Injerencia y estrategia anticrimen- ASTILLERO

Injerencia y estrategia anticrimen

El embajador de México en Washington, Arturo Sarukhan, dijo ayer que el envío de tropas estadunidenses al país no está sobre la mesa de negociaciones, en referencia a declaraciones formuladas el pasado fin de semana por el gobernador de Texas y precandidato presidencial Rick Perry, quien se dijo dispuesto a adoptar una medida semejante para “trabajar en coordinación con ellos (los militares mexicanos), a fin de eliminar los cárteles de narcotraficantes y mantenerlos alejados de nuestras fronteras”.

En rigor, lo dicho por Perry –célebre, entre otras cosas, por su proclividad a movilizar fuerzas militares a lo largo de la frontera de su estado con territorio mexicano– no es nuevo. En febrero del año pasado, por ejemplo, el subsecretario de Defensa Joseph Westphal se refirió a la posibilidad de enviar soldados de su país al sur del río Bravo, en caso de una derrota del gobierno ante lo que llamó una forma de insurgencia de los cárteles del narcotráfico (La Jornada, 9/2/11), y un día después la secretaria de Seguridad Interna del país vecino, Janet Napolitano, amenazó a esos grupos delictivos con responder muy, muy vigorosamente si llevaban a territorio estadunidense esta guerra (La Jornada, 10/2/11).
Las declaraciones referidas habrían sido impensables, o cuando menos escandalosas, hasta hace un lustro. Por desgracia, se formulan en el margen que les otorga la catástrofe por la que transita México en materia de seguridad y control territorial, y ocurren cuando en nuestro país operan ya agencias policiales estadunidenses con la aprobación de las autoridades mexicanas, si no es que a solicitud de éstas. En tal circunstancia, la presencia de fuerzas militares foráneas en territorio nacional empieza a verse –o a publicitarse– como componente posible en los escenarios de solución de la actual crisis.

Más allá de las negativas del gobierno federal a tal presencia, ciertamente inadmisible desde cualquier postura con mínimo sentido nacional, es claro que el desastre en que ha desembocado la guerra declarada por la administración calderonista a la delincuencia organizada ha terminado por colocar a la soberanía nacional en una precariedad sin precedente en casi un siglo. Por añadidura, la descomposición institucional y los desgarramientos del tejido social inducidos por la estrategia de seguridad en curso dificultan una respuesta social coherente y contundente a las cada vez más desembozadas propuestas de intervención por parte de diversos políticos y funcionarios estadunidenses.

Se requiere, pues, remontar la desastrosa situación de descontrol delictivo, y es cada vez más claro que para lograr tal objetivo resulta necesario abandonar la percepción oficial, superficial y equívoca, del fenómeno delictivo, y su expresión práctica, la política de seguridad en curso. Desde los más diversos ámbitos de la sociedad se han planteado un conjunto de acciones que resultarían más eficaces para combatir a la criminalidad en forma más eficiente que la actual. Así sea en interés de la soberanía nacional, es impostergable escuchar esas voces.

Astillero

DF, en la mira

Graneros no panistas

Cártel electoral de ocho ex

Componente no previsto

Julio Hernández López

REUNIÓN EN BUCARELI. El mandatario de Veracruz, Javier Duarte, y el secretario de Gobernación, Francisco Blake, acordaron la participación conjunta del gobierno federal y estatal para fortalecer las acciones de seguridad en esa entidad

Foto La Jornada

 

La colocación de dos decapitados en las inmediaciones de la Secretaría de la Defensa Nacional es un nuevo asomo capitalino al horror cotidiano que se vive en otras partes del país, a propósito de la turbia guerra calderonista contra el narco. En días recientes se produjo en la transitada avenida Patriotismo una balacera de policías con asaltantes que pretendían robar una camioneta, quedando múltiples capitalinos bajo riesgo de ser afectados por el enfrentamiento. Y antes han sido instalados cadáveres colgantes en puentes y se han conocido otras muestras de salvajismo, pero en áreas del estado de México colindantes con el Distrito Federal.

Lo sucedido ayer constituye un reto al poder militar del país por una organización regional secundaria, La mano con ojos, cuyo máximo dirigente, apodado El compayito, fue detenido el 11 de agosto pasado por la policía mexiquense en una colonia de la ciudad de México, durante un operativo de escandalosa violación de derechos humanos y comisión de múltiples delitos en casas, destacando la denuncia que al respecto hizo el poeta Efraín Bartolomé. Esa noche de espanto en la delegación Tlalpan, los capitalinos sintieron (pero todavía a la distancia, como cosa excepcional) lo que muchísimos mexicanos del resto del país ante corporaciones de rudeza aún peor.

El gradual acercamiento capitalino a esa violencia extrema se produce en tiempos políticos de volatilidad especial. La ciudad de México es el único punto importante de concentración de votos mayoritariamente no panistas que ha logrado quedar fuera de la peculiar ruta de confrontación explosiva que ha afectado al Michoacán perredista (donde Luisa María Calderón busca la gubernatura prometiendo subsanar parte de lo que su hermano Felipe provocó o aceleró) y a estados gobernados por priístas (graneros de votos, solían decir con orgullo los estrategas del partido de tres colores), como Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz o Chihuahua, por mencionar casos destacados. Descomponer la capital del país significaría abrir una oportunidad de cambio electoral que pusiera fin a la ya larga presencia de administraciones de izquierda y abriera posibilidades al PAN calderonista y al PRI peñanietista, por separado o en alianza.

A las presunciones de que el gobierno federal usa su guerra contra el narcotráfico por motivaciones políticas y electorales, el PRI ha respondido con un cuasimafioso cierre de filas en torno al proyecto de retorno a Los Pinos que encabeza Enrique Peña Nieto (con todo y el retobo del senador Manlio Fabio Beltrones, que está encareciendo las negociaciones finales de entrega de su capital al heredero capilar mexiquense designado y pastoreado por su antítesis craneana con sal). El distractor presidente del PRI cuela con sigilo la lista de sus nuevos operadores electorales corleonescos mientras muestra dibujos hechos por él a mano con la presunta colocación de los principales aspirantes presidenciales (EPN, a la cabeza, obviamente; segundo lugar, AMLO, y la novedad de la conferencia de prensa de ayer, Vázquez Mota instalada en tercer lugar por la muy objetiva agencia de encuestas de Moreira Brothers).

Siete ex gobernadores bien forrados a su paso por los erarios de sus entidades se convierten en secretarios regionales (ocho, con Murillo Karam en el DF), con la consigna de llevar al triunfo al PRI haiga de ser como haiga de ser. Varios de esos nuevos adalides de la democracia fueron acusados en sus terruños de tener ligas con cierto bando del narcotráfico y es válido preguntarse si tales compromisos serán ahora sostenidos, extendidos o, también, combatidos, en los asentamientos a los que son enviados y que no necesariamente corresponden a las adscripciones originales de esos mandatarios con determinados cárteles. Igual sucede en la capital del país, donde dinero y habilidades de procedencia inedefinible entrarán en acción distrito por distrito, con poderosos responsables designados, para empujar el mayor número de triunfos priístas en la hasta ahora irrecuperable capital del país.

El dólar llega a 14 pesos con 15 centavos, mientras el presupuesto federal del año entrante es sometido al tradicional regateo entre gobernadores, legisladores y altos funcionarios federales, pero esta vez todos bajo la acusación cierta de estar pensando en términos de acumulación de pertrechos para la guerra electoral en curso. A la inseguridad ante acontecimientos económicos mundiales que agravan nuestra propia debilidad y riesgo, se suman declaraciones perturbadoras (¿el filofranquista gobernador veracruzano, Javier Duarte, podría tomarlas como dignas de cárcel por alterar la paz pública?) como la hecha por Felipe Calderón respecto de la necesidad de revisar los subsidios que terminan también distorsionando e incentivando más allá de lo razonable el uso de la energía (¿elevar las tarifas de la energía eléctrica o de los combustibles para que la gente use más racionalmente lo que ahora le resultaría más caro?).

Sin declaratoria de guerra, nomás a sus pistolas (y el resto del armamento que podría englobarse en el término Pentágono, para ahorrar palabras), un precandidato republicano a la Casa Blanca, Rick Perry, ha anunciado que estaría dispuesto a considerar una intervención militar directa en México para exterminar a narcotraficantes y ayudar al sostenimiento del gobierno formal; es decir, el que disfruta de la verde vista de Los Pinos. Tal señalamiento ha tenido como respuesta oficial una tibia e indirecta mención del embajador de México en Estados Unidos, Arturo Sarukhan, quien con gallardía de gigante ha hecho saber que no hay nada de eso, que en las mesas de negociaciones bilaterales el tema ni se discute y que, además, como si de una maquiladora fronteriza se tratara, ese eventual envío de tropas no es un componente que se esté previendo.

Y, mientras le dan al desbocado Fox una sopa de sus propios desatinos, al recordarle en el IFE que él fue el causante de la inequidad y el intervencionismo que llevaron a establecer nuevas normas que impidieran la repetición de esas andanzas tramposas, ¡hasta mañana!

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