Los de Abajo- Un Libera para México- Sobre la nueva reforma educativa-

Los de Abajo

Autodefensa contra la delincuencia

Gloria Muñoz Ramírez

Las complicidades del crimen organizado con los diferentes niveles de gobierno y el hartazgo de las comunidades de muchos estados del país, como Michoacán y Guerrero, por mencionar sólo dos, que están a merced de las bandas de delincuentes, las ha llevado a la autodefensa y a la organización de la seguridad de sus pueblos.

 

La policía comunitaria de la Montaña y Costa Chica de Guerrero es una de las experiencias más notables en cuanto a la organización de su defensa, desde 1995. En los meses recientes se ha visibilizado la disputa de este territorio por el narco, el gobierno del estado y tendencias organizativas cercanas a las instituciones gubernamentales. La autonomía, sin embargo, prevalece en la autodefensa.

En Michoacán, en abril de 2011, el pueblo de Cherán protagonizó un levantamiento contra los talamontes y el crimen organizado que asolaba a la comunidad desde hace tres años, experiencia que se expandió por otros pueblos de la meseta purépecha. Urapicho es una de estas comunidades. Y esta semana los pobladores retomaron las barricadas.

Urapicho, ubicada en el municipio de Paracho, demandó, de manera paralela a su autodefensa, la instalación de una Base de Operaciones Mixtas (BOM) integrada por elementos del Ejército Mexicano, la Secretaría de Seguridad Pública, la Policía Federal y la procuraduría estatal, la cual se ubicó en octubre de 2012, pero fue retirada el 8 de enero de 2013, y los comuneros, inconformes, retuvieron al día siguiente y por algunas horas a funcionarios municipales para exigir el regreso de las fuerzas policiales y militares. El acuerdo al que se llegó fue que las otras BOM cercanas ampliarán su acción para abarcar al municipio. Además, el gobierno estatal capacitará a la policía municipal y entregará una patrulla.
 

Urapicho, Sevina, Comachuén y Turicuaro son algunos de los pueblos de la meseta purépecha que son víctimas de la delincuencia, los malos, como se les nombra en Michoacán, estado en el que se echó a andar el programa de militarización de Felipe Calderón y donde, lamentan los pobladores, la delincuencia lejos de disminuir se incrementó en todos los pueblos.

 

Cada pueblo que emprende su autodefensa sigue historias y dinámicas propias. Lo que sucede en Urapicho no es lo mismo que en Cherán, y mucho menos es igual a los que se organiza en Guerrero, aunque las motivaciones sean las mismas.

 

losylasdeabajo@yahoo.com.mx. - http://desinformemonos.org

 La izquierda de la derecha-Helguera

ahelguera@jornada.com.mx

Un Libera para México

Arturo Alcalde Justiniani

¿Sabía usted que tan sólo en cinco años el gobierno federal ha asegurado a la delincuencia organizada doscientos cuarenta y tres mil bienes, entre ellos, aeronaves, embarcaciones, vehículos y dos mil inmuebles? ¿Se imagina lo que podría lograrse sí dichos bienes fuesen utilizados para crear fuentes de trabajo, centros educativos, apoyos para jóvenes y para beneficio de las víctimas de la delincuencia?

 

Muchos de los bienes incautados terminaron en lotes rematados que recuperaron una mínima parte de su valor, habiendo muy poca transparencia sobre el proceso de liquidación y asignación de los mismos. Por otro lado, es evidente que parte de esos bienes se ven degradados por el abandono sufrido; el hecho real es que no está claro su destino final ni su utilidad social.

En otro país, Italia, desde el año 1995 existe una organización que integra a más de mil 500 grupos y asociaciones, quienes utilizando bienes incautados al crimen organizado han creado cooperativas, escuelas y toda una red social construida bajo el principio de que dichos bienes deben ser usados para el beneficio directo de la sociedad, buscando atemperar el daño que provocan en las comunidades y permitiendo la participación de la sociedad en su administración y destino. Su nombre es Libera.

Libera se ha planteado, entre otros, promover tres objetivos fundamentales: el uso social de los bienes confiscados, la formación de una cultura de la legalidad y la promoción de la memoria por las víctimas de la criminalidad. Entiende que el combate en contra de la delincuencia no se puede dejar sólo en manos de policías y jueces, sino que la sociedad debe tener una participación directa. Para ello, desarrolla un amplio programa que abarca: Libera Escuela, Libera Tierra Productiva, Libera Universidad, Libera Bienes Confiscados, Libera Deporte y Libera Internacional.

Libera ha promovido movilizaciones en distintas partes del país italiano, para recordar a las víctimas de las mafias e invitar a los ciudadanos a participar en su lucha. El pasado 12 de marzo de 2012, convocó para ese fin a más de cien mil personas en Génova. En su discurso insiste en dar un enfoque social a la lucha, con énfasis en el trabajo y en una vigorosa participación y responsabilidad ciudadanas, que permitan acabar con la corrupción y hacer realidad una cultura de respeto a la ley.

Los logros de Libera son inmensos, no se miden sólo en pesos, empleos, conferencias o movilizaciones, sino en el impacto que han logrado en las bases mismas de algunas comunidades. Basta señalar que en materia educativa, tienen celebrados convenios de colaboración con la mayoría de las universidades italianas; en cuanto a la creación de fuentes laborales, han formado una red de cooperativas que producen pastas, vinos, vegetales, aceite de oliva y otros productos que se venden en toda Italia y que se exportan a otros países.
 

Libera, junto con otras organizaciones fue promotora de la Ley 109/96, que obliga al Estado a reutilizar bienes requisados a las organizaciones criminales. En nueve años, esta ley ha permitido destinar a fines sociales más de 2 mil 200 bienes inmuebles con valor de 4 mil millones de pesos. Este esfuerzo social tiene, entre otros antecedentes, la lucha librada por el sindicalista y dirigente político Pío Latorre, asesinado por la Cosa Nostra en 1982.

 

El presidente y fundador de Libera es Luigi Ciotti, un sacerdote progresista con gran prestigio en la sociedad italiana, lo que no significa que la organización tenga carácter confesional. Ciotti, primero fundó la revista Narcomafie, para analizar y generar un diagnóstico sobre el comportamiento del crimen organizado, identificando por un lado, la necesidad de golpearlos en su patrimonio y por el otro, favorecer una participación ciudadana para acompañar la acción de la justicia.

 

Un elemento clave para la formación de Libera fueron los asesinatos, en 1992, de los jueces antimafia Giovanni Falconi y Paolo Borselino. Ciotti señala que este atentado hizo sentir la urgencia de transformar la indignación en acción.

 

Las palabras del fundador de Libera definen su pensamiento: El derecho a la seguridad es fundamental, pero los primeros que tienen ese derecho son los últimos de la fila: los más pobres. Entonces la seguridad es antes que nada, la salud, la educación, la casa, el trabajo; esta es la primera seguridad que nos merecemos y la primera defensa frente a la inseguridad, es la verdad.

 

Consideremos un esfuerzo organizativo semejante en nuestro país para involucrar a la sociedad en el fortalecimiento de una estrategia integral frente al crimen organizado. Quizás lo primero es promover una ley como la italiana. Ellos empezaron con una recolección de firmas. Nosotros podemos hacer lo mismo, pero además, con la gran experiencia que se tiene, no sólo en materia de organización ciudadana frente al tema de la seguridad, sino también en relación con la organización cooperativa y autogestiva, iniciar la presentación de proyectos viables en apoyo a las víctimas de la violencia. Seguramente ellas tendrán mucho que aportar al respecto.

 

Obviamente deben considerarse los avances legislativos contenidos en las leyes de extinción de dominio y protección de víctimas para que tenga un carácter complementario.

 

Sobre la nueva reforma educativa

Enrique Calderón Alzati

El hecho de que uno de los primeros actos del nuevo gobierno fuese el anuncio de una reforma educativa me pareció algo insólito, el que se le diera la importancia protocolaria que se le dio, con un acto público efectuado en el museo que hoy constituye el principal icono de la cultura mexicana, incrementó aún más, para mí, su nivel de impacto, pareciéndome un mensaje inteligente y sensible del grupo que llega al gobierno, con una altísima necesidad de obtener credibilidad y respetabilidad, frente a una nación que fue obligada a aceptar los resultados de una elección que les dio el triunfo, supuestamente con un poco más de la tercera parte de las preferencias, y que nos dejó a muchos con un pésimo sabor de boca, por los imaginativos pero cuestionables métodos usados para ello.

 

Ante esta realidad que hoy tenemos, nos guste o no, los planteamientos que la reforma anunciada contiene, difícilmente podrían ser mejorados; esperando que sus autores hayan medido el tamaño del compromiso en el que han metido al señor presidente y deseando que en verdad lo puedan cumplir por el bien de todos.

La dificultad central, mas no la única, está en que la reforma plantea el final de un conjunto de privilegios y beneficios para un ente que si bien no queda definido explícitamente, todos supimos que se trataba ni más ni menos que del sindicato nacional de maestros o, de manera más precisa, de la cúpula de ese sindicato, cuya existencia misma (la de ese sindicato) carece de razón.

¿Con qué bases se ha permitido hasta ahora la existencia de un sindicato que represente o defienda los intereses de un grupo de trabajadores, frente a 31 organismos estatales y uno federal, que actúan como patrones de esos trabajadores? Que yo sepa no son muchos los casos de un solo sindicato que actúe por cuenta de los trabajadores frente a varias empresas o instituciones. El problema se generó cuando se desconcentraron las responsabilidades y actividades de la SEP, otorgando a cada entidad la operación de sus sistemas de educación básica, sin convocar a los trabajadores de la educación a formar los 32 sindicatos correspondientes y a proceder a disolver el SNTE, o a convertirlo en una confederación de sindicatos.

Considero que si no se hizo así, fue por razones políticas; el gobierno del entonces presidente Carlos Salinas actuó así, buscando mantener el supuesto control de este importante gremio nacional de los profesores, pero al hacerlo así, lo que creó fue un monstruo; la fuerza política del SNTE resultó ser mayor que la de cualquier gobierno estatal, dificultando a los secretarios de Educación de los estados y aun a los mismos gobernadores, negociar las condiciones que les eran impuestas por el líder del SNTE.

De esta manera, el SNTE dejó de ser un ente de carácter laboral para convertirse en un organismo político, sin más objetivos que acrecentar su influencia y poder, lo cual hizo desde luego de manera prodigiosa a costa, claro, de un pequeño precio, el deterioro de la educación. Fue así que el (o la) líder nacional del SNTE quedó investido(a) del poder necesario para imponer a gobernadores, a secretarios estatales y a directores de primer nivel en el gobierno federal. Pareciera que hoy el nuevo gobierno priísta se ha dado cuenta de su error y se prepara a corregirlo; ojalá y lo haga, ello será un buen indicio para un país ávido de ser gobernado de una manera diferente a la empleada durante demasiado tiempo.
 

El segundo punto que deseo mencionar por las dificultades que implica, aunque éstas sean de una naturaleza bien distinta, me parece igualmente lógico y necesario; me refiero al de la autonomía de las escuelas para decidir cómo, cuándo y en qué emplear sus recursos (de los cuales hoy carecen absolutamente). Algo que me ha parecido siempre ilógico que la sociedad acepte como normal, que los directores no puedan contar con los recursos mínimos para mantener sus escuelas limpias, en buen estado y bien equipadas, supuestamente para evitar el mal uso de los recursos asignados a las escuelas, cuál es la lógica que permite poner en manos de un director y un grupo de maestros la integridad física y el futuro mismo de los niños que asisten a su escuela, y al mismo tiempo dudar de su honestidad en el uso de los recursos requeridos para ello.

 

La medida propuesta es técnicamente sencilla y viable, sin embargo requiere de un cambio de actitud de todo el personal administrativo del sector educativo, incluyendo a los propios directores. Lograr su instrumentación habrá de requerir tiempo y un gran esfuerzo para cambiar actitudes e instrumentar toda una serie de procedimientos de logística y de control, las mejoras que ello puede traer al sistema educativo en su conjunto, en materia de calidad de los servicios prestados por las escuelas, lo justifican plenamente.

 

Otro aspecto que me parece necesario mencionar es el referente a la evaluación como un requisito necesario para ingresar al sistema educativo y realizar una actividad docente o académica; sé que un buen número de profesores y aun de académicos con un altísimo grado de respetabilidad bien ganada han puesto en duda la importancia de las evaluaciones, no es mi caso, en lo personal considero que todas las actividades que realizamos los seres humanos debieran ser motivo de evaluaciones que nos permitan mejorarlas. Si una evaluación se hace mal, la solución para mí no es eliminar las evaluaciones, cuando tienen fallas, sino mejorarlas. En mi experiencia como profesor, como maestro y como consultor, me ha resultado penoso encontrarme con profesores dando clase o disfrutando un puesto de maestro, sin una vocación, ni una preparación adecuada para ello. Pero me ha tocado igualmente ver funcionarios que tienen la responsabilidad de dirigir o administrar un proyecto educativo, sin estar preparados para ello, ni estar comprometidos con la consecución de sus objetivos.

 

Por estas y otras razones más, la reforma propuesta me parece un proyecto importante y un compromiso que la nueva administración se ha echado a cuestas, me gustaría que por su trascendencia, el proyecto se realice exitosamente. No ignoro que el secretario de Educación designado para instrumentarla tiene sus asegunes y deja algunas dudas, pero como se dice ahora una cosa es una cosa, y otra cosa es otra ¿O qué, no?

 

México SA

En puerta, reforma fiscal

¿Saldrán ilesos los barones?

El galimatías de Videgaray

Carlos Fernández-Vega

Prometida por Enrique Peña Nieto desde los no lejanos tiempos electorales, la reforma fiscal ha sido delineada por el gobierno federal, así sea en el discurso: quien genere más utilidades que pague más, algo por demás elemental, o, lo que es lo mismo, la esencia misma de la históricamente incumplida legislación vigente, esto es, equidad y más equidad a la hora no sólo de pagar impuestos, sino de cobrarlos y, sobre todo, de gastarlos.

 

Más allá de que en el camino se topará con no pocos escollos de parte del intocado gran capital, y del enredado concepto que de la política económica peñanietista hiciera en la clausura del Foro México 2013, el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, explicó así de qué se trata: necesitamos una reforma fiscal, una reforma que le dé al Estado mexicano en su conjunto, no sólo al gobierno federal, sino también a los estados y los municipios, la capacidad financiera de cumplir con sus obligaciones para generar educación, salud, infraestructura; es decir, esta economía democratizadora de la productividad. Claro, una reforma que nos dé competitividad y que sea justa, en la que quien genere más utilidades pague más. Contribuir al gasto público es parte esencial de la definición de ciudadanía: quien tiene más tiene que contribuir más. A través de una reforma justa, hagamos de la política fiscal un instrumento de redistribución del ingreso y redistribución de la riqueza.

Antes de continuar con el tema fiscal, vale mencionar la reconceptualización, por llamarle así, del nuevo gobierno en torno a la política económica. Dijo Videgaray: ¿de qué se trata entonces la política económica? De democratizar la productividad. Tenemos que hacer una agenda de cambios, de reformas que sean democratizadoras de la productividad. Democratizar la productividad significa democratizar el capital humano. Pero no sólo eso: también se democratizarán la innovación, el acceso a la energía, el acceso a la tecnología de la información, el crédito, la posibilidad de emprender y las oportunidades económicas. Más nítido el aire (no el de la ciudad de México, desde luego), pero los habitantes de esta República de discursos agradecerán profundamente a quien sea tan amable de intentar explicar el democratizador galimatías del flamante secretario de Hacienda.

Por cierto, para no ir más lejos un ejemplo concreto de cómo se democratizan las cosas en México está en la reprivatización de la banca (1991-1992), cuando el entonces inquilino de Los Pinos, Carlos Salinas de Gortari, y su secretario de Hacienda, Pedro Aspe, informaron a los mexicanos que el objetivo de regresar las instituciones financieras a manos privadas no era otro que democratizar el capital financiero. Ya se conocen y se padecen las consecuencias de tan noble decisión, y a estas alturas alrededor de 85 por ciento del sistema de pagos que opera en el país está en manos extranjeras. Entonces, no es difícil entender cuál es la verdadera intención gubernamental en eso de democratizar el sector energético.

En fin, retomando el asunto fiscal, Videgaray anuncia como novedad aquello de que pague más quien obtenga más, pero en los hechos ese concepto no sólo está plasmado, sino validado por el Congreso, en la ley fiscal vigente (esto es antes de la reforma), aunque ha sido abiertamente incumplido por cuando menos los últimos siete inquilinos de Los Pinos (Peña Nieto sería el octavo en el turno), quienes por la libre flexibilizaron tal legislación para beneficiar al gran capital, en aras, según justificaron, de fomentar la creación de empleo formal y bien remunerado, el crecimiento económico sustentable y la distribución del ingreso. Más de cuatro décadas después, es obvio que nada de eso se cumplió, mientras los beneficiarios de tal decisión incrementaron sus fortunas como la espuma, y contando.
 

Pero independientemente de la democratización de productividad (y de todo lo demás) que anuncia Videgaray, lo cierto es que el Estado mexicano debe mejorar sustancialmente la recaudación fiscal, porque incluso en la perspectiva más amable (la considerada por la propia Secretaría de Hacienda) el escenario no es nada grato. Por ejemplo, para el periodo 2014-2018 la Secretaría de Hacienda estima que, sin modificaciones a la legislación actual, en términos generales los ingresos públicos se mantendrían en 21.4 por ciento del producto interno bruto, aunque con las siguientes alteraciones particulares: caída en el ingreso petrolero, al pasar de 7.3 a 6.9 por ciento del PIB e incremento en los ingresos tributarios de 9.7 a 10.2 por ciento del PIB.

 

La perspectiva, pues, es el mismo ingreso, pero con mayor población y creciente rezago histórico. En dicho periodo, de acuerdo con la Secretaría de Hacienda, los ingresos tributarios aumentarían medio punto porcentual del producto interno bruto; los petroleros caerían 0.4 puntos; y los no tributarios, al igual que el de los organismos y empresas del sector público, se mantendrían sin alteración alguna, no así el número de habitantes, las urgencias a resolver ni los rezagos a corregir.

 

Sobre este punto, el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados apunta que en los últimos cinco años los principales cambios al marco tributario fueron los siguientes: con relación al ISR durante 2008 a 2009 la tasa se mantuvo en 28 por ciento, a partir de 2010 se incrementó a 30 por ciento; en adición a lo anterior, se limitaron algunas deducciones como el consumo a restaurantes y el tope para deducir automóviles; en materia de IVA, se eliminó la exención a los Repecos y se incrementó, temporalmente, la tasa un punto porcentual (de 15 a 16 por ciento) a partir de 2010; con relación al IEPS, se incrementaron las tasas en bebidas alcohólicas, cervezas y cigarros.

 

Además, se aprobaron nuevos gravámenes a juegos y sorteos en 2008 y telecomunicaciones en 2010. A partir de 2008 se incorporaron dos nuevos gravámenes: el IETU, que inició con una tasa de 16.5 por ciento para quedar en 17.5 por ciento a partir de 2010 y el IDE con una tasa impositiva de 2 por ciento (a partir de 25 mil pesos mensuales) y que a partir de 2010 se incrementó a 3 por ciento (a partir de 15 mil pesos). Así, durante el calderonato las modificaciones al sistema tributario fueron meramente recaudatorias, con mayor impacto entre quienes menos ganan.

 

Las rebanadas del pastel

 

Entonces, ninguna reforma fiscal será exitosa si, como es costumbre, se mantiene intocado al gran capital, por mucho que se democratice la productividad (lo que ello quiera decir), y se limite a proponer cargar el IVA a medicinas y alimentos.

cfvmexico_sa@hotmail.com