evidentemente, en la iniciativa de referencia no hay datos duros que fundamenten su aseveración. Se trata sólo de conjeturas y ocurrencias puras y simples. La iniciativa agrega, entre otras cosas, tres nuevas restricciones: a) reducir los calibres permitidos formalmente para posesión y portación de armas de fuego; b) incrementar las penas privativas de libertad al poseer o portar armas de fuego no autorizadas por la ley, y c) sancionar el empleo de municiones modificadas para el uso “ordinario” de armas de fuego. Las tres innovaciones presidenciales son, además de absurdas, violatorias del derecho humano a poseer y, por consiguiente, portar armas de fuego para la legítima defensa y seguridad de los gobernados.
Hasta el día de hoy algunos calibres 9 milímetros son permitidos en la Ley de Armas de Fuego; ahora se excluyen, además de éste, el .38 Especial y el .37 Magnum, entre otros, de modo que, en este mundo al revés, pareciera que la ley busca proteger a los delincuentes de las personas de a pie. Otro elemento peligroso es el relativo al transporte de armas de fuego y sus calibres, por el desconocimiento de la sociedad, de las autoridades y de las fuerzas del orden. Así pues, en caso de que se apruebe esta insensatez, a los problemas existentes se sumarán mayores extorsiones, “siembras” e interpretaciones ajenas al espíritu de la Constitución, en perjuicio, como siempre, de los que menos tienen.
Tercero. Por otro lado, la iniciativa de Calderón y el PAN de ninguna manera podría mejorar la seguridad de las personas. Seamos lógicos, por favor: ¿Alguien con un dedo de frente se imagina que una persona que forme parte del crimen, organizado o común, desea registrar su arma y/o conseguir una licencia de portación? Por supuesto que no, por dos razones obvias: a) Lo que menos quieren los delincuentes es ser detectados o seguidos por las autoridades, y b) Las armas que utilizan son de calibres mayores a los que la Ley Federal de Armas –tanto la actual como la que podría aprobarse– permite poseer y/o portar.
Así, la Comisión de Seguridad Pública del Senado de la República debe hacer el esfuerzo de pensar (sé que no es fácil, pero puedo asegurar que no duele y sí es posible) qué beneficios concretos para la sociedad tendría la aprobación de esa reforma. Espero que lleguen a la misma conclusión que yo: la de que si se aprueba en sus términos dicha iniciativa, se inscribiría en las acciones para acorralar todavía más a las personas de buena fe (alrededor de un 99% de los ciudadanos), que no cuentan con escolta y que, por ende, no tienen poder ni dinero para defenderse del crimen, con placa o sin ella.
Es ese 99% el que quiere estar dentro de la ley, el que quiere registrar su arma de fuego y obtener su licencia de portación para su legítima defensa, la protección de su integridad y de su patrimonio, así como para la práctica del deporte cinegético. Paradójicamente, el gobierno de Calderón se empeña en dejar a casi todos fuera de la ley, por buenas o malas razones.
La mentira
Angélica Rivera y Enrique Peña Nieto en Tabasco.
Foto: Miguel Dimayuga
Foto: Miguel Dimayuga
MÉXICO, D.F. (apro).- El pleito no fue con el candidato, más bien con su equipo. Pero en realidad no hubo rompimiento, solo un distanciamiento con beneficios mutuos. A Enrique Peña Nieto le quitaron un peso de encima por la mala imagen de Elba Esther Gordillo y a la maestra le dejaron el espacio abierto para maniobrar como mejor lo hace, debajo de la mesa, y de esa manera hacer del sindicato una extensión de la estructura priista y, al mismo tiempo, usarlo para golpear al gobierno y su candidata, Josefina Vázquez Mota.
Desde hace una semana Elba Esther Gordillo y el candidato de su partido, el PANAL, Gabriel Quadri, han empezado a operar a favor de Enrique Peña Nieto, ensalzando su figura cada vez que pueden. O simplemente, evadiendo toda critica hacia el priista.
Pero esto que públicamente es claro hacia el interior del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, es más preciso pues existe ya la orden de apoyar a Quadri para mantener el registro del Partido Nueva Alianza y a la vez, operar a favor del priista para el día de las elecciones.
La alianza estratégica de Elba Esther Gordillo y Peña Nieto no es nueva; viene desde hace ocho años por lo menos. Hay un pasaje que cuenta Carlos Ahumada en su libro “Derecho de réplica”, donde se ve con claridad el grado de complicidad que tienen estos personajes.
Cuenta el empresario argentino que Carlos Salinas de Gortari fue quien le compró los videos donde se ve a los perredistas René Bejarano y Carlos Imaz recibiendo dinero que se presumió iría a la campaña de Andrés Manuel López Obrador.
Con los videos en las manos, Salinas se puso de acuerdo con Diego Fernández de Cevallos, Vicente Fox y Televisa para hacer públicas las grabaciones y golpear la imagen de López Obrador que entonces crecía desde la jefatura del gobierno del Distrito Federal.
Así se hizo, pero Salinas no pagó todo lo acordado sino una parte mínima y encargo a dos personas que juntaran el dinero para que se lo entregaran a Carlos Ahumada.
Estas dos personas eran Enrique Peña Nieto y Elba Esther Gordillo.
La conjunción de estos tres personajes en la zaga del 2004 expresa con nitidez la profunda complicidad que tienen y su fuerte vinculación en un solo proyecto de poder que hoy esta encaminado a la recuperación de la presidencia de la República.
Una alianza de esta magnitud difícilmente se puede romper por unas simples candidaturas a diputados o senadores de la familia de la maestra, sobre todo, cuando están a punto de conseguir su regreso al poder.
Elba Esther Gordillo es experta en el paso doble, o mejor dicho, en el doble juego político, así lo hizo en el 2000 cuando, estando en el equipo de Francisco Labastida, hizo labor de proselitismo por Vicente Fox. Y luego en el 2006 contra el priista Roberto Madrazo, haciendo campaña por su candidato Roberto Campa y, de manera paralela, a favor de Felipe Calderón.
Nada le impide que en esta ocasión ponga en marcha su ejército de operadores inmerso en el SNTE para lograr mantener el registro de su partido, el PANAL, sacrificando a Gabriel Quadri, y al mismo tiempo apuntalar la estructura del PRI haciendo campaña por Peña Nieto, su socio salinista.
La maestra es capaz de hacer eso y muchas otras cosas más con tal de levantarle la mano al candidato priista el primero de julio, con tal de asegurar su permanencia en el poder al que se subió desde 1979 cuando, precisamente Carlos Salinas de Gotari la entronó traicionando a Carlos Jonguitud, su compañero sindical y sentimental.
Desde hace una semana Elba Esther Gordillo y el candidato de su partido, el PANAL, Gabriel Quadri, han empezado a operar a favor de Enrique Peña Nieto, ensalzando su figura cada vez que pueden. O simplemente, evadiendo toda critica hacia el priista.
Pero esto que públicamente es claro hacia el interior del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, es más preciso pues existe ya la orden de apoyar a Quadri para mantener el registro del Partido Nueva Alianza y a la vez, operar a favor del priista para el día de las elecciones.
La alianza estratégica de Elba Esther Gordillo y Peña Nieto no es nueva; viene desde hace ocho años por lo menos. Hay un pasaje que cuenta Carlos Ahumada en su libro “Derecho de réplica”, donde se ve con claridad el grado de complicidad que tienen estos personajes.
Cuenta el empresario argentino que Carlos Salinas de Gortari fue quien le compró los videos donde se ve a los perredistas René Bejarano y Carlos Imaz recibiendo dinero que se presumió iría a la campaña de Andrés Manuel López Obrador.
Con los videos en las manos, Salinas se puso de acuerdo con Diego Fernández de Cevallos, Vicente Fox y Televisa para hacer públicas las grabaciones y golpear la imagen de López Obrador que entonces crecía desde la jefatura del gobierno del Distrito Federal.
Así se hizo, pero Salinas no pagó todo lo acordado sino una parte mínima y encargo a dos personas que juntaran el dinero para que se lo entregaran a Carlos Ahumada.
Estas dos personas eran Enrique Peña Nieto y Elba Esther Gordillo.
La conjunción de estos tres personajes en la zaga del 2004 expresa con nitidez la profunda complicidad que tienen y su fuerte vinculación en un solo proyecto de poder que hoy esta encaminado a la recuperación de la presidencia de la República.
Una alianza de esta magnitud difícilmente se puede romper por unas simples candidaturas a diputados o senadores de la familia de la maestra, sobre todo, cuando están a punto de conseguir su regreso al poder.
Elba Esther Gordillo es experta en el paso doble, o mejor dicho, en el doble juego político, así lo hizo en el 2000 cuando, estando en el equipo de Francisco Labastida, hizo labor de proselitismo por Vicente Fox. Y luego en el 2006 contra el priista Roberto Madrazo, haciendo campaña por su candidato Roberto Campa y, de manera paralela, a favor de Felipe Calderón.
Nada le impide que en esta ocasión ponga en marcha su ejército de operadores inmerso en el SNTE para lograr mantener el registro de su partido, el PANAL, sacrificando a Gabriel Quadri, y al mismo tiempo apuntalar la estructura del PRI haciendo campaña por Peña Nieto, su socio salinista.
La maestra es capaz de hacer eso y muchas otras cosas más con tal de levantarle la mano al candidato priista el primero de julio, con tal de asegurar su permanencia en el poder al que se subió desde 1979 cuando, precisamente Carlos Salinas de Gotari la entronó traicionando a Carlos Jonguitud, su compañero sindical y sentimental.
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