José Enrique González Ruiz*
El oblicuo discurso de la mentira
encubre el deseo de oprimir al semejante
En una situación de normalidad, las instituciones establecidas sirven para resolver los problemas sociales, y al mismo tiempo para dar respuesta a las inconformidades e inquietudes individuales. Los mecanismos instituidos son suficientes para hacer frente a los fenómenos y acontecimientos que retan la paz social y la armonía. Pero en México hace tiempo que se rompió esa normalidad.
Desde el inicio del espuriato de Felipe Calderón se notó un incremento de la violencia: la que proviene de los grupos que actúan por fuera de los marcos legales, que se genera en la sociedad para responder a los embates que sufre (ejemplificada por el linchamiento de delincuentes) y la que aplican las instancias del Estado sin seguir los cauces legales.
En lugares como Acapulco es evidente la anormalidad: la población se autoimpuso un toque de queda, pues se abstiene de salir a la calle cuando empieza a oscurecer; el turismo descendió a casi cero ante el riesgo de ser víctima de robos, secuestros extorsiones o cualquiera otra forma de agresión. Desafortunadamente, eso se extiende a varios puntos en el país. Por ello, quien tiene la necesidad de conseguir justicia, no lo logra en el esquema actual.
La guerra sucia está impune
Quien vea sólo la superficie de México creerá que aquí no se han dado violaciones graves a los derechos humanos. Porque el discurso oficial es incisivo en cuanto a que tenemos un Estado sometido a la ley, donde los ofensores de derechos humanos son juzgados y castigados. La verdad es muy otra, porque ha fallado el sistema de aplicación de justicia.
La guerra sucia ejercida por el Estado, en el pasado y ahora, lleva un elevado saldo rojo: personas desaparecidas por motivos políticos y sociales, ejecuciones extrajudiciales, aplicación de la tortura y sometimiento de poblaciones enteras a un intenso proceso de militarización. Y no obstante las numerosas y variadas violaciones a los derechos humanos, ningún perpetrador ha sido sometido a juicio. Tampoco se ha conseguido que se deje de aplicar el anticonstitucional fuero militar. Lo anterior explica y justifica que la sociedad busque medios de justicia alternativos.
La Comisión de la Verdad se impone
A los integrantes de la clase política no les gustan los instrumentos ciudadanos. Como son parte del sistema, piensan que todo debe encauzarse dentro del éste. Aunque saben que en materia de violaciones a derechos humanos nada se avanzará porque los caminos de la justicia oficial están atascados. En cambio, para la ciudadanía no son confiables los instrumentos establecidos y prefiere las vías alternas. Entre éstas, la más idónea para conocer e indagar temas de la guerra sucia es la Comisión de la Verdad.
Tienen que ser ciudadanos de a pie los que se encarguen de buscar la verdad y darla a conocer a la sociedad. Sería de gran utilidad que se conozcan todas las circunstancias que rodean el tema de las violaciones históricas a los derechos humanos.
El propósito sería ir más allá: que sean sancionados los perpetradores, para rasgar el manto de impunidad que los protege. También se buscaría conseguir garantías de para que no se repitan.
No quitaremos el dedo del renglón hasta que alcancemos el objetivo de una comisión de la verdad ciudadana y autónoma.
*Coordinador de la maestría en derechos humanos de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México; doctor en ciencias políticas por la Universidad Nacional Autónoma de México; integrante de la Comisión de Intermediación para el Diálogo entre el gobierno federal y el Ejército Popular Revolucionario
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