CALDE-RON Y SUS FAVORES A TELEVISA- NUEVA FASE DE GUERRA SUCIA Y MAS

Calderón, el que más favores y recursos otorgó a Televisa: analistas

Existe evidencia documentada que demuestra el favoritismo de la administración, afirman

Se demuestra que los derechos empresariales están por encima de los fundamentales

En paralelo, cerró toda posibilidad a Telmex de entrar al negocio de la televisión, dicen

Miriam Posada García

 Periódico La Jornada
Lunes 30 de mayo de 2011, p. 24

El presidente Felipe Calderón pasará a la historia de las telecomunicaciones en México como el mandatario que más transferencia de favores, prebendas, privilegios y recursos públicos destinó a Televisa, mientras ha cerrado todas la posibilidades a Teléfonos de México (Telmex) de convertirse en un operador convergente y entrar al negocio de la televisión, advirtieron consultores y analistas de telecomunicaciones.

Existe evidencia suficientemente documentada para demostrar el favoritismo del gobierno federal, diversas instituciones del Estado y no pocas entidades federativas hacia ese grupo empresarial que ha hecho de las concesiones patrimonio privado, afirmó el director de la Mediatelecom Consulting, Jorge Fernando Negrete.

En tanto, el académico Ramiro Tovar Landa, del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), señaló que la respuesta negativa de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) para entrar al negocio de la radio y televisión restringida afecta aspectos económicos, jurídicos y sociales, debido a que 15.6 millones de líneas telefónicas, 80 por ciento de las que hay en el mercado, seguirán siendo subutilizadas.

Los analistas señalaron que con esta decisión del gobierno se demostró que los derechos empresariales son superiores a los fundamentales como el de la información, porque los grupos marginados y vulnerables en zonas rurales deberán esperar a tener servicios de telecomunicaciones, ahora considerados un derecho. Criticaron que esta administración haya optado por mantener lealtades de grupos e intercambio de favores para detentar el poder y con fines electorales.

Tovar Landa indicó que el sentido de la decisión de la SCT era de esperarse, como lo era también el anuncio de Telmex de que continuará en los tribunales para defenderse, con lo que el caso se alargará y millones de ciudadanos seguirán sin posibilidades de tener servicios a mejores precios, pero sobre todo adentrarse en el mundo de las tecnologías de la información.

Criticó el argumento de que el Ejecutivo sólo esté usando la interconexión como vehículo de transferencia de ingresos y oportunidades entre operadores de acuerdo con sus propios objetivos y criterios políticos, y que la misma interconexión se use como barrera para impedir que la empresa de Carlos Slim sea convergente, aunque el crecimiento de las redes de cable demuestre que la interconexión existe y que su dicho es vano.

El académico coincidió con Jorge Fernando Negrete y Jorge Bravo, también de Mediatelecom Consulting, quienes afirmaron que al dar respuesta a la solicitud de Telmex sobre el cumplimiento de las condiciones del acuerdo de interconexión y la petición de entrar al mercado de audio y televisión de paga, la SCT no fue contundente ni respetó sus propia opiniones enviadas a la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (Cofemer) en 2006, cuando se elaboró el acuerdo, así como el estudio oficial costo-beneficio, en el que se señaló que los concesionarios de redes públicas de telecomunicaciones que presten el servicio fijo de telefonía podrán optimizar el uso de sus redes al participar en el servicio de televisión y/o audio restringido, propiciando que el crecimiento medio anual pase de 10.3 por ciento a 14.3 por ciento en el periodo 2007-2012, por lo que el número de suscriptores aumentaría de 4.6 millones al cierre de 2006 a 8.6 millones a fines de 2010. Los ingresos pasarían de 9 mil 997 millones de pesos a 18 mil 652 millones.

Sin embargo, aseguraron que durante años el gobierno ha hecho suyo el discurso de los industriales de la televisión de cable, aglutinados en la Cámara Nacional de la Industria de Telecomunicaciones por Cable (Canitec), de Televisa y otros operadores de telecomunicaciones para impedir que Telmex entre al mercado del triple play, y al mismo tiempo ha olvidado que la rectoría del Estado lo obliga a exigir calidad en el servicio, atención a zonas rurales y servicio universal de manera simultánea a que los concesionarios cumplan con los compromisos de inversión y prácticas de mercado.

En cambio, durante su última reunión con los miembros de la Canitec la semana pasada, el presidente Calderón dejó en claro que su necedad y obsesión en materia de telecomunicaciones se sustentan en principios populistas y de pertinencia política donde él decide quién es bueno y quién es malo, olvidándose del desarrollo integral y estructurado del sector.

Astillero

Madruguete priista

Descontón en Aguascalientes

Nueva fase de guerra sucia

¿Y el pez gordo tricolor?

Julio Hernández López

No por largamente anunciada es menos ominosa la entrada en vigor de una nueva fase de guerra política sucia. Desde el indefendible Michoacanazo ha sido evidente que quienes tienen el poder están dispuestos a utilizar los instrumentos policiacos y judiciales para propósitos partidistas y electorales. Y, conforme el calendario comicial va perdiendo hojas, se agudizan y aceleran esos propósitos de distorsión de las funciones institucionales para servir a propósitos facciosos.

Pero en esta ocasión el PRI le ha madrugado al PAN. Mientras el partido de blanco y azul (Los Pinos, para hablar con más precisión) ha tardado largos meses en calcular la posibilidad de ir contra un pez gordo de tres colores (según eso contra algún ex mandatario del norte del país, que estaría más que metido en asuntos de narcotráfico), en Aguascalientes ha sido apresado un ex candidato panista a gobernador. Hay elementos suficientes para que fuera procedente la condena a este panista, pero a fin de cuentas este incidente se inscribe en una nueva fase de la judicialización de la política, es decir, del uso arbitrario de lo judicial y lo policiaco para enfrentar asuntos partidistas y electorales. Los Michoacanazos como doctrina de seguridad electoral: acusar, encarcelar y castigar en términos de opinión pública y exhibición mediática, aunque luego las acusaciones se caigan y los procesados resulten inocentes.

Ya lo hizo impunemente el calderonismo en la entidad a cargo del perredista Leonel Godoy, con un récord perfecto de arbitrariedad extrema: ni en uno solo de las decenas de casos presentados ante un juez pudo demostrar que hubiera pruebas de los delitos que achacaba a quienes salieron libres, y en algunos casos se reinstalaron en sus cargos. Ahora se habla mucho, desde hace meses, de la intención felipista de sosegar o doblegar al PRI mediante el encarcelamiento de alguno de los varios ex gobernadores norteños que considera que fueron cómplices y protectores de determinados cárteles. Se habla de Chihuahua, Tamaulipas y Durango, especialmente. El Señor de Los Pinos estaría dispuesto a hacer lo que fuera con tal de frenar el presunto retorno triunfal del priismo al poder federal.

Justamente en ese contexto, el de las presuntas amenazas pinoleras, y del madruguete hidrocálido, ayer se realizó una reunión cumbre del priismo, con los gobernadores estatales como verdadero poder decisorio. A la hora de redactar esta columna no se sabía nada de lo acordado en ese cónclave convocado para llegar a acuerdos sobre la ruta electoral que pasa por Hidalgo, Coahuila, Nayarit y el estado de México (todos con amplias posibilidades de triunfo electoral para el PRI, salvo este último, donde la postulación de Encinas y el factor AMLO han ido cambiando los pronósticos) y desemboca en el 2012.

Mientras tanto, Martín Orozco duerme en prisión. Fue impuesto como candidato a gobernar Aguascalientes contra la militante oposición del mandatario formalmente panista, Luis Armando Reynoso Femat, quien hizo todo para que Orozco no fuera aspirante y, luego, para que no triunfara en los comicios generales, lo que abrió el paso a la victoria de Carlos Lozano de la Torre, apadrinado por personajes destacados del priismo nacional. A diferencia del michoacanazo, donde el sustento legal para la acción contra funcionarios públicos era endeble y súbito, las acusaciones contra Orozco eran conocidas desde mucho antes que fuera candidato, a tal grado que hubo de arrancar su campaña por la gubernatura sin registro, pues estaba en espera de que fuera suspendida desde el plano federal una resolución judicial estatal en su contra, que en lo inmediato le impedía ser registrado como aspirante a gobernar. La detención de Orozco es, finalmente, el desenlace de un largo proceso judicial.

Sin embargo, el PAN, es decir, Los Pinos, ha decidido mandar al diablo las instituciones y oponerse políticamente a una resolución judicial, tratando de convertir a Orozco en preso político (cuando la acusación en su contra es por haber aprovechado información privilegiada, que conoció cuando era presidente municipal, para comprar posteriormente un predio que le redituó altos dividendos) y rompiendo relaciones políticas con el gobierno priista de Aguascalientes.

Lo cierto es que escarceos no han faltado recientemente: el propio PRI le declaró la ley del hielo al secretario federal del trabajo, Javier Lozano, que sabidamente es una pieza central del golpeteo político de Los Pinos. Y el débil candidato al gobierno del estado de México, Luis Felipe Bravo Mena, en lugar de agradecer a grupos del SME que aunque sea en condiciones ríspidas le hayan ayudado a tener cierta resonancia mediática, está denunciando los hechos ante autoridades electorales y judiciales, lo que abre la puerta a detenciones y sujeciones a proceso penal que podrían complicar más el escenario electoral mexiquense. También habrá de verse si los priistas encuentran fundamento para acusar penalmente a Gustavo Madero, el dirigente formal del PAN, por haber viajado a Monterrey, a una reunión con gobernadores panistas, a bordo de un avión del gobierno federal.

En ese contexto de beligerancias panistas también ha de inscribirse el enojo que ha provocado el presunto destape de Ernesto Cordero en algunos de los aspirantes a la candidatura de blanco y azul a la presidencia, quienes creen ver piso disparejo, es decir, favoritismo de Los Pinos. Alonso Lujambio ha saltado para asegurar que el Cordero de Hacienda no es el candidato oficial. Santiago Creel ha hablado de rechazar la cargada, y Josefina Vázquez Mota precisa que en el PAN no hay precandidaturas únicas.

Y, mientras van cayendo involucrados en el asesinato del hijo del poeta Sicilia, como si así desde el gobierno federal creyeran que van quitando razones y legitimidad a la caravana en preparación, ¡hasta mañana, con el secretario federal de salud empeñando todos sus esfuerzos en ser candidato al gobierno de Guanajuato (¿ayudará a la campaña alguna firma internacional productora de vacunas?)!

Estado bandido
sabina berman



1. En el banquillo de los acusados estará el Estado mexicano. En la parte acusadora, los padres de los niños muertos o gravemente quemados en el incendio de la Guardería ABC. Como juez, abogado acusador, abogado defensor y jurados fungirán 33 personas de buena fama moral. La cita es en el Zócalo de la capital de la República este domingo a las 11 horas y se espera que varios miles de ciudadanos asistan para atestiguar el histórico juicio, a pesar de que será únicamente simbólico: la sentencia que de él emerja carecerá de carácter vinculatorio.

Será teatro pues, pero como el gran teatro puede no ser inútil. Ponerle a las cosas su nombre y su valor, decir esto es un crimen, esto es atroz, nunca es inútil. El primer acto de un orden moral es separar el Bien del Mal. Uno quisiera decir a continuación: Y puesto que es atroz, en consecuencia conduce a un castigo. Pero precisamente de eso es de lo que los padres de los niños de la Guardería ABC acusarán al Estado mexicano, de ser inepto en separar el Bien del Mal y renuente a reparar el daño moral de las víctimas ejerciendo el castigo contra sus agresores.

Javier Sicilia ha llamado al Estado mexicano un Estado podrido. Tal vez es más preciso el término acuñado por la diplomacia internacional para este tipo de Estado sin justicia. Rogue State. Estado bandido.



2.Paso a paso los eventos de la tragedia inculpan a funcionarios del Estado mexicano. Un mediodía unos cuantos funcionarios menores queman en una bodega papeles del estado de Sonora para desaparecerlos, cuando una chispa salta a la lona que cubre el techo de la guardería contigua. Una lona que hace cinco años un inspector del estado calificó como “más flamable que la gasolina” pero los dueños de la guardería no quitaron. Las maestras lonchean y los niños dormitan mientras el fuego se esparce. Perdón, no son maestras, son mujeres sin entrenamiento, contratadas por los dueños de la guardería del Seguro Social para ahorrarse los sueldos de maestras. Otra aclaración: no es una guardería del Seguro Social, como creen los padres de los niños que dormitan entre el fuego y el humo: es una guardería subrogada a particulares, como nadie les ha informado.

Cuando sólo dos “maestras” corren a salvar a los niños, se encuentran con “una puerta de emergencia” cerrada con un ominoso candado, colocado ahí para ahorrarse un guardia que cuide esa salida. Afuera del edificio, “la policía” acordona la guardería, para evitar, entre otras cosas, que los vecinos ayuden a salvar a los niños que dentro se queman.

Luego, la inmoralidad se esparce más lejos y más alto. Mientras los niños sobrevivientes son atendidos en hospitales, los dueños de la guardería se apresuran a ampararse y las dos autoridades más altas ligadas a la desgracia salen a la prensa a minimizarla. “Una triste tragedia”, declara el entonces gobernador de Sonora, José Eduardo Bours; “es un incidente lamentable”, declara el director nacional del Seguro Social. Y el presidente Calderón envía a su leal “ómbudsman”, presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, a Sonora, para ofrecer a los padres indemnizaciones a cambio de que renuncien a buscar justicia.



3.



El desastre moral encuentra un respiro. Desoyendo las ofertas del “ómbudsman”, los padres acuden a la Suprema Corte de Justicia porque suponen que su nombre algo indica. La SCJ acepta atraer el caso, ordena una investigación que resulta ejemplar en su detalle y su alcance: esclarece quiénes han contribuido a la tragedia por acto u omisión, quiénes han violado la ley para encubrir a los responsables y también diagnostica el estado del sistema de guarderías subrogadas del país (“un desorden generalizado”, declara el informe).

Pero ha sido un falso respiro. La calma que desata la tormenta mayor. Lista la Corte para hacer justicia, el Estado se apersona en las oficinas de los jueces para cabildear para que no se haga: el secretario de Gobernación de entonces, el presidente del Senado, el director del Seguro Social, decenas de funcionarios ruegan, argumentan y amenazan. De cierto, es una mayoría de seis “jueces” la que vota por declarar a la Corte incapaz de juzgar el caso y por emitir un fallo donde a cada párrafo, en el lugar de los responsables concretos, aparecen puntos suspensivos, es decir, espacios en blanco.

Esta es la tragedia moral que sucede a la tragedia del incendio de la Guardería ABC: un mundo que se ha poblado de comillas: nada es ya lo que debiera ser: el “Estado” “logra” que la “Suprema” “Corte” de “Justicia” emita una “sentencia” donde “las partes sustanciales” están en blanco.



4.



¿Cuándo se jodió el Estado mexicano?, se preguntan los desmemoriados. ¿Cuándo se volvió una simulación su justicia? ¿Cuándo se volvió el desorden generalizado que hoy es?

Los memoriosos saben que el Estado mexicano desde su fundación a nuestros días nunca ha logrado ser un Estado regido por la ley. Sin ley, lo que lo ordenó durante el siglo XX fue el autoritarismo; hoy, en la democracia, lo único que podría ordenar su desorden generalizado es la ley.

Está visto que no será un gobierno panista el que entienda que la democracia sin justicia deriva en el caos. Más visto está que no será un gobierno priista el que subordine sus prácticas autoritarias a la ley. La exigencia de justicia parece estar emergiendo en México desde abajo, desde la gente, desde los ciudadanos de a pie, como emergió en Egipto, como hoy quiere emerger en otros países con Estados bandidos.

Otra vez: la cita es en el Zócalo este domingo a las 11 de la mañana.