PENULTIMATUM- El fin de la reforma agraria en Brasil- Por el fortalecimiento de los derechos de los migrantes

El fin de la reforma agraria en Brasil

Raúl Zibechi

La reforma agraria fue abandonada como política de desarrollo, lugar que ahora ocupa el agronegocio. Con ello llega a su fin un largo ciclo de medio siglo de lucha por la redistribución de la tierra del latifundio improductivo a los campesinos sin tierra, que fue uno de los ejes de todas las políticas de izquierda en el continente. Ironías de la vida, el quiebre de las políticas de reparto de tierras se produce bajo los gobiernos del Partido de los Trabajadores que, en su momento, se distinguió por haber sido el más activo defensor de una reforma agraria radical.

 

El gobierno de Dilma Rousseff está impulsando cambios profundos en el Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria (INCRA) con la finalidad de descentralizarlo para atender a los campesinos con tierra en materia de vivienda, energía eléctrica y asistencia para la producción. Se trata, según un informe del diario O Estado de São Paulo, de la modernización administrativa del INCRA, vinculada a una alteración paulatina del perfil de la reforma agraria que se resume en apoyar la producción integrando a los pequeños agricultores al agronegocio (O Estado de São Paulo, 5 de enero de 2013).

En adelante, el INCRA pierde funciones, entre ellas la potestad de seleccionar a las familias beneficiarias, y buena parte de sus tareas serán asumidas por municipios y ministerios (como el de Desarrollo Agrario, Desarrollo Social y de las Ciudades). El instituto se concentrará en lo que ya viene priorizando: los recursos para desapropiaciones de tierras cayeron 11.5 por ciento entre 2011 y 2012, mientras su presupuesto para asistencia técnica aumentó 123 por ciento.

El conservador diario paulista se congratula de la decisión oficialista: “La idea es cuidar mejor de los asentados en lugar de invertir en la creación de verdaderas favelas rurales, que es en lo que se transformaron muchos asentamientos instalados para dar satisfacción a los llamados ‘movimientos sociales’”.

Que la derecha celebre no llama la atención. Finalmente, desde el comienzo del gobierno Lula, hace justo 10 años, el agronegocio fue una opción contundente del PT, con el argumento de que las exportaciones de commodities ofrecen un amplio superávit comercial que beneficia al país al reducir su vulnerabilidad externa. La reprimarización de la pauta exportadora y el retroceso de las exportaciones industriales no han conseguido convencer a las autoridades para modificar la política de favorecer al agronegocio como locomotora de la economía y convertir la reforma agraria en una política asistencial.

La continua consolidación de esta política coloca en un brete a los movimientos campesinos y sobre todo al MST (Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierra). João Pedro Stedile, de la coordinación nacional, destacó que hay 150 mil familias acampadas luchando por tierra y 4 millones de familias pobres del campo recibiendo el programa Bolsa Familia para no pasar hambre. (Carta Capital, 7 de diciembre de 2013). Además, 85 por ciento de las mejores tierras del país son utilizadas para soya y maíz transgénicos y caña de azúcar; 10 por ciento de los propietarios rurales con más de 500 hectáreas controlan 85 por ciento de la producción agropecuaria destinada a la exportación sin ningún valor agregado.
 

Lo peor es que Brasil responde por 5 por ciento de la producción agrícola mundial, pero consume 20 por ciento de los agrotóxicos del mundo. Según el Instituto Nacional del Cáncer, cada año 400 mil personas contraen esa enfermdad, la mayor parte por consumir alimentos contaminados con agrotóxicos. El 40 por ciento mueren. En paralelo, el relatorio anual de la Comisión Pastoral de la Tierra (CPT) constata que el número de familias asentadas en 2012 es el más bajo desde 1994.

 

La CPT estima también que el agronegocio se consolidó como el modelo preferencial del gobierno para el campo, denuncia el abandono de los pueblos tradicionales, entre ellos las 3 mil comunidades quilombolas (afrodescendientes), donde se ha concentrado la violencia del agronegocio para despojarlos de sus tierras. El mapa de la violencia se incrementa con las grandes obras de infraestructura (represas, puertos) y los proyectos de minería a cielo abierto.

 

En agosto se realizó el Encuentro Unitario de los Trabajadores y Trabajadoras y Pueblos del Campo, de las Aguas y Bosques, que reunió 7 mil personas en Brasilia, pertenecientes a 33 movimientos rurales. Sin embargo, el gobierno no va a modificar su política, como no lo hizo Lula pese a colocarse el gorro con el emblema del MST. También Dilma se comprometió, en el Foro Social Mundial realizado en 2012 en Porto Alegre, en asentar campesinos sin tierra en los nuevos proyectos de irrigación en el noreste que, por el contrario, está ofreciendo a los grandes empresarios exportadores.

 

Son palabras que no se van a traducir en cambios políticos. Para que eso sucediera sería necesaria una nueva oleada de movilizaciones y de movimientos como sucedió en la década de 1970. Pero ahora las políticas sociales y el ascenso social, limitado por cierto, están desarticulando a los movimientos, a los que a lo sumo les ofrecen migajas en forma de créditos para la producción y viviendas. La CPT recuerda en su informe que el Estado ya tomó posición ante el contexto agrario brasileño y que vivimos un tiempo en que es necesario optar por un nuevo modo de pensar y de vivir.

 

Es ahí donde, a mi modo de ver, la experiencia de las comunidades zapatistas tiene algo para enseñarnos. Ya no es posible seguir confiando en el Estado como garante de la alimentación, la vivienda, la educación, la salud y todo aquello que los sectores populares necesitan para sobrevivir. Esa época pasó a la historia, fue enterrada por el capital cuando decidió liberarse del estado de bienestar y de la soberanía nacional como estorbos a la acumulación de capital, hoy acumulación por guerra. Los movimientos que sigan confiando en el Estado para resolver la vida de sus miembros están condenados a perder su carácter de movimientos antisistémicos.

 

 

Penultimátum

Héroes ajusticiados

La estudiante pakistaní Malala Yousafzai tiene 15 años y es heroína y símbolo de la lucha de las mujeres de su país por educarse. Hace cuatro años, la BBC comenzó a divulgar el diario que ella escribía contando las dificultades que tenían para asistir a la escuela. El motivo: el control ejercido desde 2007 por los talibanes en su región, Swat, otrora la más turística por sus bellezas naturales. Los extremistas decretaron que las mujeres no tenían derecho a ir a la escuela. Debían estar en su casa y salir cubiertas de pies a cabeza. También prohibieron la música. No pocas mujeres desafiaron la prohibición y acudían a las escuelas disfrazadas de hombre.

 

La identidad de Malala se conoció en 2009, cuando el ejército recuperó el control de Swat. Entonces el gobierno la condecoró por su valor. Igual hicieron varias organizaciones internacionales. Pero los talibanes la acusaron de espiar contra el islam. Al salir de su escuela, en octubre pasado, un desconocido le disparó en la cabeza. Los talibanes la dieron por muerta y reivindicaron el atentado. No la ajusticiaban, dijeron, por defender la educación, sino porque el Corán dice que la gente que hace propaganda contra el islam debe morir. Incluso los niños. Ella, además, “promovía la cultura occidental e idealizó al mayor enemigo del islam, el presidente Obama.

Malala no murió. Luego de ser atendida en un hospital de Pakistán, la llevaron a Birmingham, Inglaterra, donde especialistas se encargan de su rehabilitación. Además, le harán una cirugía reconstructiva craneana. Como los talibanes dijeron que no descansarían hasta matarla junto con su familia, el gobierno inglés decidió acogerla, mientras el de Pakistán nombró a su papá, que es maestro, agregado en educación en el consulado de Birmingham.
 

Mientras en Pakistán están abiertas las escuelas para mujeres, el pasado diciembre fueron asesinados nueve trabajadores de la campaña para erradicar la polio. Cinco eran mujeres y una apenas tenía 14 años. Por su tarea les pagaban dos dólares. Lo hacían en realidad por solidaridad con los más expuestos a la polio. En dicho país, Nigeria y Afganistán, ese mal sigue siendo un azote.

 

Se atribuye el crimen a grupos islamistas radicales y a caciques de grupos étnicos marginados que califican la campaña de ser un complot de Occidente. Divulgaron que la vacuna contiene puerco o el virus del sida. No olvidar que la CIA patrocinó una campaña de vacunación contra la hepatitis como ardid para dar con el paradero de Osama Bin Laden.

 

En cambio, los líderes religiosos islámicos presidieron manifestaciones y actos religiosos condenando los asesinatos. Lejos de estar haciendo algo malo, esos trabajadores son mártires, porque estaban prestando un servicio a la humanidad y al islam, dijeron.

 

Por el fortalecimiento de los derechos de los migrantes

Jaime Martínez Veloz

E

l pasado 18 de diciembre de 2012 se conmemoró el Día Internacional del Migrante, dándose a conocer algunos datos en la materia por la Organización de Naciones Unidas, de los cuales destacamos algunos.

En 2010 se estimaba que había 214 millones de migrantes y cada día aumenta la cifra. Una de cada 33 personas en el mundo es migrante. Las mujeres representan casi la mitad del total mundial (49 por ciento) y son más numerosas que los varones migrantes en los países desarrollados. Los migrantes enviaron 440 mil millones de dólares a sus países de origen en 2010. Los principales países beneficiados por las remesas son India, China, México, Filipinas y Francia. Los países de donde envían más remesas son Estados Unidos, Arabia Saudita, Suiza y Rusia. En 2000, casi seis de cada 10 migrantes con educación superior que residían en países de la OCDE procedían de países en desarrollo.
México es el primer país origen de migrantes en América Latina, habiendo cambiado sus patrones migratorios: inicialmente viajaban hacia Estados Unidos residentes de zonas rurales, quienes se incorporaban a labores agrícolas en los campos de cultivo de ese país, para regresar posteriormente a sus hogares en México, en una migración de carácter cíclico.
México supera en población migrante a India y China, países con mucha mayor población. Información publicada en agosto de 2012 en El Universal precisa que nuestro país es el principal expulsor de migrantes del mundo, según un informe de la ONU Habitat en su estudio Estados de las ciudades de América Latina y el Caribe 2012. Rumbo a una nueva transición urbana. El estudio refiere que México es el lugar de origen del mayor número de migrantes del mundo (casi 12 millones de mexicanos residen en el exterior, lo que equivale a 10.7 por ciento de su población), además de ser territorio de tránsito para emigrantes de otras nacionalidades.
El principal destino migratorio de los mexicanos es Estados Unidos. Existen estadísticas conforme a las cuales más de 10 millones de habitantes de ese país nacieron en México pero emigraron hacia allá y permanecieron para hacer una nueva vida. Según otra fuente de información, son 11.2 millones de habitantes de Estados Unidos quienes nacieron en México y decidieron radicar en esa nación.
Estos intensos flujos migratorios, cuya magnitud tiende a aumentar también a otros países, considerando que cada vez más mexicanos se incorporan a la globalidad, hace impostergable que se adecue la realidad normativa e institucional relativa a los migrantes mexicanos, y que en el país se cuente con instancias que atiendan la diversa problemática que se genera por la migración –sea ésta regular o irregular– y respondan a las nuevas demandas generadas por una dinámica inédita que ha venido a modificar la realidad social de millones de familias en ambos lados de la frontera.

Para 2011 las remesas enviadas por los migrantes mexicanos fueron del orden de 22 mil 803 millones de dólares, en tanto que hasta septiembre de 2012 las divisas recibidas en el país ascendieron a 17 mil 266.8 millones de dólares, faltando integrarse a esta cifra la información de las divisas recibidas en el último trimestre de 2012 aún no publicada a la fecha por el Banco de México. Esto corrobora que las divisas se han convertido en un motor de la economía mexicana y un canal de ingreso de recursos externos equiparable a los ingresos petroleros e incluso superior a la inversión extranjera directa y al turismo como fuentes tradicionales de captación de divisas provenientes del exterior.

De no ser por las remesas, posiblemente el gobierno federal tendría presiones y problemas sociales, que disminuyen con los envíos provenientes del exterior, que aun siendo de relativamente poca cantidad –un promedio de 300 dólares por mes por cada remesa– contribuyen significativamente al sostenimiento de las familias receptoras. No obstante, las remesas en muchos casos no son seguras, ya que gran parte de los migrantes se encuentran en una situación irregular, condición que los hace vulnerables a las políticas antimigrantes y a la impredecible dinámica de la economía estadunidense.

Desde una perspectiva de derechos humanos, se justifica la existencia de una ley que proteja a nuestros migrantes y sus familias y un organismo especializado que asesore y pueda contribuir al respeto de los derechos humanos de los migrantes mexicanos en Estados Unidos y en cualquier parte del mundo. Bajo el principio de equidad de las leyes, los migrantes de otros países que sufran en México el abuso de la autoridad deben contar con una figura institucional que garantice su integridad y todos los derechos que como seres humanos deben gozar.

El Estado mexicano puede formular una alternativa institucional viable, consistente en la creación de un organismo autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propio, que unifique la acción de las instituciones que atienden a los migrantes y tenga como principal objetivo la protección de los migrantes mexicanos.

Este organismo habrá de brindar a los migrantes –sean nacionales o extranjeros– dentro de nuestro propio país la asistencia para la defensa de los derechos que les otorgan las leyes mexicanas. Fuera del territorio, los emigrantes mexicanos requieren de una defensa especializada que sea acorde con una política nacional que tutele sus derechos y aquellos que les conceden las legislaciones de los países donde se encuentran.