Narcoviolencia
Aplicarán operativo conjunto contra el crimen en Veracruz
Participarán fuerzas federales y estatales; incluye patrullajes por mar, tierra y aire
Quienes hagan justicia por propia mano se convierten en delincuentes: Blake Mora
El gobernador de Veracruz, Javier Duarte (tercero de izquierda a derecha), durante el anuncio de la operación conjunta Veracruz Seguro. Lo acompañan integrantes del Consejo de Seguridad NacionalFoto Carlos Cisneros
Fabiola Martínez
Periódico La Jornada
Miércoles 5 de octubre de 2011, p. 2
Miércoles 5 de octubre de 2011, p. 2
El gobierno federal puso en marcha la operación conjunta Veracruz Seguro, con el despliegue de fuerzas federales que, mediante un mando único, coordinarán las acciones contra los criminales.
El operativo incluye patrullajes por cielo, tierra y mar, así como controles en carreteras y en el ingreso a poblaciones, en particular donde haya mayor índice delictivo.
Además, mecanismos de información e inteligencia; depuración de las fuerzas policiacas estatales; un proceso de reclutamiento de uniformados para incrementar la fuerza local, especialmente en Boca del Río, y mayor subsidio federal en materia de seguridad para el próximo año.
Durante la presentación de los cinco puntos de este plan, el titular de la Secretaría de Gobernación, Francisco Blake Mora, dijo que para los gobiernos federal y de Veracruz
no hay más pacto que el cumplimiento irrestricto de la ley, y advirtió que sólo el gobierno, en sus tres órdenes, está facultado para aplicar la ley y procesar a delincuentes.
Quienes traten de hacer justicia por su propia mano o invadir el Estado en algunas de sus funciones intransferibles, se convierten en delincuentes y el gobierno les aplicará todo el peso de la ley, dijo.
Señaló que los criminales buscan atemorizar y controlar un territorio que sólo pertenece a las personas de bien, por lo que pidió a los ciudadanos
hacer un frente comúncontra los delincuentes y prometió que no habrá excepciones en la aplicación de la ley.
Precisó que Veracruz actualmente cuenta con 21 mil 35 policías estatales, ministeriales y municipales, de los cuales 2 mil 234 han sido sometidos a evaluación de control de confianza.
Con este operativo conjunto –añadió– habremos de llevar a la justicia a cualquier persona que cometa crímenes sin importar la causa o el fin de los mismos.
La fuerza del Estado no se detendrá ante nadie que infrinja la ley y busque imponer sus condiciones, aseveró.
La operación Veracruz Seguro fue delineada la noche del lunes en el Palacio de Covián, y se suma a estrategias similares que se han aplicado en otras regiones del país desde 2007. Uno de los antecedentes es el Operativo Conjunto Tamaulipas y, en enero de 2008, la Operación Noreste, para llevar a cientos de militares e integrantes de la Marina a Nuevo León y Tamaulipas. También ha habido mecanismos federales de este tipo en Chihuahua, Guerrero y Michoacán.
Ayer, en el salón Juárez se realizó la presentación de Veracruz Seguro, con la presencia de integrantes del Consejo de Seguridad Nacional (Gobernación, Defensa, Marina, Procuraduría General de la República y Seguridad Pública) y con los titulares de los tres poderes de Veracruz, encabezados por el gobernador Javier Duarte; Alberto Sosa, presidente del Tribunal de Justicia, y Eduardo Andrade, presidente del Congreso estatal. De pie, al frente del salón, fueron colocados los funcionarios federales y el gobernador y, en el extremo, los representantes de esta entidad.
El presidente Calderón no está solo, dice el gobernador
El anuncio ocurre 14 días después de que fueron arrojados 35 cadáveres en una avenida de Boca del Río, uno de los municipios más importantes de Veracruz, y de otros hechos adjudicados a grupos criminales.
Como primera oradora, Alejandra Sota, vocera del gobierno federal, dijo que el eje de este plan es la reubicación de los efectivos militares, navales y de la Policía Federal.
Advirtió que “la violencia y la propaganda criminal no replegarán la acción decidida del Estado.
Veracruz no está solo. La voluntad mostrada por el gobierno del estado abre una importante ventana de oportunidad para mejorar con mayor celeridad la seguridad en la entidad, expresó.
En respuesta, Javier Duarte dijo que el fenómeno de la delincuencia y su presencia en las regiones del país no es algo nuevo:
en el caso concreto de Veracruz, lo nuevo es que ahora se le está combatiendo con toda la fuerza de la ley.
Subrayó que en esta materia, la administración a su cargo hace lo que le compete respecto a las acciones que realiza el gobierno federal, por lo que “seguirá mostrando toda la disposición y la voluntad política para vivir en el clima de tranquilidad y paz que siempre han caracterizado a Veracruz.
“El presidente Calderón –añadió– no está solo, cuenta con Veracruz.”
Enseguida, el secretario Blake detalló la Operación Coordinada Veracruz Seguro.
Estamos fortaleciendo el despliegue de las fuerzas federales en todo el territorio estatal bajo un mando único federal para recuperar los espacios invadidos por la delincuencia y lograr que nuevamente sean espacios seguros, dijo.
Señaló que la administración veracruzana también participará realizando despliegues en coordinación con las fuerzas federales “para consolidar estos operativos”.
El segundo punto se refiere a los mecanismos de información e inteligencia con el empleo de tecnologías y personal especializados para desarticular a las organizaciones criminales, no sólo en la captura de sus cabecillas, sino en el desmantelamiento de sus redes logísticas, operativas y financieras.
Asimismo, el fortalecimiento de los mandos de control, comunicación y cómputo para realizar operaciones más efectivas.
El tercer punto tiene que ver con la depuración de las fuerzas policiacas locales, para lo que pidió al gobierno estatal
actuar con mayor sentido de urgencia en las evaluaciones de control de confianza a sus corporaciones e instituciones.
Dijo que se empezará un proceso de reclutamiento con el propósito de incrementar el estado de fuerza local, especialmente en Boca del Río, e integrar un módulo de la policía estatal acreditable.
También anunció mayores recursos para seguridad. Para el ejercicio presupuestal 2011, Veracruz tiene asignados 420.9 millones de pesos mediante subsidios federales, los cuales deben ser optimizados para que, en diciembre próximo, el estado presente un avance cuantitativo y cualitativo de sus fuerzas policiacas, incluidos niveles de certificación de sus policías.
Para 2012 –anunció Blake– se destinarán más fondos para estas necesidades de reclutamiento, depuración y equipamiento, así como certificación de las corporaciones”. El quinto punto es la
aplicación irrestricta de la ley.
Astillero
En otro mundo
Planes y más planes
Todos Unidos contra Zetas
Mini IFE, al arranque
Julio Hernández López
LABORES EN EL SENADO. La senadora Norma Esparza da un retoque a su arreglo personal, ayer durante la sesión legislativa; junto a ella, su colega Antelmo AlvaradoFoto Roberto García Ortiz
P
arecieran vivir en otro mundo. Organizan solemnes sesiones de prensa (obviamente, sin aceptar preguntas de reporteros), en las que dan a conocer como novedades o presuntos remedios las ya tan sabidas cantaletas aplicadas en casos similares, con los previsibles resultados nulos e incluso contraproducentes. El bla bla como mantra y la jerga burocrática como coartada, en la rutina de declaraciones, planes y promesas que juegan a hacer como que algo hacen. Veracruz como centro de la atención itinerante del elenco federal de seguridad. La vocera para estos asuntos, Alejandra de la Sota, con gestualidad insegura tratando de inyectar credibilidad a la retórica escuálida. El gobernador del estado, Javier Duarte, diciéndole a Felipe Calderón que no está solo, pues cuenta con el respaldo de los veracruzanos (que a la vez no tienen respaldo de nadie, y menos ahora que serán abrumadoramente vigilados por instancias que de otros sitios han salido con cajas destempladas) y echándole tierra al antecesor que en el cargo lo puso pero del que se ha ido desmarcando: lo único nuevo en aquellas tierras es que ahora sí se combate el narcotráfico, dice el nuevo aliado calderonista en referencia al llamado Z-1 que ahora despacha como uno de los secretarios regionales del cártel de ex gobernadores en el CEN del PRI. Y el secretario de Gobernación, Francisco Bla-ke, soltando apenas como dato extra alguna parrafada reiterativa de que mal les iría a los grupos paramilitares si se atrevieran a existir, pues el gobierno federal los empezaría a combatir con gran energía. Nuevamente confirmado: viven en otro mundo.
En el Senado estadunidense la DEA devela parte del libreto sangriento que hoy se vive en nuestro país: cárteles unidos contra los zetas desde 2010. Es decir, en traducción astillada, que los del Golfo, y La Familia (ahora dividida), junto a la gerencia general ejercida por el sinaloense Chapo, van en campaña contra los tales zetas que sintomáticamente (esto tampoco lo dijo el declarante de la DEA) parecieran haber sido declarados enemigos únicos ante la metralla oficial. A fin de sexenio, o cuando termine esta
guerra, si es que finalmente el de Calderón es convertido a la fuerza en un
sexeniode muchos más años (lamentable intento de broma cronológica a cargo de este tecleador sin ábaco político), habrá de verse que las hostilidades, tan costosas en términos de vidas humanas y terror social, sirvieron para eliminar del mercado a competidores indeseados y consolidar a concesionarios consentidos. Mundo de negocios.
A unos días de que se inicie formalmente el proceso electoral federal, en la Cámara de Diputados no hay acuerdo para nombrar a tres consejeros del IFE. Bombardeado recientemente por la derecha silvestre (Chente Fox y Neto Cordero) y los consorcios mediáticos en creciente rebeldía contra los esquemas legales que les cercenaron parte del gran negocio de la propaganda electoral, sobre todo Televisa y Televisión Azteca, el de por sí muy trastabillante equipo actual del IFE quedaría este viernes en devaluada condición operativa para arrancar el mencionado proceso. Seis de nueve consejeros solamente, porque en esta nueva ronda de reparto de botín los corsarios partidistas no han logrado encontrar fórmulas aceptables.
Y, sin embargo, ronda la tentación de empujar este viernes, en el pleno de San Lázaro, una propuesta que formalmente está respaldada por PRI, el Verde Dólar, la ex Convergencia y el Panal pero que en los hechos responde directamente a Televisa: Arely Gómez, hermana de un vicepresidente de la empresa televisiva. Sacando adelante cuando menos esa carta de Televisa se estaría en condiciones de romper empates en votaciones de consejeros, se mostraría que en algo se van poniendo de acuerdo los criticados legisladores y se bajaría un poco la presión del Big Brother político, que perdonaría provisionalmente la vida de los líderes partidistas y camarales hasta en tanto el monstruo electrónico necesite otro bocado. De no avanzar el nuevo intento de designar a Gómez, podría optarse por Cecilia Tapia, apoyada por PRI, PVEM, Panal y PT. O, a fin de cuentas, seguir así, en el mundillo de la indefinición tácticamente aprovechada por todos, con un IFE en incesante deslegitimación y un proceso electoral desde ya impugnable.
Astillas
El congreso nacional de Morena, convocado para noviembre de 2012, servirá para evaluar lo que haya sucedido en las elecciones y, en dado caso, continuar con el proceso de organización que desembocaría en un nuevo partido político. Pero todo dependerá del desenlace de los comicios presidenciales, legislativos y, en algunos casos, estatales. Es decir, de la medición de fuerzas, de los reacomodos o deserciones de aliados actuales, de los triunfos alcanzados y de la perspectiva que deberían tener las luchas políticas y sociales, en caso de que la candidatura central de Morena no llegara al poder... Los asesinatos de la gerente de relaciones públicas de la revista Contralínea y de una ex reportera de Televisa quedaron en un plano delictivo sin relación con el ejercicio periodístico, según las detalladas investigaciones realizadas por la procuraduría capitalina de justicia y aceptadas por quienes con más interés justiciero seguían el asunto. Falta la captura de más involucrados en esos crímenes y la aplicación de los castigos correspondientes. Marcela Yarce y Rocío González Trápaga serán siempre bien recordadas por sus compañeros periodistas... Remover a Humberto Moreira sería un primer descalabro importante en el desarrollo del proyecto peñanietista que meses atrás parecía impecable. La deuda coahuilense es un tema tan fuerte que el presidente del PRI no ha podido zafarse de él, mucho menos recurriendo a la treta de pretender enjaretar lo operativo al prestanombres que dejó como gobernador... Y, mientras en Michoacán sigue calentándose la contienda política, con grupos, bandos, policías, dinero y amenazas en apoyo o rechazo de unos y otros candidatos, ¡hasta mañana, con más afrentas a México mediante armas gringas gubernamentalmente infiltradas!
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