García Luna prometió «un pastel de 32 mil millones de pesos»- La riqueza de los Chimalapas

El "nuevo" sistema penitenciario

García Luna prometió un pastel de 32 mil millones de pesos

Pingües ganancias, ofrecimiento a la IP para construir prisiones federales

Prestar los servicios de lavandería y alimentación, otro gran atractivo para empresarios

Policías federales realizan un rondín durante la inauguración de los módulos 2 y 3 del complejo penitenciario Noroeste, ubicado en El Rincón, NayaritFoto Francisco Olvera

Gustavo Castillo García

Periódico La Jornada
Lunes 30 de abril de 2012, p. 2

En 2009, tras la orden presidencial de confinar a todos los reos federales en prisiones de ese fuero, y sin posibilidades de construirlas con recursos públicos, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) federal, que dirige Genaro García Luna, convocó a grupos de la iniciativa privada. Les ofreció un pastel de 32 mil millones de pesos, divididos entre ocho. El número de prisiones necesarias para sacar de penales estatales a quienes cometieron delitos ligados al narcotráfico, lavado de dinero y violaciones a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, revelaron mandos de la institución.

La secretaría ya había gastado el presupuesto de 7 mil millones de pesos que se aplicaría en todo el sexenio en el sistema penitenciario federal. El argumento con el que convenció a los empresarios para que construyeran las cárceles fue decirles que mientras más rápido terminaran, más pronto cobrarían.

De 10 grupos convocados, quedaron seis: Homex, empresa dedicada primordialmente a la construcción de casas habitación; Ingenieros Civiles Asociados (ICA), que dirige Alonso Quintana y una de las más antiguas de México; Promotora y Desarrolladora Mexicana (Prodemex), de Olegario Vázquez Raña; los consorcios ARB Arendal, de José de Jesús García Vázquez, y GIA, que preside Hipólito Gerard Rivero, y Tradeco, empresa dedicada a la construcción de carreteras y la realización de obras para Petróleos Mexicanos.

Se les preguntó si podían invertir 4 mil millones de pesos cada una. Eso costará cada prisión. Se les dijo que no podían pedir préstamos a Banobras. Que tendrían que aportar los recursos y se les daría un plazo de 15 años para recuperar su inversión, y cinco más para obtener dividendos: 2 mil millones de pesos más por construir cada cárcel con capacidad para 2 mil 500 internos, indicaron los funcionarios entrevistados.

Los contratos se otorgaron de manera directa a quienes se comprometieron a construir las prisiones en esas condiciones. A cambio se les pagarían anualmente 300 millones de pesos por concepto de arrendamiento durante 20 años.

“Al principio, la idea del secretario García Luna era que la iniciativa privada se hiciera cargo del ciento por ciento de las operaciones de las cárceles que construyera, como en Estados Unidos, Francia o Inglaterra. Pero allá ya van de regreso a las prisiones en manos del Estado. Hubo algunos funcionarios de alto nivel en el gabinete de Seguridad Nacional que se opusieron, que le dijeron: ‘mejor que pasen los empresarios y solamente construyan, que mantengan las instalaciones y por eso se les paga una especie de renta mientras recuperan su inversión y sacan una ganancia’.

“A los inversionistas se les dijo que sus proyectos deben cumplir con normas nacionales e internacionales en materia penitenciaria, que las obras deben ser instalaciones donde los derechos humanos de los internos no puedan ser vulnerados.

“El extra fue decirles que además de la construcción también van a prestar los servicios de lavandería, alimentación, sanitización y actualización tecnológica. Se convertirán en prestadores de servicios penitenciarios; con ello sus ganancias aumentarían, ya que en cada cárcel se lavará un millón 200 mil prendas mensuales y se servirán más de 3 millones de raciones de alimento al año por centro.

Los proyectos contemplan que cada una de esas actividades sea también generadora de recursos para los internos y sus familias, ya que podrán trabajar y al terminar su condena tienen la promesa de ser contratados por las compañías que construyeron las prisiones, revelaron los funcionarios entrevistados.

De esta manera, la SSP federal pretende que la operación de los nuevos centros penitenciarios se vuelva rentable, ya que las empresas privadas pagarán el consumo de energía eléctrica y gas, y además aportarán la maquinaria para los servicios de alimentación y lavandería.

En cuanto a la construcción de los nuevos centros penitenciarios, a cada empresa se le dio una tajada igual, aunque hay las que tuvieron dinero para hacer hasta dos proyectos: ICA construye en Hermosillo, Sonora, y en Ocampo, Guanajuato; Prodemex en Gómez Palacio, Durango, y en el municipio de Buenavista Tomatlán, a 30 kilómetros de Apatzingán, y la empresa GIA se hizo cargo de edificar la prisión federal de Oaxaca; Homex será la encargada de la prisión federal femenil en Cuernavaca, Morelos.

Asimismo, Tradeco construirá el penal de Ramos Arizpe, Coahuila. A decir de las fuentes consultadas, éste sería el único proyecto que no está incluido en los que se entregarán en agosto, debido a que enfrenta problemas con la adquisición del terreno, porque se pretende edificar en tierras ejidales.

La empresa Arendal construye lo que denomina el proyecto Chiapas.

De esta manera, la SSP federal controlará tres complejos penitenciarios con seis niveles de seguridad: el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) número 4, en Nayarit; las Islas Marías, y Papapantla, Veracruz.

Asimismo, ocho prisiones que aún están en construcción con recursos privados, además de El Altiplano (Almoloya), Occidente (Puente Grande), Huimanguillo (en Tabasco), Noreste (en Matamoros), Villa Aldama (en Veracruz), Ciudad Juárez (Chihuahua), Guadalupe Victoria (en Durango), Monclova (Coahuila), Guasave (Sinaloa) y el Centro Federal de Rehabilitación Sicosocial (en Morelos).

Papantla se convertirá en el Centro Nacional de Observación y Clasificación, donde los que sean detenidos y consignados ante un juez por primera ocasión permanecerán allí un mes sujetos a estudios criminógenos y sicológicos, y luego serán enviados a alguna prisión cercana a donde residan sus familiares.

La llamada válvula estratégica del sistema penitenciario federal serán las Islas Marías. Ahí cada interno concluirá su sentencia en plena convivencia y con trabajo comunitario, lo que garantizará su reinserción social, confiaron los entrevistados.

 

Iván Restrepo

 

       El jueves y viernes pasados se realizó en la ciudad de México un foro en el que se abordaron los problemas que distinguen al territorio zoque en los Chimalapas. De igual forma, la manera de resolverlos partiendo de la necesidad de conservar la integridad de sus recursos naturales y de garantizar la calidad de vida de quienes allí viven desde tiempo lejano. Situado en el corazón del istmo de Tehuantepec, en el oriente del estado de Oaxaca, los Chimalapas es la porción del país que reúne la mayor biodiversidad. Es de tal magnitud que figura también en sitio preferente en Mesoamérica. Propiedad y asiento de comunidades con una herencia cultural muy importante (el pueblo zoque chimalapa, descendiente de la cultura olmeca) la región todavía cuenta con la mayor extensión de selvas húmedas y bosques mesófilos bien conservados de México. En buen estado se hallan también las porciones de bosques templados y selvas bajas.

En ese enorme pulmón verde existe una avifauna muy diversa. Baste citar el caso de las aves. Las especies colectadas y/o observadas suman casi 500, lo cual representa 44 por ciento de todas las aves conocidas en el país. Sobresaliente lo es en paralelo la riqueza botánica, de tal magnitud que está lejos de lograr clasificar toda la variedad de plantas que allí se encuentran y mucho más lejos descubrir la utilidad que tiene para la medicina, la industria, la ciencia en general. En el mismo sentido, debe hablarse de la colosal variedad de anfibios, reptiles y mamíferos.
Por todo lo anterior y por otros muchos otros motivos, los Chimalapas es una reión clave para entender la evolución de muchas plantas y animales. Por eso despiertan tanta indignación las acciones provenientes del poder público para destruir una riqueza animal y vegetal que es patrimonio de la humanidad. Por eso igualmente la urgencia de apoyar la lucha de muchos grupos sociales para evitar su destrucción y, por el contrario, lograr que siga prestando los servicios ambientales y otros no menos fundamentales que hoy distinguen a los Chimalapas local e internacionalmente.

En esa tarea conservacionista han unido todas sus energías las dos comunidades agrarias que allí existen: Santa María y San Miguel, que en conjunto poseen casi 600 mil hectáreas. La defensa de su territorio comunal y de los recursos naturales que encierra ha adquirido los últimos 50 años destacada relevancia porque precisamente es cuando se registra la mayor invasión territorial y depredación de recursos por talamontes y ganaderos provenientes principalmente de Chiapas, la entidad vecina, en su ya viejo intento de segregar la porción oriente del territorio zoque. Con el agravante de contar para ello con la complacencia y el apoyo del gobierno chiapaneco y el respaldo de varias instancias federales. Respaldo más grave aún cuando suele presumirse en foros locales e internacionales de estar a favor de la conservación de los recursos naturales y de políticas sociales y económicas dirigidas a elevar la calidad de vida de la población indígena. Por si fuera poco, mientras las comunidades agrarias no reciben los recursos necesarios para cuidar las selvas y los bosques se dan en cambio con amplitud para expandir la ganadería extensiva y la agricultura de temporal en áreas ocupadas con selvas y bosques de una enorme riqueza biológica. En esa errónea política agropecuaria y forestal coinciden tanto los gobiernos del PRI como los del PAN.

Además de llamar la atención sobre lo que sucede en los Chimalapas, el foro de la semana anterior transcurrió en momentos en que el gobierno chiapaneco sigue alentando la invasión territorial de las tierras comunales con todo lo que ello significa en términos humanos y de la naturaleza. La lucha por conservar los Chimalapas y la herencia cultural que allí tiene su asiento suma cada vez más aliados entre la opinión pública nacional e internacional. La defensa de la diversidad biológica y los grupos indígenas es ya asunto de todos y traspasa fronteras debido a la globalización. Por eso hay que responder afirmativamente a este nuevo llamado a defender la integridad de esa porción del territorio mexicano.