Desde el otro lado
Abuso de poder
Arturo
Balderas
El uso y abuso del poder del que hacen gala algunos
personajes de la vida pública ocupó una vez más las primeras planas de los
diarios la semana pasada. El director del Fondo Monetario Internacional,
Dominique Strauss-Khan, y el ex gobernador de California, Arnold
Schwarzenegger, se vieron envueltos en sendos escándalos: por intento de
violación el primero, y por una relación extramatrimonial el segundo. Ambos
personajes han tenido un papel relevante en sus respectivas actividades y han
aprovechado el estatus de sus cargos para abusar de las mujeres que colaboran o
realizan alguna actividad a su servicio. Straus-Khan intentó violar a una
camarera del hotel donde se hospedaba. Ahora se sabe que, en el pasado, también
abusando de su posición, hostigó a otras mujeres que trabajaban bajo sus
órdenes. Schwarzenegger confesó que tuvo un hijo con la mujer que realizaba
labores domésticas en su residencia. También tuvo problemas por insinuaciones
sexuales con sus colaboradoras. Sus casos no son los primeros y seguramente no
serán los últimos, pero al igual que en otros casos están determinados por la
prepotencia de quienes se creen inmunes para cometer atropellos, en contra de
las mujeres principalmente, por el solo hecho de ostentar una posición de
poder.
Una de las normas en la protección de los derechos
de las personas en EU es la que establece como delito abusar del poder en el
centro de trabajo, para obligar a una persona a tener relaciones sexuales de
grado o por fuerza. Como toda norma, hay innumerables formas de escamotear su
aplicación, en ocasiones mediante el litigio o, y esto es lo más dramático, por
el temor de quienes sufren la agresión a denunciarla por convenciones sociales
o, lo que es peor, para no perder el empleo.
En México también están tipificados los delitos de
hostigamiento y abuso de poder. Desafortunadamente es más común que las mujeres
se resignen a soportar esa situación, debido a los obstáculos reales de apelar
a la aplicación de esas normas, y lo que es más importante, debido a la
precariedad del mercado de trabajo del que ellas son el eslabón más débil. Es
muy difícil que una madre soltera, responsable de mantener a la familia, se
arriesgue a perder su empleo denunciando a su jefe, cuando lo más probable es
que éste evada la ley y ella vaya a la calle.
Las organizaciones feministas han luchado por que
se aplique la justicia en estos casos, pero el problema va más allá del
feminismo en su lucha por la igualdad. Es una lacra que debe ser combatida ya
que deshumaniza a la sociedad y lastima a mujeres y hombres que trabajan para
sobrevivir y deben resignarse a perder su dignidad para no perder el sustento.
Sería deseable que los partidos, como expresión más acabada de la organización
social, lo entendieran así y actuaran en consecuencia.
Evaluar para controlar
Bernardo
Bátiz V.
Elba Esther Gordillo pretende evaluar a todos los
maestros del país, la Procuraduría General de la República quiere evaluar a
todos los policías, jefes de policía y procuradores de justicia del país.
¿Quién garantiza que las evaluaciones, las que ya se están haciendo y las del
futuro, sean imparciales y justas? Ni las de los maestros en manos del
sindicato de la maestra, ni las del gobierno federal a través de sus mandos
centralizados lo estarían.
Las evaluaciones las hacen los superiores a los
inferiores en las estructuras verticales; las autoridades federales no son
quienes mandan a las estatales, ni éstas a las municipales. En nuestro sistema
federal, los procuradores de las entidades federativas no son, aun cuando
algunos así se sientan, subordinados de la procuradora general de la República,
menos del secretario de Seguridad Pública, ni tampoco del secretario de la
Defensa Nacional.
Cada autoridad tiene su ámbito de competencia y la
ley no puede ser sustituida por acuerdos y convenios entre funcionarios. Los
poderes federales y estatales deben estar coordinados y colaborar, pero de ningún
modo puede haber sumisión o sometimiento.
Los maestros del país conocen los métodos de
control del sindicato, todo se usa para disciplinar al gremio de profesores, lo
mismo amenazas, que a veces se cumplen, que recompensas, que a veces también se
otorgan. Quien no esté incondicionalmente con el sindicato de la maestra no
tendrá oportunidad de ascenso ni acceso a becas o a cursos especiales, ni a
reconocimientos, ni a viajes y todo esto sucede desde antes de que la dirigente
tenga en sus manos la herramienta de la evaluación que busca. ¿Cómo serán las
cosas si Felipe Calderón accede al nuevo capricho que pretende arrancársele y
le entrega el Órgano Autónomo de Evaluación Magisterial a la dispensadora de
Hummers?
Ni en el magisterio ni en las fuerzas de seguridad
y procuración de justicia puede permitirse un centralismo autoritario que
desnaturalice las instituciones. En materia educativa, cada director de
plantel, cada comunidad escolar, los padres y los alumnos son quienes deben
evaluar y alentar a los maestros y no un sistema burocrático, falto de ética,
férreo y al servicio de un poder incontrastable.
Los gobernadores son responsables de sus
procuradores y de sus jefes de policía; del Poder Ejecutivo depende la
gobernabilidad de un estado o de todo el país; si los titulares de los poderes
ejecutivos no pueden designar a sus funcionarios de procuración de justicia y
de policía preventiva, y otros poderes o fuerzas se los nombran o se los
aprueban directamente o a partir de ternas o elecciones indirectas y si desde
lejanas oficinas los evalúan, califican, aprueban o desaprueban, ¿qué mando le
queda al gobernador o al presidente? y ¿quién les podrá exigir que su equipo
cumpla, si simplemente ya no será su equipo?
Recuerdo un incidente en una conferencia de procuradores,
hace algunos años (yo lo era del Distrito Federal): el procurador de Fox,
licenciado Rafael Macedo de la Concha, pretendió hacer a los procuradores
asistentes la prueba antidoping; la propuesta, presentada a trasmano por
un incondicional, provocó en la reunión un silencio incómodo; pasados unos
segundos, pedí la palabra y dije que el procurador de la República no era
nuestro superior, sólo el coordinador de las reuniones y que, de pasar por la
prueba, la noticia al día siguiente no sería sobre los acuerdos tomados por la
conferencia, ni sobre los temas tratados: la nota sería el examen que el
abogado de la nación hiciera a los abogados de las entidades federativas. El
general, creo que molesto, retiró la propuesta y mis compañeros respiraron tranquilos,
no por temor a que resultaran positivas las pruebas, estoy seguro, sino por el
significado de subordinación que conllevaba.
Quienes quieren centralizar todavía más el poder y
borrar los rasgos del sistema federal que define la Constitución han encontrado
un camino tortuoso pero eficaz para controlar, a través de las evaluaciones y
calificaciones o descalificaciones, a otros poderes y otras soberanías. En
muchas entidades, entre ellas el Distrito Federal, que cuenta con el Instituto
de Formación Profesional de la PGJDF, de larga trayectoria, ciertamente no se
requiere de evaluadores externos para sus policías y agentes del Ministerio
Público.
A fin de cuentas, ¿quién evalúa a los evaluadores
federales? ¿Quién garantiza que ese complicado sistema, frecuentemente
contrario a la dignidad de los examinados, dé buenos resultados? Dicen, para
apremiar a otras entidades, que Nuevo León ya completó la evaluación de sus
altos mandos al ciento por ciento; sin embargo, en el estado norteño no
disminuye, más bien aumenta, la violencia y se incrementan los crímenes. Lo
mismo podemos decir de otros estados, como Tamaulipas, donde la mayoría de los
mandos pasaron la evaluación, pero la violencia y la inseguridad no cejan.
Mejor cumplimos con la Constitución, dejamos a un
lado proyectos y programas, más para la foto y para el control político que
para la eficacia, y respetamos el sistema federal.
Que cada quien cumpla con sus obligaciones y todos
se coordinen sin subordinarse.
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