Alianza Social de Trabajadores de la Industria Mexicana

domingo, 1 de julio de 2012

Salinas, Fox, Calderón y los crímenes políticos

Salinas, Fox, Calderón y los crímenes políticos
Salinas, Fox, Calderón y los crímenes  políticos
Y si de asesinatos políticos hablamos, prácticamente todos sin resolver, durante las administraciones panistas no podemos dejar de recordar algunos ocurridos al final de los regímenes priístas

El actual gobernador Egidio Torre Cantú aún no ha sido mencionado en ningún investigación federal que lo relacione con el narcotráfico. Apenas este jueves se cumplieron dos años del asesinato de su hermano Rodolfo Torre Cantú, aspirante del PRI-PVEM-PANAL al gobierno de Tamaulipas, y sigue la impunidad pues no hay ningún resultado de la investigación. Fresca en la memoria de los tamaulipecos aún está el cobarde asesinato perpetrado en una emboscada en el kilómetro 9 de la carretera Soto la Marina, que fue realizada por un grupo de sicarios que atacaron la camioneta del político priísta y en donde también fueron ejecutadas otras seis personas.
Y si de asesinatos políticos hablamos, prácticamente todos sin resolver, durante las administraciones panistas no podemos dejar de recordar algunos ocurridos al final de los regímenes priístas como el magnicidio del candidato presidencial del PRI, Luis Donaldo Colosio, el 23 de marzo de 1994, perpetrado en la colonia popular Lomas Taurinas, uno de los muchos asentamientos irregulares de Tijuana, Baja California. Unos meses después el secretario general del CEN del PRI, José Francisco Ruiz Massieu, cuñado de Carlos Salinas de Gortari, fue asesinado el 29 de septiembre de 1994, y en este homicidio se involucró a Raúl Salinas de Gortari. Otro crimen escandaloso ocurrió un año antes, el 24 de mayo de 1993, día en que fue asesinado el arzobispo de la Arquidiócesis de Guadalajara, Juan Jesús Posadas Ocampo, en el estacionamiento del Aeropuerto Internacional de Guadalajara, en un presunto fuego cruzado entre narcotraficantes rivales.
Ya en la administración del primer panista en la Presidencia de la República, Vicente Fox, destaca la muerte del entonces secretario de Seguridad Pública federal, Ramón Martín Huerta, quien falleció el 21 de septiembre de 2005, cuando el helicóptero en el que viajaba hacia el penal de máxima seguridad de La Palma (Almoloya), en el Estado de México, se estrelló en el paraje montañoso Llano Largo, cerca de San Miguel Miapan, en el municipio de Xonacatlán. La investigación sobre este presunto accidente sigue abierta, pero empantanada. Dentro ya de la administración de Felipe Calderón, otro extraño accidente en el que murió otro secretario de Estado fue el de Juan Camilo Mouriño Terrazo, mientras éste se desempeñaba como titular de la Secretaría de Gobernación. El político de origen español, acusado por cierto de tráfico de influencias y oscuros negocios en Pemex, falleció el 4 de noviembre de 2008 cuando el avión Learjet 45, en el que volvía a la Ciudad de México, después de una gira por el estado de San Luis Potosí, se estrelló cerca de la intersección del Periférico y Paseo de la Reforma, en la capital de la República. Otro secretario de Gobernación de la administración calderonista que falleció en un “accidente” fue José Francisco Blake Mora, el 11 de noviembre de 2011, cuando el helicóptero en el que viajaba se estrelló en Chalco, Estado de México, en las cercanías de Santa Catarina Ayotzingo y el Distrito Federal.
Otros casos más que han exhibido a la fallida administración y procuración de justicia en México y que han resaltado la relación entre los poderes políticos y el crimen organizado, así como la negligencia de los aparatos judiciales son el caso del empresario mexicano, de origen chino, Zhenli Ye Gon; el asesinato de estudiantes durante el violento desalojo de normalistas de Ayotzinapa; el desastre minero en Pasta de Conchos, en San Juan Sabinas, Coahuila, en donde murieron 65 trabajadores; y el incendio de la Guardería ABC de Hermosillo, Sonora, donde fallecieron 48 niños y niñas y 76 resultaron heridos, todos de entre cinco meses y cinco años de edad. No hay investigaciones serias de estos casos; las indagatorias han sido bloqueadas por personas cercanas a los círculos del poder político y económico, por lo que la impunidad es la que impera hasta el final de esta administración federal agonizante.
Lilia Arellano - Revista EMET

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