Magistrados electorales en la mira
Alejandro Luna Ramos, presidente del TEPJF.
Foto: Octavio Gómez
Foto: Octavio Gómez
MÉXICO, D.F. (Proceso).- La única manera de garantizar que el Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) tome en serio los alegatos
y las pruebas presentadas por el Movimiento Progresista en contra de la validez
de la elección presidencial sería por medio de una vigorosa y pacífica presión
social. Ni siquiera se había realizado el conteo distrital oficial del Instituto
Federal Electoral (IFE) cuando el magistrado presidente Alejandro Luna Ramos ya
había descalificado la eventual impugnación de Andrés Manuel López Obrador al
afirmar que “no se gana en la mesa lo que no se gana en las urnas”. La
magistrada María del Carmen Alanís también tiene claros antecedentes de
parcialidad a favor del PRI y Enrique Peña Nieto. Su vergonzoso papel en el
fallo que exculpó a Peña Nieto de cualquier responsabilidad en la transmisión
nacional de los spots de su V informe de gobierno en 2010 es apenas un pequeño
botón de muestra.
Es falso que toda la carga de la prueba se encuentre del lado de quienes
impugnen los resultados de la elección. Así como López Obrador debe ofrecer
evidencia que sustente sus acusaciones con respecto a la defraudación de la
voluntad popular, tanto el IFE como el TEPJF también tendrían que demostrar sus
dichos sobre la supuesta limpieza del proceso electoral. No sería ni
jurídicamente ni políticamente aceptable que los magistrados se limitaran a
simplemente desechar y desestimar los argumentos del Movimiento Progresista. Si
quieren producir un fallo que sea no solamente legal, sino también reconocido
como legítimo por la población, los juzgadores electorales deben esclarecer la
verdad sobre el proceso electoral.
El TEPJF cuenta con amplias facultades para discernir si la elección
presidencial cumplió cabalmente con el principio de “autenticidad” plasmado en
el segundo párrafo del artículo 41 de la Constitución. Por ejemplo, de acuerdo
con el artículo 14 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en
Materia Electoral (LGSMIME), el TEPJF puede “ordenar el desahogo de
reconocimientos o inspecciones judiciales, así como de pruebas periciales”. El
artículo 21 de la misma ley señala que el presidente del TEPJF de manera
unilateral cuenta con la facultad de “requerir a las autoridades federales,
estatales y municipales, así como a los partidos políticos y particulares,
cualquier elemento o documentación que, obrando en su poder, pueda servir para
la sustanciación y resolución de los medios de impugnación”. El mismo artículo
autoriza al magistrado presidente a “ordenar que se realice alguna diligencia o
que una prueba se perfeccione o desahogue”. El artículo 23 también ordena al
TEPJF “suplir las deficiencias u omisiones en los agravios” incluidos en el
juicio de las partes. Y el artículo 9 señala que el TEPJF está obligado a
requerir las pruebas solicitadas por las partes pero que no hayan sido
entregados a tiempo por las instituciones correspondientes, como el IFE, la
FEPADE o la Secretaría de Hacienda.
En otras palabras, si los magistrados deciden no llegar al fondo de los casos
de Soriana y de Monex y se hacen de la vista gorda ante el evidente sesgo
mediático y el fraude de las encuestadoras, no será porque no pueden hacerlo,
sino porque simplemente no quieren. Tal actitud podría ser conveniente desde el
punto de vista de cuidarle el “triunfo” a Peña Nieto, pero podría costarle muy
caro al país si el desenlace es otro presidente sin la legitimidad social
requerida para emprender las grandes reformas institucionales necesarias para
salvar al país del naufragio.
También es falso que la única vía para invalidar la elección de Peña Nieto es
por medio de la anulación de 25%, o aproximadamente 35 mil casillas electorales.
Aun si no se lograra alcanzar esta meta, posteriormente, a la hora de emitir su
“Dictamen de Validez”, o en su caso de “Invalidez”, el TEPJF podría desechar la
elección en su totalidad por la existencia de violaciones generalizadas a los
principios constitucionales de legalidad, equidad, libertad del sufragio y
autenticidad, entre otros.
Pero los magistrados electorales ni siquiera considerarán esta opción si la
sociedad no genera un contexto de exigencia suficientemente fuerte. Hace seis
años los magistrados también fueron sumamente renuentes a esclarecer los
resultados electorales, pero las movilizaciones multitudinarias los obligaron a
recontar casi 10% de las casillas electorales y a emitir un Dictamen de Validez
que por lo menos simulaba tomar en cuenta los alegatos de López Obrador. Ambas
acciones del TEPJF fueron a todas luces insuficientes, pero ninguna hubiera
acontecido sin la fuerte presión social. Hoy se tendría que repetir la
experiencia.
Recordemos que supuestamente vivimos en un régimen democrático que protege la
libertad de expresión y el derecho de asociación. Por ejemplo, el artículo 9 de
la Constitución señala claramente que “no se considerará ilegal y no podrá ser
disuelta una asamblea o reunión que tenga por objeto hacer una petición o
presentar una protesta por algún acto a una autoridad”. Asimismo, el artículo 8
de la Carta Magna protege el derecho de petición de todos los ciudadanos. Más
allá de tomar las calles, los ciudadanos también deberían inundar a las
instituciones electorales con reportes, denuncias y reclamos por escrito que
demuestren su inconformidad y exijan a las autoridades a cumplir con sus
obligaciones constitucionales.
En el México de hoy, de vastas desigualdades sociales y poderes fácticos
avorazados, la confianza ciega constituye el perfecto caldo de cultivo para la
irresponsabilidad y la parcialidad institucionales. Cuando la sociedad deja de
vigilar a los jueces y a los servidores públicos, éstos normalmente aprovechan
para concretar pactos inconfesables. Así como Peña Nieto, López Obrador y
Josefina Vázquez Mota firmaron un “pacto de civilidad” antes de las elecciones
del 1 de julio, habría que exigir al IFE, la FEPADE y el TEPJF que firmen un
nuevo “pacto en defensa del interés público” para hacer todo lo legalmente
posible para depurar un proceso electoral que muy probablemente ha sido uno de
los más turbios en la historia reciente.
El Colibrí y los feminicidios en el Edomex
El procurador de Justicia del Estado de México,
Alfredo del Castillo.
Foto: David Deolarte
Foto: David Deolarte
MÉXICO D.F. (apro).- “No se trató de un ataque del crimen organizado… es sólo
una pandilla. Tenemos nombres, apellidos, fotografías, retratos hablados y hasta
direcciones de los responsables”, afirmó, enfático, el procurador mexiquense
Alfredo del Castillo, en una ronda de entrevistas que realizó en los últimos
días frente a la conmoción en la opinión pública por la violación y los abusos
sexuales contra 7 jóvenes, la mayoría menores de edad, en el paraje El Colibrí,
en la frontera entre Chalco e Ixtapaluca.
Del Castillo, famoso por litigar mediáticamente los casos más polémicos en el
Estado de México, como el de la niña Paulette, soltó también en entrevista con
Milenio TV que éste no era el primer ataque de la “pandilla”. Incluso, mencionó
que ya habían atacado antes a un grupo de alpinistas y violado a dos mujeres.
Afirmó que cuatro de los integrantes de este grupo delictivo se encuentran
detenidos.
La pregunta lógica surge después de esta “revelación” del procurador
mexiquense, designado por Enrique Peña Nieto en 2010: si ya sabían las
autoridades ministeriales la actividad de esta “pandilla” ¿por qué no la
desarticularon?, ¿por qué permitieron que siguieran actuando?, ¿por qué la
administración mexiquense en la procuración de justicia, sobre todo, en relación
con los delitos sexuales contra mujeres, se caracteriza por la indolencia y la
negligencia?
Mientras Del Castillo daba su ronda de entrevistas en medios electrónicos
–incluso este mismo 17 de julio- un juez federal ordenó la liberación del único
detenido, presunto implicado en el ataque. El juez argumentó que la Procuraduría
General de Justicia del Estado de México no consignó la carpeta de investigación
y, por esta razón, el presunto culpable, cuya identidad se mantuvo en reserva,
quedó libre.
Si la procuración de justicia mexiquense mantiene este mismo nivel de
ineficacia, el paraje de El Colibrí puede convertirse en otro símbolo ominoso
para la entidad que gobernó Peña Nieto.
En El Colibrí 91 jóvenes pertenecientes al Movimiento de Juventudes
Cristianas realizaron un campamento desde el 9 de julio. El jueves 12 fueron
atacados por una pandilla formada por 12 sujetos, según los testimonios
aportados en medios electrónicos por las propias víctimas. Con lujo de detalles
las jovencitas dieron cuenta del menosprecio por la condición de género de cada
una de las víctimas.
Sólo el escándalo generado por este suceso provocó que el gobernador Eruviel
Avila ordenara la inmediata atención y el procurador Del Castillo retornara a
las pantallas televisivas y a las estaciones de radio a litigar mediáticamente
sin que haya logrado demostrar su eficacia.
El Colibrí no es un caso aislado en el contexto del Estado de México.
Precisamente este 17 de julio se discute en Nueva York, en el seno del Comité de
la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra
la Mujer (CEDAW), la situación de los feminicidios, levantamientos y abusos
sexuales en contra de mujeres en el Estado de México y en el gobierno
federal.
El Estado de México generó la atención internacional precisamente por los
abusos sexuales cometidos contra las manifestantes detenidas en San Salvador
Atenco, en mayo de 2006, atribuidos a agentes de la policía mexiquense, tal como
consigna la reportera Gloria Leticia Díaz en la edición de Proceso que empezó a
circular esta semana(número 1863).
En el Estado de México, las organizaciones no gubernamentales han
contabilizado 922 homicidios de odio hacia las mujeres desde enero de 2005 hasta
agosto de 2010, periodo que comprende el gobierno de Enrique Peña Nieto,
presunto triunfador de las elecciones presidenciales de este año.
El intento de minimizar o relativizar los crímenes de odio contra las mujeres
mexiquenses ha sido una constante desde su gobierno y con la administración de
Eruviel Ávila. Tal como ha sucedido durante casi dos décadas en Ciudad Juárez,
Chihuahua.
El procurador Alfredo del Castillo negó en marzo de 2010 que la mayoría de
los homicidios contra mujeres formen parte de un patrón feminicida. Según él, el
30 por ciento de este tipo de delitos son producto de “violencia doméstica” y ya
están resueltos.
Del resto de los crímenes, Del Castillo “nos dijo que se tenía información de
que las mujeres asesinadas tenían oficios de riesgo, que eran sexoservidoras”,
según reveló María de la Luz Estrada, activista del Observatorio Nacional
Ciudadano contra el Feminicidio, entrevistada por Gloria Leticia Díaz.
Si el caso de El Colibrí se convierte en un expediente más de negligencia e
incapacidad para atender la impunidad de los feminicidas en el Estado de México
estaremos confirmando un modus operandi de una clase política que presume su
odio hacia las mujeres.
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