Por un modelo de economía verde
Iván Restrepo
El miércoles comienza la conferencia de las Naciones Unidas sobre
desarrollo sostenible, mejor conocida por Río+20, para conmemorar la magna
reunión de 1992 en la ciudad brasileña. Como entonces, en la mayoría de los
documentos presentados se narra la situación crítica del planeta, la necesidad
de cambios radicales. Por ejemplo, en cuanto a reducir la pobreza, el consumo
desmedido de alimentos y energía del mundo industrializado, el manejo y uso
irrracional de los recursos naturales, la necesidad de fortalecer las políticas
multilaterales a fin de cumplir una meta común. Sin olvidar el papel fundamental
que para alcanzar tales fines tienen las organizaciones sociales, los
ciudadanos.
Está probado que no es posible alcanzar el desarrollo sostenible sin el
respaldo y la participación de la gente. De ello hay muy buenos ejemplos en
México.
Como en la reunión cumbre de 1992, otra vez en los documentos oficiales y en
los de las organizaciones no gubernamentales se recalca la urgencia de luchar
contra la desigualdad y la injusticia; el alcanzar el crecimiento económico sin
deteriorar los recursos naturales y, a la vez, elevando la calidad de vida de la
población. Todos estos asuntos son muy importantes, pues en 35 años más la
población mundial aumentará en 2 mil millones de personas, que necesitarán agua
potable, alimentos y energía.
Al respecto, un estudio elaborado para Río+20 por el Programa de las Naciones
Unidas para el Medio Ambiente (Pnuma) devela que el aumento de la población y el
consumo en América Latina amenaza seriamente al medio. Tanto más grave, pues en
nuestros países se encuentra más de las dos terceras partes de las especies del
mundo y una quinta parte de las regiones ecológicas.
La economía de América Latina depende en forma sustancial de esa rica
biodiversidad, cada vez más destruida por actividades humanas. Prueba de ello es
que la biodiversidad se redujo 30 por ciento desde 1992 mientras la población
más que se duplicó en medio siglo, hasta sumar ahora 600 millones de personas La
mayoría vive en áreas urbanas que demandan todos los días alimentos, agua y
energía.
Los efectos que todo lo anterior ocasiona se deja sentir especialmente en la
deforestación (de las más elevadas del planeta), y en cada vez menos agua
per capita. Cada año se pierden en América Latina 800 mil hectáreas de
bosques para dar paso a una agricultura y una ganadería que malbaratan recursos
y no contribuyen a resolver los problemas alimentarios. Y que aumentan la
desigualdad en el campo, a la que se une la marginación de millones en las
ciudades. En paralelo, se tiene la contaminación de las cuencas hidrográficas,
del aire de las ciudades y de las áreas costeras. Siguen utilizándose en el
sector agropecuario agroquímicos que hacen daño al ambiente y a la población. Al
lado de las explotaciones agrícolas más modernas, millones que viven en pobreza
extrema ven cómo, en aras de una falsa
modernidad, se agotan sus recursos naturales y se destruyen sus lazos comunitarios. A todo este panorama desfavorable para la mayoría de los habitantes de América Latina, el Pnuma agrega la impunidad, la escasez de instrumentos jurídicos que garanticen la aplicación de la ley, la falta de continuidad en los programas oficiales y la poca voluntad política de los gobiernos en la tarea proteger el ambiente y elevar la calidad de vida de la población.
En Río+20 se debe aprobar la forma de financiar un modelo de economía verde.
Pero desde antes de que lo discutan y lo hagan realidad los enviados oficiales,
ya hay división entre países ricos y pobres. Los primeros, alegan que por la
crisis no pueden asumir compromisos financieros. En tanto que los segundos
buscan la creación de un fondo verde multilateral que requiere al menos
30 mil millones de dólares al año para impulsar proyectos de desarrollo
sostenible donde más se necesita. Un fondo muy cuestionado, entre otras cosas,
por el temor de que los países industrializados y las trasnacionales lo
conviertan en fuente de negocios disfrazados de verde.
Pero no adelantemos malas noticias. Río+20 merece terminar con medidas en
bien de la gente y de la naturaleza.
Los autómatas europeos
León Bendesky
La crisis económica en Europa no amaina; lejos de eso, se agrava
literalmente a diario. Esa crisis no es sólo un fenómeno de los mercados que
demuestran a las claras que no se ajustan por sí mismos como proclamaban con
soberbia los economistas ortodoxos. Está incrustada esencialmente en el campo de
las ideas que están oxidadas y de la capacidad política atrofiada.
Esta combinación perversa hace que la situación aparezca como si fuera
controlada por autómatas programados y son incapaces de frenar y, mucho menos de
revertir, las condiciones de quiebra social que está en curso.
Durante años se presencia una descomposición económica que se enfrenta con
medidas de política pública que han demostrado su ineficacia. Es llamativa la
ineptitud de los políticos y de la alta burocracia europea para intentar
siquiera salir de las normas que se han establecido como ideología rígida e
ineficaz y que hoy se resume en un término único: austeridad.
La austeridad se impone como si fuese una forma de redención luego de los
excesos del auge especulativo que acabó rompiéndose como verdadera burbuja.
Castigo para asumir las culpas, para pagar los excesos cometidos, castigo pero
no equitativo. ¿Qué diría Max Weber de esta manifestación de la ética
protestante expuesta desde Berlín?
El gobierno alemán encabeza esta firme posición. No hay resquicio alguno en
su visión del continente en crisis: ajuste de los presupuestos, austeridad a
ultranza. Alemania no tiene recursos ilimitados, ha dicho Ángela Merkel, para
soportar el costo de la crisis y cualquier otro planteamiento para enfrentarla,
como promover el crecimiento, como proponen algunos desde el margen, lo
considera un camino hacia la mediocridad.
Habría que pensar si el desgaste social y el colapso económico en curso
dejaran algo más que mediocridad y conflictos en esa zona del mundo. Es más, la
mediocridad de los líderes y la que tratan de imponer sobre las poblaciones que
gobiernan es ya una moneda tan común como el propio euro.
El liderazgo alemán cuando estalló la crisis en 2008 se ha convertido ya un
factor adicional de degradación. Desde ahí se exportaron las condiciones
económicas y financieras que acabaron por provocar la crisis; ese país fue el
más beneficiado con el auge que generó el euro desde su adopción en 2000. Los
demás países, sobre todo España, Portugal, Grecia, se creyeron que con el euro
se podían permitir comprar a crédito indefinidamente. Eso no se puede, pero los
alemanes alimentaron las expectativas. Hoy sus mismos bancos están en situación
de alto riesgo y posponen su crisis, expulsándola a otros países y sosteniendo
la farsa con recursos de los fondos de estabilización y la compra de deuda
pública por el Banco Central Europeo.
El Fondo Monetario Internacional cumple con su papel de actor de reparto. Se
suma a las exigencias de un ajuste sin cortapisas, se allega de recursos de sus
miembros (como México) para sostener la ilusión de que algo se arreglará en
Europa. Pide ahora al gobierno español, como antes hizo con otros, que aumente
el IVA y cree más impuestos y que reduzca el salario de los altos funcionarios
del Estado y las empresas públicas. Mientras, por supuesto, la señora Lagarde no
habla de rebajarse el salario, tampoco los burócratas de la Unión Europea que
pontifican con preocupación, pero desde cómodas posiciones en Bruselas.
Hago un breve aparte: entonces, la reducción de esas remuneraciones sí es
admisible cuando lo dice el FMI, pero no lo es cuando se sugiere en México.
Según sesudas consideraciones del sector empresarial de este país tal cosa
provocaría a más corrupción, pero ¿cuánto se necesita para corromperse en el
sector público o el privado? Y, quien es corrupto necesita siempre una
contraparte.
La austeridad propuesta desde el gobierno comunitario europeo y admitido por
los gobiernos nacionales marcha a la par de los rescates de los bancos. Esa e es
la fórmula predilecta, lo sabemos bien en México con nuestra historia del
Fobaproa-Ipab, convenientemente barrida bajo el tapete, aunque se le asoma la
cola. La pregunta que hay que hacer y repetir, es quién salva a la gente. O más
bien, cuestionar qué es lo que se requiere salvar en plena crisis económica y
política, cómo y para qué. Los dobleces de las respuestas solo alimentan la
fricción social y la ficción política.
Los desenlaces de corto plazo están planteados en un guión predeterminado: la
votación griega, las presiones de los mercados de deuda, la canasta sin fondo de
los recursos para sanear los bancos. Frente a eso, un desempleo galopante, la
perdida de riqueza de las familias y la desvalorización general de los activos
económicos. Corolario: la cancelación de las expectativas. Y todo esto no se
quedará en las riberas del Mediterráneo y del Mar del Norte, ese es también un
aspecto de la globalización que no es sólo para la euforia y el auge.
Por un modelo de economía verde
Iván Restrepo
El miércoles comienza la conferencia de las Naciones Unidas sobre
desarrollo sostenible, mejor conocida por Río+20, para conmemorar la magna
reunión de 1992 en la ciudad brasileña. Como entonces, en la mayoría de los
documentos presentados se narra la situación crítica del planeta, la necesidad
de cambios radicales. Por ejemplo, en cuanto a reducir la pobreza, el consumo
desmedido de alimentos y energía del mundo industrializado, el manejo y uso
irrracional de los recursos naturales, la necesidad de fortalecer las políticas
multilaterales a fin de cumplir una meta común. Sin olvidar el papel fundamental
que para alcanzar tales fines tienen las organizaciones sociales, los
ciudadanos.
Está probado que no es posible alcanzar el desarrollo sostenible sin el
respaldo y la participación de la gente. De ello hay muy buenos ejemplos en
México.
Como en la reunión cumbre de 1992, otra vez en los documentos oficiales y en
los de las organizaciones no gubernamentales se recalca la urgencia de luchar
contra la desigualdad y la injusticia; el alcanzar el crecimiento económico sin
deteriorar los recursos naturales y, a la vez, elevando la calidad de vida de la
población. Todos estos asuntos son muy importantes, pues en 35 años más la
población mundial aumentará en 2 mil millones de personas, que necesitarán agua
potable, alimentos y energía.
Al respecto, un estudio elaborado para Río+20 por el Programa de las Naciones
Unidas para el Medio Ambiente (Pnuma) devela que el aumento de la población y el
consumo en América Latina amenaza seriamente al medio. Tanto más grave, pues en
nuestros países se encuentra más de las dos terceras partes de las especies del
mundo y una quinta parte de las regiones ecológicas.
La economía de América Latina depende en forma sustancial de esa rica
biodiversidad, cada vez más destruida por actividades humanas. Prueba de ello es
que la biodiversidad se redujo 30 por ciento desde 1992 mientras la población
más que se duplicó en medio siglo, hasta sumar ahora 600 millones de personas La
mayoría vive en áreas urbanas que demandan todos los días alimentos, agua y
energía.
Los efectos que todo lo anterior ocasiona se deja sentir especialmente en la
deforestación (de las más elevadas del planeta), y en cada vez menos agua
per capita. Cada año se pierden en América Latina 800 mil hectáreas de
bosques para dar paso a una agricultura y una ganadería que malbaratan recursos
y no contribuyen a resolver los problemas alimentarios. Y que aumentan la
desigualdad en el campo, a la que se une la marginación de millones en las
ciudades. En paralelo, se tiene la contaminación de las cuencas hidrográficas,
del aire de las ciudades y de las áreas costeras. Siguen utilizándose en el
sector agropecuario agroquímicos que hacen daño al ambiente y a la población. Al
lado de las explotaciones agrícolas más modernas, millones que viven en pobreza
extrema ven cómo, en aras de una falsa
modernidad, se agotan sus recursos naturales y se destruyen sus lazos comunitarios. A todo este panorama desfavorable para la mayoría de los habitantes de América Latina, el Pnuma agrega la impunidad, la escasez de instrumentos jurídicos que garanticen la aplicación de la ley, la falta de continuidad en los programas oficiales y la poca voluntad política de los gobiernos en la tarea proteger el ambiente y elevar la calidad de vida de la población.
En Río+20 se debe aprobar la forma de financiar un modelo de economía verde.
Pero desde antes de que lo discutan y lo hagan realidad los enviados oficiales,
ya hay división entre países ricos y pobres. Los primeros, alegan que por la
crisis no pueden asumir compromisos financieros. En tanto que los segundos
buscan la creación de un fondo verde multilateral que requiere al menos
30 mil millones de dólares al año para impulsar proyectos de desarrollo
sostenible donde más se necesita. Un fondo muy cuestionado, entre otras cosas,
por el temor de que los países industrializados y las trasnacionales lo
conviertan en fuente de negocios disfrazados de verde.
Pero no adelantemos malas noticias. Río+20 merece terminar con medidas en
bien de la gente y de la naturaleza.
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