Constantes cambios en montos y plazos de contrataciones
Entrega revisión fiscal de 2010; detecta desviación de fondos para el agro
Cuenta Pública 2010
Recurrente boquete al erario por aumento de costos en proyectos de infraestructura de Calderón: ASF
En informe entregado ayer en San Lázaro destaca desvíos en recursos para el campo
Portal menciona contratos hechos por Molinar en el IMSS que no tuvieron utilidad
Juan Manuel Portal, titular de la ASF, presentó en la Cámara de Diputados el informe sobre los resultados de la Cuenta Pública 2010Foto María Meléndrez Parada
Enrique Méndez y Roberto Garduño
Periódico La Jornada
Jueves 16 de febrero de 2012, p. 2
Jueves 16 de febrero de 2012, p. 2
Durante el ejercicio fiscal de 2010, el gobierno de Felipe Calderón afectó a la sociedad y repercutió en el presupuesto federal al aumentar recurrentemente el monto de los proyectos de inversión en obras de infraestructura, destaca el Informe de Resultados de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2010.
El documento revela también un problema estructural en el gasto destinado al campo, pues señala que más de 50 organizaciones corporativas de productores desvían el dinero destinado a aliviar la pobreza y la marginación, privilegiando fines distintos a los programas gubernamentales.
Juan Manuel Portal, titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), entregó a la presidenta de la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados, Esthela Damián Peralta, los resultados de la fiscalización, e hizo mención puntual de Juan Molinar Horcasitas, quien se desempeñaba como director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en 2007 –hoy es secretario de elecciones del PAN–, cuando firmó el contrato multianual con la empresa Tata Consultancy, del que se desprenden irregularidades e inconsistencias.
Molinar signó un contrato por 3 mil millones de pesos con dicha empresa para que se aplicara un programa de sistemas en informática. Fue Juan Guerra Ochoa, entonces diputado federal del PRD, quien descubrió que el monto original se incrementó en 60 por ciento. Ayer el auditor confirmó que sobre el caso pesa la duda:
“En el caso que menciona usted sobre Molinar Horcasitas, creo que se refiere a la contratación de un servicio informático, por medio de una empresa, con un monto muy importante, donde la revisión que hemos llevado a cabo nos demuestra que hay una serie de inconsistencias e irregularidades en algunos casos. Dentro de todos los proyectos que contiene este contrato, algunos se cancelaron antes de que pudiera ser concluido el servicio.
O sea, es un pago de algo que no va a tener utilidad. Otros proyectos que incluye ese servicio son algunas propuestas que hace el prestador. No se tiene claridad sobre la forma en que se determinó el monto del contrato; no hay modo de medir la eficacia, la eficiencia, el contenido y la utilidad de los servicios.
La revisión del contenido de la Cuenta Pública 2010 se determinó por 9 mil 39 observaciones, que generaron la promoción de 10 mil 778 acciones, de las cuales 6 mil 935 fueron de tipo preventivo y 3 mil 843 de carácter correctivo, expuso el funcionario.
Ese universo –dijo– contiene problemas estructurales en el manejo de los recursos públicos federales. “En primera instancia, la problemática existente en los programas de apoyo y subsidios en sectores como el campo, donde se ha previsto la utilización de intermediarios que no han contribuido –en diversos casos– al establecimiento de medidas de control, transparencia y rendición de cuentas sobre la manera en que se utilizan los recursos federales asignados. Los beneficios de estos mecanismos no son evidentes, y se puede concluir que, en algunos casos, se privilegian fines distintos para los cuales fueron creados los programas, presentándose diversos esquemas, mediante los cuales se evade la correcta comprobación de los fondos, como la presentación de documentación presuntamente apócrifa.”
El auditor ubicó en los proyectos de infraestructura modificaciones recurrentes respecto de las previsiones originales, que resultaron en incrementos sustanciales en los montos de inversión, y aumento en el plazo de contratación, ejecución y puesta en marcha. Los efectos de esta problemática –destaca– conllevan repercusiones sociales y económicas que afectan, en primer término, a la sociedad, al no contar oportunamente con los beneficios de las obras, y al erario, por la generación de sobrecostos en relación con los presupuestos autorizados.
La ASF ha llevado a cabo un diagnóstico sobre las causas que originan el crecimiento en los costos y en los tiempos; nuestra conclusión es que el principal elemento que detona los desfasamientos en las obras lo constituyen las serias deficiencias y modificaciones al proyecto ejecutivo.
La auditoría aplicada al sistema integral para la gestión administrativa (SIGA) y al fondo de modernización inmobiliaria del Instituto Federal Electoral (IFE) fueron consideradas
irregularespor la ASF; no obstante, no se afectará el proceso comicial del presente año.
“…desde la adquisición del SIGA, en diciembre de 2009, hasta el cierre del ejercicio fiscal de 2010, el IFE erogó 70.7 millones de pesos relacionados con el sistema, el cual estaba programado para entrar en operación en noviembre 2010, lo que no había ocurrido al cierre de 2011, por tanto, se pagaron servicios que no se utilizaron o recibieron por 27.5 millones de pesos, correspondientes a licencias, soporte extendido y módulos del sistema, entre otros.
“El 20 de diciembre de 2010, el IFE determinó crear un fondo de modernización inmobiliaria para llevar a cabo las acciones del plan inmobiliario 2010-2011, para la construcción, adecuación, remodelación, ampliación y adquisición de edificios.
La autorización para la creación de dicho fondo fue irregular, ya que no se debían destinar recursos de su presupuesto de 2010 para la adquisición de inmuebles, además, al 31 de diciembre de 2010, el fondo no se había constituido. No obstante, el IFE registró recursos del supuesto fondo como presupuesto devengado, ejercido y pagado sin existir una obligación de liquidación a terceros, por lo que la ASF determinó que el instituto debe reintegrar los 348 millones 300 mil pesos que se destinarían a dicho fondo, con sus respectivos intereses.
El análisis de siete años de funcionamiento del programa Enciclomedia –impulsado denodadamente por Vicente Fox– advierte que éste continúa con deficientes mecanismos de control, supervisión y seguimiento de los bienes y servicios contratados.
“Asimismo, se carece de indicadores para evaluar el impacto del programa en la calidad de la educación básica del país…la SEP no acreditó que los prestadores de servicios garantizaron en forma íntegra los consumibles en 125 mil 562 aulas, o en su caso la documentación que comprobara que la SEP realizó el descuento por 558 millones de pesos”.
Por lo que hace al Programa Habilidades Digitales para Todos, empezó a operar en 2009 mediante la ministración de 771 millones 500 mil pesos a los 31 estados de la República, y en 2010 con equipamiento y conectividad. Sin embargo, no se devengaron 150 millones y 87 más, respectivamente, en incumplimiento del reglamento, ya que en su carácter de subsidios, éstos corresponden a un programa sujeto a reglas de operación que obliga a las entidades federativas a reintegrar a la Tesorería de la Federación los recursos no ejercidos.”
Defensores de derechos denuncian negligencia y demora para auxiliar a los reclusos
Militares resguardan a médicos forenses que hacen un recuento de los reclusos que murieron calcinados o asfixiados en el penal de Comayagua, en el centro de Honduras. Organizaciones internacionales reclamaron una revisión del sistema penitenciario de ese país. Los reos que lograron salir de sus celdas fueron sorprendidos por disparos al aire de los guardias que, según testimonios, creyeron que era un intento de fuga Foto Ap
Porfirio Lobo separa de cargos a mandos penitenciarios para garantizar una investigación
Arde un penal sobrepoblado en Honduras; mueren más de 370 reos
Se ignoran las causas del siniestro; un prisionero lo habría provocado, según testigos
Familiares y activistas denuncian negligencia
Aparte del fuego los internos sorteaban disparos
Afuera del penal de Comayagua, 90 kilómetros al norte de Tegucigalpa, se repitieron escenas de crisis nerviosas de familiares de internosFoto Ap
Afp, Dpa, Pl y Reuters
Periódico La Jornada
Jueves 16 de febrero de 2012, p. 28
Jueves 16 de febrero de 2012, p. 28
Tegucigalpa, 15 de febrero. Más de 370 reos murieron hoy calcinados o asfixiados en un incendio en el penal de Comayagua, en el centro de Honduras, en la peor tragedia ocurrida en prisiones hondureñas y del mundo en la última década. El suceso provocó reacciones de consternación y solidaridad de numerosos países y organizaciones internacionales y la exigencia de revisión del sistema penitenciario.
Hay más de 350 muertos, es un aproximado, no descartamos que sean más, pero estamos trabajando para verificar y dar información exacta de la cifra de esta tragedia, declaró el ministro de Seguridad, Pompeyo Bonilla.
Al cierre de esta edición la policía nacional ubicó el número de muertos en 377.
Esto ocurrió en una cárcel concebida para 400 personas pero que albergaba a 852 reclusos.
El comisionado de Derechos Humanos, Ramón Custodio, dijo en un principio que faltaban 357 reclusos cuando se pasó lista para verificar a los sobrevivientes.
Cuerpos calcinados abrazados a los barrotes, al parecer víctimas de la demora de los guardias en abrir las celdas, fue la escena descrita por reclusos sobrevivientes, forenses y autoridades que ingresaron al amanecer a la prisión, ubicada 90 kilómetros al norte de Tegucigalpa y cercana a la base militar estadunidense de Palmerola.
Mi hijo se asfixió ahí. Los guardias no les abrieron la puerta para que murieran quemados. Si hubieran abierto se hubieran salvado. Había una gran balacera cuando los reos desesperados querían salir, denunció Johel Leonidas Medina.
Otros familiares dijeron que habían entrado a la fuerza al penal tras enfrentar a la policía a pedradas para conocer la situación de los reos.
Activistas denunciaron negligencia y demoras en abrir las puertas de las celdas.
Se debe hacer una investigación exhaustiva, dijo a la prensa Andrés Pavón, presidente del Comité para la Defensa de los Derechos Humanos en Honduras.
Aterrados por las llamas, los reos que lograron salir de sus celdas debieron además sortear disparos al aire de los guardias que, según testimonios, creyeron que se encontraban frente a un intento de fuga, en cuya entrada está inscrita la frase
hágase justicia aunque el mundo perezca.
Algunos presos dijeron haber saltado techos y muros para escapar del fuego y decenas resultaron lesionados.
El siniestro habría comenzado a eso de las 22:50 (hora local) del martes por causas aún desconocidas, y fue controlado por los bomberos unas tres horas después, ya en la madrugada de este miércoles.
Llegamos 10 minutos después de que comenzó el incendio pero no entramos porque los guardias lo impidieron, dijeron los bomberos. A su vez, los vigilantes argumentaron que cumplían con el protocolo de seguridad.
Las autoridades manejaban varias hipótesis sobre las causas del siniestro, entre las que mencionaban un cortocircuito en el sistema eléctrico y que fue provocado de manera intencional.
El gerente regional de la estatal Empresa Nacional de Energía Eléctrica, Fidel Torres, negó que el incendio se haya originado en los cables de baja tensión al interior del penal y argumentó que estaban en buen estado. A su vez, un funcionario del Ministerio Público, que no quiso ser identificado, dijo que al menos ocho reos declararon que otro preso prendió fuego a un colchón.
En un mensaje al país en cadena de radio y televisión, el presidente Porfirio Lobo anunció la separación temporal de las autoridades penitenciarias para garantizar una investigación eficaz de las causas del incendio.
Haremos todo para determinar qué provocó esta lamentable e inaceptable tragedia, para deslindar responsabilidades. Adelantó que se creará una comisión independiente.
“A las 11:10 recibí una llamada de un interno. Me dijo que otro reo había dicho: ‘voy a meter fuego a esto y nos vamos a morir todos’. Y le metió fuego y nos estamos quemando, nos estamos muriendo todos”, relató la gobernadora del departamento hondureño de Comayagua, Paola Castro.
Honduras es considerado el país más violento del mundo, con una tasa de homicidios anual de 82 por cada 100 mil habitantes. El narcotráfico lo ha transformado en ruta alternativa para el trasiego de droga hacia Estados Unidos y sufre el azote de las maras o pandillas.
Otro hecho similar ocurrió en la cárcel de San Pedro Sula en mayo de 2004, cuando un incendio dejó 107 reos muertos.
Trasladan cuerpos de Comayagua a Tegucigalpa
En horas de la tarde los cuerpos de las víctimas comenzaron a ser trasladados a la capital, Tegucigalpa, en contenedores refrigerados que facilitó Estados Unidos. La mayoría de los países latinoamericanos expresaron muestras de solidaridad al gobierno hondureño y su pueblo, incluido México.
El secretario de la Organización de Estados Americanos, José Miguel Insulza, pidió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) enviar una delegación a Honduras para investigar el incendio. Amnistía Internacional instó a Honduras a mejorar las condiciones carcelarias, en tanto que Human Rights Watch urgió a
revisarel sistema penitenciario y poner fin al hacinamiento.
A su vez, los 34 delegados de los países que asistirán en abril a la sexta Cumbre de las Américas, reunidos desde el pasado lunes en la ciudad colombiana de Cartagena, enviaron hoy sus condolencias a las familias de las más de 370 víctimas del incendio, informaron voceros oficiales.
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