Rechaza Peña Nieto “simulaciones” de sector priista
MÉXICO, D.F. (apro).- Llegaron con matracas, tamboras, porras, decenas de autobuses de varias entidades de la República, a la usanza de siempre, pero Enrique Peña Nieto, el aspirante presidencial del PRI, les pidió no caer “ni en simulaciones” ni en “prácticas del pasado que en otro momento nos hubieran dado resultado”.
Ante poco más de mil 500 “líderes naturales” del Movimiento Territorial (MT), el cuarto sector priista –creado hace más de dos décadas–, Peña Nieto los convocó a “ser un partido de avanzada” porque el “gran enemigo a vencer”, dijo, es la pobreza, no alguno de los otros contendientes del 2012.
Reunidos en un salón de fiestas alquilado en la avenida Cuauhtémoc, ante la presencia de invitados especiales como María Eva Anaya de Hank, la esposa de Jorge Hank, o el gobernador de Aguascalientes, Carlos Lozano de la Torre, “el primer gobernador emetista” del PRI, Peña Nieto, insistió a los integrantes del MT que su campaña tendrá “un solo propósito: formular un compromiso con la sociedad”.
También asistió el dirigente capitalino, Cuauthémoc Gutiérrez de la Torre, hijo de la “reina de la basura”, Guillermina de la Torre, con quien Peña Nieto tuvo distanciamientos y diferencias. Los más enterados señalan que ya hay un pacto de candidaturas y apoyos para sumar fuerzas en torno de la candidatura de Beatriz Paredes, aspirante priista a la jefatura de Gobierno capitalino.
El exlíder nacional priista, Mariano Palacios; el creador del Pronasol y artífice de la estructura del MT durante el salinismo, Carlos Rojas, así como el dirigente nacional del PRI, Pedro Joaquín Coldwell, también compartieron el escenario, junto con el actual líder del “cuarto sector” priista, Carlos Flores Rico.
Mientras Peña Nieto arengaba, al fondo del salón una batucada de Chihuahua no paraba de competir con los de Tabasco, para ver quiénes echaban porras más fuertes. Pocos seguían el discurso del aspirante presidencial. Lo importante era la imagen, la foto, los aplausos, el besamanos con los dirigentes.
Carlos Flores Rico, dirigente nacional del MT, logró encender los ánimos de quienes aún no habían desayunado, con una nueva proclama”: “¡Ya se van, ya se van, los del PAN!”.
Flores Rico destacó que “el nuevo PRI es el que hace compromisos, no el que reparte despensas o reparte volantes” de campaña. Presumió que el MT tiene 580 mil dirigentes en todo el país, 118 presidentes municipales, 22 diputados federales y un gobernador emanado de esta estructura: Carlos Lozano de la Torre, mandatario priista de Aguascalientes.
El MT preparó un “decálogo” del perfil del nuevo activista del PRI. Según el video transmitido en el evento, un nuevo activista “sabe detectar a otros persuasibles”, no cobra por su trabajo, es un líder natural y representa a la comunidad.
El MT también presumió que cuenta con 9 mil “operadores” en redes sociales en toda la República, dispuestos a apoyar la campaña electoral de Peña Nieto y de todos los aspirantes del PRI a los cargos de elección popular.
Propone AMLO cambiar Función Pública por Secretaría de la Honestidad
MÉXICO, D.F. (apro).- El precandidato de las izquierdas, Andrés Manuel López Obrador, propuso este jueves que, de ganar las elecciones presidenciales del próximo 1 de julio, una mujer encabece la Secretaría de la Función Pública, la cual cambiaría su nombre por Secretaría de la Honestidad y Combate a la Corrupción.
Dicha dependencia, agregó el tabasqueño, estaría encabezada por la excontralora del Gobierno del Distrito Federal , Bertha Elena Luján Uranga.
Durante su primer día de gira por San Luis Potosí, López Obrador también sumó a su posible gabinete a Raquel Sosa, extitular de Cultura del gobierno capitalino, quien sería la secretaria de Desarrollo Social.
En un acto proselitista en el municipio de Santa María del Río, el aspirante presidencial consideró que es importante que el electorado no sólo vote por los candidatos sino también por sus equipos.
Señaló que él es el único de los precandidatos que puede anunciar a los posibles integrantes de su gabinete, pues sus adversarios –dijo– no pueden hacerlo debido a que tienen intereses con diversos sectores.
Dicha dependencia, agregó el tabasqueño, estaría encabezada por la excontralora del Gobierno del Distrito Federal , Bertha Elena Luján Uranga.
Durante su primer día de gira por San Luis Potosí, López Obrador también sumó a su posible gabinete a Raquel Sosa, extitular de Cultura del gobierno capitalino, quien sería la secretaria de Desarrollo Social.
En un acto proselitista en el municipio de Santa María del Río, el aspirante presidencial consideró que es importante que el electorado no sólo vote por los candidatos sino también por sus equipos.
Señaló que él es el único de los precandidatos que puede anunciar a los posibles integrantes de su gabinete, pues sus adversarios –dijo– no pueden hacerlo debido a que tienen intereses con diversos sectores.
Detención de “El Chapo” catapultaría al PAN en elecciones: Stratfor
Joaquín El Chapo Guzmán, líder del cártel de Sinaloa.
Foto: Benjamin Flores
Foto: Benjamin Flores
MÉXICO, D.F. (apro).- En un intento por retener la presidencia de la Republica en las elecciones del 1 de julio próximo, el gobierno de Felipe Calderón busca de dar un último golpe político que catapulte la popularidad de su partido, Acción Nacional (PAN): la captura del líder del cártel de Sinaloa, Joaquín El Chapo Guzmán.
En el artículo “Elección presidencial de México y la guerra de cárteles”, la agencia de seguridad Stratfor consigna lo anterior y añade que el panorama electoral en México se encuentra enmarcado por un gobierno calderonista muy criticado por su persecución contra los cárteles “lo que –dice– contribuye la baja popularidad de Calderón en este momento”.
De acuerdo con el texto escrito por Scott Stewart, se espera que el PAN pierda en las elecciones de julio ante el Partido Revolucionario Institucional (PRI) “que controlaba la presidencia de México durante la mayor parte del siglo 20 hasta la victoria de (Vicente) Fox en el año 2000.
Sin embargo, señala la agencia de seguridad cuya sede se encuentra en Texas, la recurrente estratagema electoral de capturar a El Chapo no garantiza que el PAN obtenga el impulso que necesita para retener la presidencia, de la misma manera que el presidente Barack Obama no tiene garantizada la relección por la muerte de Osama Bin Laden en mayo de 2011.
Uno de los problemas que plantea Stewart para lograr la captura de El Chapo es la estructura que él e Ismael El Mayo Zambada han construido alrededor del cártel de Sinaloa, “han tenido a los agentes de policía y militares, políticos, periodistas y jueces en su nómina durante años e incluso décadas”.
Todos los cárteles mexicanos, añade el texto, emplean “halcones” que proporcionan a sus amos la alerta temprana de aplicación de la ley o la actividad de los cárteles rivales. Muchos de esos “halcones”, dice, están en el más alto rango de la nómina del gobierno y ese es otro factor que entorpece su captura.
“Este miedo a ser vinculado a una figura como la de Guzmán, sirve como un fuerte elemento de disuasión a su arresto”, apunta el artículo.
Algo como esto podría influir en la elección presidencial del 1 de julio, añade. “Ningún político mexicano quiere convertirse en el próximo Raúl Salinas de Gortari, hermano del expresidente Carlos Salinas de Gortari quien, alega el gobierno de los Estados Unidos, hizo cientos de millones de dólares en dinero sucio, la mayor parte de las figuras del cártel.
“La detención de Raúl Salinas en 1995 por asesinato, los cargos de lavado de dinero posteriores que se le imputan, y preguntas acerca de lo que su hermano Carlos sabía acerca de sus actividades, fueron factores importantes en la elección presidencial de 2000 en la que el PRI perdió”, subraya Stratfor.
Guzmán Loera, ha seguido operando como un traficante de alto nivel en México desde hace décadas y una gran parte de sus operaciones, añade el artículo, ha supuesto sobornos.
Por ejemplo, cita la detención en noviembre de 2008 del zar de las drogas en México, Noé Ramírez Mandujano, acusado de aceptar 450 mil dólares al mes de El Mayo Zambada y los hermanos Beltrán Leyva, alineados en ese momento con el cártel de Sinaloa.
La agencia de seguridad estadunidense plantea que en el supuesto de que El Chapo fuera detenido, podría implicar a un gran número de figuras políticas y empresariales “muy poderosos”.
Pero aún si fuera capturado, “las dinámicas que conducen a los cárteles mexicanos continúan, e incluso otro líder de la organización subiría a ocupar su lugar. Causar la muerte o detención de una persona no será el final de los cárteles criminales en México”.
Incluso si a El Chapo le preocupa que pueda ser asesinado y no capturado como a su exsocio Arturo Beltrán Leyva, dice Stratfor, es posible que Guzmán Loera pueda haber preparado algún tipo de documento que incrimine a gente poderosa en la nómina del cártel de Sinaloa.
“Junto con Zambada, Guzmán ha sido un fugitivo de alto perfil durante tres décadas. No ha sobrevivido tanto tiempo por ser descuidado o estúpido. Sería muy difícil encontrar a un individuo en un corto período de tiempo establecido por cálculos políticos a menos que los responsables ya conozcan su ubicación exacta y hayan optado por no arrestarlo hasta el momento”, sugiere la agencia.
Añade que el gobierno de Calderón y el PAN han luchado con las percepciones del público desde hace algún tiempo por lo que de saber dónde está ya debía haberlo capturado.
Sin embargo refiere que El Chapo es buscado en todo el mundo por grandes equipos de México y agentes de inteligencia de Estados Unidos por lo que no se descarta que pueda ser capturado antes de las elecciones de julio.
Stratfor afirma que cualquier operación para capturarlo debe ser “fuertemente” compartida por temor a que puedan darse a conocer a los “halcones” mexicanos o de Estados Unidos.
El arresto de una figura tan poderosa como El Chapo, concluye Stewart, es casi seguro que se politice por “todas las partes que tratan de utilizarlo para su propio beneficio” que también tratarán de esquivar las conexiones que puedan tener con el cártel de Sinaloa.
“Este entorno servirá para traer más atención a las cuestión de la corrupción y la colusión entre los cárteles y el gobierno y eso podría terminar perjudicando más que beneficiando al PAN en las próximas elecciones presidenciales”, apunta.
En el artículo “Elección presidencial de México y la guerra de cárteles”, la agencia de seguridad Stratfor consigna lo anterior y añade que el panorama electoral en México se encuentra enmarcado por un gobierno calderonista muy criticado por su persecución contra los cárteles “lo que –dice– contribuye la baja popularidad de Calderón en este momento”.
De acuerdo con el texto escrito por Scott Stewart, se espera que el PAN pierda en las elecciones de julio ante el Partido Revolucionario Institucional (PRI) “que controlaba la presidencia de México durante la mayor parte del siglo 20 hasta la victoria de (Vicente) Fox en el año 2000.
Sin embargo, señala la agencia de seguridad cuya sede se encuentra en Texas, la recurrente estratagema electoral de capturar a El Chapo no garantiza que el PAN obtenga el impulso que necesita para retener la presidencia, de la misma manera que el presidente Barack Obama no tiene garantizada la relección por la muerte de Osama Bin Laden en mayo de 2011.
Uno de los problemas que plantea Stewart para lograr la captura de El Chapo es la estructura que él e Ismael El Mayo Zambada han construido alrededor del cártel de Sinaloa, “han tenido a los agentes de policía y militares, políticos, periodistas y jueces en su nómina durante años e incluso décadas”.
Todos los cárteles mexicanos, añade el texto, emplean “halcones” que proporcionan a sus amos la alerta temprana de aplicación de la ley o la actividad de los cárteles rivales. Muchos de esos “halcones”, dice, están en el más alto rango de la nómina del gobierno y ese es otro factor que entorpece su captura.
“Este miedo a ser vinculado a una figura como la de Guzmán, sirve como un fuerte elemento de disuasión a su arresto”, apunta el artículo.
Algo como esto podría influir en la elección presidencial del 1 de julio, añade. “Ningún político mexicano quiere convertirse en el próximo Raúl Salinas de Gortari, hermano del expresidente Carlos Salinas de Gortari quien, alega el gobierno de los Estados Unidos, hizo cientos de millones de dólares en dinero sucio, la mayor parte de las figuras del cártel.
“La detención de Raúl Salinas en 1995 por asesinato, los cargos de lavado de dinero posteriores que se le imputan, y preguntas acerca de lo que su hermano Carlos sabía acerca de sus actividades, fueron factores importantes en la elección presidencial de 2000 en la que el PRI perdió”, subraya Stratfor.
Guzmán Loera, ha seguido operando como un traficante de alto nivel en México desde hace décadas y una gran parte de sus operaciones, añade el artículo, ha supuesto sobornos.
Por ejemplo, cita la detención en noviembre de 2008 del zar de las drogas en México, Noé Ramírez Mandujano, acusado de aceptar 450 mil dólares al mes de El Mayo Zambada y los hermanos Beltrán Leyva, alineados en ese momento con el cártel de Sinaloa.
La agencia de seguridad estadunidense plantea que en el supuesto de que El Chapo fuera detenido, podría implicar a un gran número de figuras políticas y empresariales “muy poderosos”.
Pero aún si fuera capturado, “las dinámicas que conducen a los cárteles mexicanos continúan, e incluso otro líder de la organización subiría a ocupar su lugar. Causar la muerte o detención de una persona no será el final de los cárteles criminales en México”.
Incluso si a El Chapo le preocupa que pueda ser asesinado y no capturado como a su exsocio Arturo Beltrán Leyva, dice Stratfor, es posible que Guzmán Loera pueda haber preparado algún tipo de documento que incrimine a gente poderosa en la nómina del cártel de Sinaloa.
“Junto con Zambada, Guzmán ha sido un fugitivo de alto perfil durante tres décadas. No ha sobrevivido tanto tiempo por ser descuidado o estúpido. Sería muy difícil encontrar a un individuo en un corto período de tiempo establecido por cálculos políticos a menos que los responsables ya conozcan su ubicación exacta y hayan optado por no arrestarlo hasta el momento”, sugiere la agencia.
Añade que el gobierno de Calderón y el PAN han luchado con las percepciones del público desde hace algún tiempo por lo que de saber dónde está ya debía haberlo capturado.
Sin embargo refiere que El Chapo es buscado en todo el mundo por grandes equipos de México y agentes de inteligencia de Estados Unidos por lo que no se descarta que pueda ser capturado antes de las elecciones de julio.
Stratfor afirma que cualquier operación para capturarlo debe ser “fuertemente” compartida por temor a que puedan darse a conocer a los “halcones” mexicanos o de Estados Unidos.
El arresto de una figura tan poderosa como El Chapo, concluye Stewart, es casi seguro que se politice por “todas las partes que tratan de utilizarlo para su propio beneficio” que también tratarán de esquivar las conexiones que puedan tener con el cártel de Sinaloa.
“Este entorno servirá para traer más atención a las cuestión de la corrupción y la colusión entre los cárteles y el gobierno y eso podría terminar perjudicando más que beneficiando al PAN en las próximas elecciones presidenciales”, apunta.
Va PGR por cinco exfuncionarios más implicados en el “moreirazo”
Humberto Moreira, expresidente del PRI.
Foto: Octavio Gómez
Foto: Octavio Gómez
MÉXICO, D.F. (apro).- A petición de la Procuraduría General de la República, un juez de Distrito libro hoy cinco órdenes de aprehensión más –van siete– contra igual número de implicados en el sobreendeudamiento del estado de Coahuila, entre los cuales se encuentra un el exoperador financiero del exgobernador Humberto Moreira.
Se trata de cinco exservidores públicos estatales, actualmente prófugos, quienes son acusados de obtener un crédito de mil millones de pesos con documentación apócrifa.
Los implicados son: Miguel Ramón Rodríguez Flores (extitular de la Tesorería General de Coahuila); Héctor Javier Villarreal Hernández (exsecretario ejecutivo del Servicio de Administración Tributaria y brazo derecho del exgobernador Humberto Moreira); Sergio Ricardo Fuentes Flores (exadministrador general de Políticas Públicas del Satec); Juan Manuel Froto García (exdirector general del Fondod e Garantías para el Impulso de la Micro Empresa), y Enrique Ledezma Sánchez (exsubadministrador de Políticas Públicas del Satec).
En conferencia de prensa, el subprocurador de Delitos Federales de la PGR, Irving Barrios Mójica, explicó que en la indagatoria número UEIDFF/FINN17/330/2011 se encuentran relacionados dos exfuncionarios de la Secretaría de Hacienda: Jaime René Jiménez Flores (exdirector de Deuda Pública de Entidades y Municipios de la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas, y Jorge López Alarcón, exjefe de Departamento por Honorarios, adscrito a la misma unidad.
Ambos exservidores públicos, puntualizó el funcionario de la PGR, se encuentran detenidos desde el pasado jueves 2 en el Reclusorio Norte de esta ciudad.
Sobre el exgobernador y exdiirgente nacional del PRI, Humberto Moreira, Barrios Mójica subrayó que hasta el momento no ha sido citado a declarar, aunque aclaró que no se descarta que él y otros funcionarios tengan que rendir su declaración ministerial por la megadeuda contratada ilegalmente.
De acuerdo con la PGR, los exfuncionarios coahuilenses tramitaron el crédito por mil millones de pesos “al presentar en el banco del Bajío documentación falsa, consistente en un decreto en el que supuestamente el H. Congreso de Coahuila autorizaba al gobierno a endeudarse y que se afectarán en garantía de pago los ingresos de las participaciones federales”.
Según la indagatoria, el 16 de diciembre de 2010 se firmó el contrato de crédito simple y el 14 de febrero de 2011 exservidores públicos de la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas de la SHCP, en complicidad con los servidores públicos de Coahuila, usaron un sello falso y alteraron el contrato respectivo, sentando que el crédito había sido inscrito en el registro de Obligaciones y Empréstitos de la SHCP, lo que originó que la institución bancaria liberara los recursos el 18 y el 24 de febrero de 2011, con lo cual se puso en “peligro el bien jurídico tutelado por la norma penal consistente en el patrimonio de la institución de crédito y en consecuencia su estabilidad”.
Se trata de cinco exservidores públicos estatales, actualmente prófugos, quienes son acusados de obtener un crédito de mil millones de pesos con documentación apócrifa.
Los implicados son: Miguel Ramón Rodríguez Flores (extitular de la Tesorería General de Coahuila); Héctor Javier Villarreal Hernández (exsecretario ejecutivo del Servicio de Administración Tributaria y brazo derecho del exgobernador Humberto Moreira); Sergio Ricardo Fuentes Flores (exadministrador general de Políticas Públicas del Satec); Juan Manuel Froto García (exdirector general del Fondod e Garantías para el Impulso de la Micro Empresa), y Enrique Ledezma Sánchez (exsubadministrador de Políticas Públicas del Satec).
En conferencia de prensa, el subprocurador de Delitos Federales de la PGR, Irving Barrios Mójica, explicó que en la indagatoria número UEIDFF/FINN17/330/2011 se encuentran relacionados dos exfuncionarios de la Secretaría de Hacienda: Jaime René Jiménez Flores (exdirector de Deuda Pública de Entidades y Municipios de la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas, y Jorge López Alarcón, exjefe de Departamento por Honorarios, adscrito a la misma unidad.
Ambos exservidores públicos, puntualizó el funcionario de la PGR, se encuentran detenidos desde el pasado jueves 2 en el Reclusorio Norte de esta ciudad.
Sobre el exgobernador y exdiirgente nacional del PRI, Humberto Moreira, Barrios Mójica subrayó que hasta el momento no ha sido citado a declarar, aunque aclaró que no se descarta que él y otros funcionarios tengan que rendir su declaración ministerial por la megadeuda contratada ilegalmente.
De acuerdo con la PGR, los exfuncionarios coahuilenses tramitaron el crédito por mil millones de pesos “al presentar en el banco del Bajío documentación falsa, consistente en un decreto en el que supuestamente el H. Congreso de Coahuila autorizaba al gobierno a endeudarse y que se afectarán en garantía de pago los ingresos de las participaciones federales”.
Según la indagatoria, el 16 de diciembre de 2010 se firmó el contrato de crédito simple y el 14 de febrero de 2011 exservidores públicos de la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas de la SHCP, en complicidad con los servidores públicos de Coahuila, usaron un sello falso y alteraron el contrato respectivo, sentando que el crédito había sido inscrito en el registro de Obligaciones y Empréstitos de la SHCP, lo que originó que la institución bancaria liberara los recursos el 18 y el 24 de febrero de 2011, con lo cual se puso en “peligro el bien jurídico tutelado por la norma penal consistente en el patrimonio de la institución de crédito y en consecuencia su estabilidad”.
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