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Basura, al
precio
A finales del año pasado las autoridades federales y del DF
anunciaron el cierre definitivo del bordo poniente, para el próximo 31 de
diciembre, sin embargo aun no se cuenta con otro espacio destinado para el
depósito de basura.
El
negocio de
la “guerra” contra las
drogas
REVISTA CONTRALINE
Autor Nancy Flores
La
“guerra” contra las drogas se ha convertido en un lucrativo negocio. Detrás de
los asesinatos de más de 40 mil civiles mexicanos, hay una floreciente industria
armamentista. Tan sólo, en lo que va de este gobierno, la Secretaría de la
Defensa Nacional ha destinado 4 mil millones de pesos a la compra de armamento
para, supuestamente, “mejorar” su capacidad de fuego ante los
criminales.
De
manera conjunta, el presupuesto que la Presidencia de la República y las
secretarías de la Defensa, Marina y Gobernación han ejercido para “garantizar”
la “seguridad nacional” supera los 250 mil millones de pesos.
Sin
embargo, ni el multimillonario gasto de la hacienda pública ni las miles de
bajas humanas que ha implicado esta “guerra” han mermado siquiera el negocio de
las drogas. A nivel mundial, las ganancias se estiman en unos 400 mil millones
de dólares anuales.
Los
tres grandes mercados de estupefacientes –cocaína, heroína y metanfetaminas–
están prácticamente dominados por los cárteles mexicanos que, a pesar de la
supuesta “lucha” en su contra, han reemplazado a los delincuentes
colombianos.
Además,
la silenciosa penetración del dinero sucio en todos los mercados sólo ha
podido realizarse por las alianzas entre las mafias internacionales que poco o
nada se combaten, como sucede también con el lavado de dinero en los
circuitos financieros.
Con
esta entrega, Contralínea inicia la publicación de una serie de cuatro
reportajes acerca de los negocios que oculta la “guerra” antinarcóticos impuesta
por Estados Unidos, el mismo país que organizó la operación Rápido y Furioso
para traficar armas de manera ilegal a México.
Gasto por 255
mil MDP en “seguridad nacional”
REVISTA CONTRALINEA
Autor: Nancy Flores
El gobierno de Calderón habrá gastado 255 mil millones de pesos en seguridad nacional al término de 2011, revelan tres estudios de la Cámara de Diputados. De ésos, la Sedena y la Marina habrán destinado 174 mil millones exclusivamente a las acciones represivas “en campo”. Delincuencia organizada, narcotráfico, guerrilla, terrorismo y vulnerabilidad de las fronteras, las amenazas que la administración federal intenta “anular”. El monto, el más grande que se haya destinado a este rubro desde la Revolución Mexicana, alcanza ya casi medio punto porcentual del PIB y significa el 250 por ciento del presupuesto total federal para todas las universidades e instituciones de educación superior públicas en un ejercicio fiscal
Nancy Flores /
Primera parte
En cinco años de
“guerra” contra las drogas, el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa habrá
gastado 255 mil 108 millones 280 mil pesos en acciones supuestamente destinadas
a “garantizar” la seguridad y la soberanía nacionales. El monto significa el 247
por ciento del presupuesto total 2011 para la educación superior, de 103 mil 267
millones; o, el 533.91 por ciento del total de recursos federales destinados a
promover la ciencia y la tecnología: 47 mil 781 millones.
Para la
administración federal, la prioridad en este tema es “anular” cinco amenazas: la
delincuencia organizada, el narcotráfico, la guerrilla, el terrorismo y la
vulnerabilidad de las fronteras, indica el Programa para la seguridad nacional
(2009-2012). El promedio de gasto anual durante el gobierno de
Felipe Calderón oscila entre el 0.40 y el 0.43 por ciento del producto interno
bruto.
No obstante, las
ciudades fronterizas de México en el Norte y el Sur son tierra de nadie mientras
que, a lo largo del país, los delincuentes imponen su ley y sus impuestos.
Aunque miles de ciudadanos exigen el fin de la violencia, la tendencia económica
de la “guerra” contra el narcotráfico revela que el multimillonario
financiamiento a la represión institucional va en ascenso.
Y es que, desde su
inicio, el gobierno panista privilegia las acciones de violencia respecto de las
labores de inteligencia y estrategia, revelan tres estudios elaborados por el
Centro de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de
Diputados.
De los más de 255
mil millones de pesos presupuestados para la seguridad nacional entre 2007 y
2011, las tácticas de guerra habrán consumido 174 mil 756 millones 800 mil
pesos, mientras que la inteligencia apenas rebasará los 20 mil millones de
pesos, se desprende de los análisis El presupuesto público federal para
la función soberanía nacional, 2007-2009; El presupuesto público federal para
la función seguridad nacional, 2009-2010; y El presupuesto público federal para
la función soberanía nacional, 2010-2011.
Samuel González
Ruiz, experto en temas de seguridad y narcotráfico, y académico en la Facultad
de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), indica que “el
problema de la delincuencia organizada no es la enfermedad, es el síntoma de un
padecimiento más grave que se llama debilidad del Estado. Esta debilidad no sólo
se ve en la delincuencia organizada, sino en varios factores, como en la lucha
de los grupos por el poder de las telecomunicaciones, en la falta de control de
la actividad de corrupción, en que las campañas políticas no están controlando
los flujos de capital y en que [los partidos] hacen lo que quieren”.
Sedena, el mayor gasto
La participación de
las Fuerzas Armadas en la defensa de la seguridad y soberanía nacionales
consiste en garantizar la integridad del territorio mexicano, del mar
patrimonial y de las instalaciones estratégicas del país, aseguran los informes
de la Cámara de Diputados.
También revelan que
la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) es la institución que más recursos
destinará al combate frontal en campo. En los cinco años del actual gobierno, la
dependencia que encabeza el general Guillermo Galván Galván sufragará 128 mil
468 millones 400 mil pesos para operaciones directas contra las amenazas a la
seguridad y soberanía de México.
Entre 2007 y 2011,
la “defensa de la integridad, la independencia y la soberanía del territorio
nacional” sumarán erogaciones por 112 mil 858 millones 610 mil pesos; al tiempo,
las “acciones de vigilancia en el territorio nacional” de los militares
implicarán gastos por 15 mil 609 millones 790 mil.
De acuerdo con los
informes de la Cámara de Diputados, el presupuesto asignado para salvaguardar la
seguridad nacional sirve para combatir el tráfico ilícito de drogas y la
delincuencia organizada por mar, aire y tierra (terrorismo, contrabando,
piratería, tráfico ilegal de personas, armas, estupefacientes y
sicotrópicos).
Además, para apoyar
al Sistema Nacional de Seguridad Pública, en colaboración y coordinación con la
Armada de México, la Procuraduría General de la República y la Secretaría de
Seguridad Pública; proporcionar seguridad a las instalaciones vitales del país
mediante la cobertura aérea, terrestre y anfibia del territorio nacional;
preservar la seguridad nacional del Estado, para que todos los mexicanos vean
realmente protegida su integridad física, de su familia y su patrimonio en un
marco de convivencia social armónica; proporcionar ayuda a la población
damnificada durante cualquier tipo de desastre, auxiliando a la población,
salvaguardando la vida y los bienes de las personas o en la reconstrucción de
las áreas afectadas por estos acontecimientos; y reforestar el
país.
Los gastos de la Marina
Los análisis
parlamentarios destacan que, además de las operaciones directas, el sistema de
seguridad nacional realiza labores de inteligencia, de diálogo y negociación
para la resolución de conflictos e impulsa medidas de carácter preventivo para
atender a la población ante desastres naturales.
Sin embargo, el
mayor gasto se concentra en las acciones de “guerra”. “Emplear el poder naval de
la federación para salvaguardar la soberanía y seguridad nacionales” es el rubro
con el que la Secretaría de Marina Armada de México justifica los gastos de sus
tácticas represivas, y el que, entre 2007 y 2011, implicará erogaciones por 46
mil 288 millones 400 mil pesos.
Los
multimillonarios presupuestos que mantienen a la Sedena y la Marina en las
calles contrastan con la violencia que asola al país. El Estado mexicano pierde
a diario el control territorial, con evidencias recientes como las exhumaciones
de más de 300 cadáveres en narcofosas ubicadas en
Tamaulipas y Durango, en abril y mayo de este año.
El maestro en
ciencias penales Delio Dante López Medrano, académico de la Facultad de Estudios
Superiores Acatlán, de la UNAM, explica que “cuando hablamos de drogas no
estamos hablando más que de un simple problema de salud, a lo sumo, porque
incluso ahí tendríamos que ver el ámbito de decisión personal. Pero cuando nos
dicen que es un problema de seguridad nacional y se actúa en consecuencia, como
si fuera algo real, tenemos consecuencias terribles para 40 mil vidas y sus
familiares”.
En efecto, desde
que se inició la “guerra” contra las drogas, más de 40 mil personas han sido
asesinadas en México. Hasta ahora, las autoridades federales no han esclarecido
el número de civiles inocentes abatidos no sólo en fuego cruzado, sino en
retenes militares.
Ese saldo mortal no
ha implicado el cese del negocio de las drogas. El Departamento de Estado de
Estados Unidos acusa, en su International Narcotics control
strategy Report 2011, que México es, a la vez, un importante país de
tránsito y de origen de drogas ilícitas.
“Aproximadamente el
95 por ciento del flujo estimado de cocaína que llega a Estados Unidos transita
desde América del Sur por el corredor Centroamérica-México. Este último también
es un importante proveedor de heroína, mariguana y metanfetaminas para el
mercado estadunidense. La mayoría de cultivos de drogas se produce en las zonas
rurales del Oeste de México, donde la detección y la erradicación de cultivos
ilícitos son difíciles y la presencia policial es mínima.”
El patrullaje de
los militares y marinos, cuyo costo se paga en miles de millones de pesos y que
no alcanza para erradicar las drogas, tampoco ha debilitado las estructuras de
los cárteles ni su capacidad de fuego. En su reporte Mexican drug war 2011,
el centro de inteligencia estadunidense Stratfor asegura que los criminales
mexicanos mantienen sus luchas por el control de los lucrativos puertos de
entrada a lo largo de la frontera Norte de México y por las rutas estratégicas
en el interior del país: Ciudad Victoria, San Luis Potosí, ciudad de México,
Monterrey, Guadalajara, Durango, Torreón, Saltillo y Chihuahua.
“Algunas de estas
zonas son importantes porque sus rutas se extienden a lo largo de las costas.
Otras tienen un valor estratégico por las carreteras que las atraviesan, sobre
todo aquéllas que conectan con la costa del Pacífico y los puertos de entrada en
la frontera de Texas.”
Inteligencia, gasto menor
En México, cuatro
dependencias federales son las encargadas de “garantizar” la seguridad nacional:
la Presidencia de la República, la Secretaría de Gobernación, la Sedena y la
Marina.
De acuerdo con los
análisis de la Cámara de Diputados –elaborados por el investigador parlamentario
Reyes Tépach–, de los más de 250 mil millones que se han presupuestado en este
rubro para los ejercicios de 2007 a 2011, el 68.73 por ciento lo habrá ejercido
la Defensa Nacional (175 mil 321 millones 510 mil pesos).
En segundo lugar
está la Marina, cuyo gasto representa el 26 por ciento (66 mil 313 millones 250
mil). Luego, con el 4.3 por ciento, se ubica el Centro de Investigación y
Seguridad Nacional (Cisen), organismo desconcentrado de la Secretaría de
Gobernación (10 mil 795 millones 180 mil); y la Presidencia, con el 0.55 por
ciento (1 mil 407 millones 220 mil pesos).
El doctor en
derecho Daniel Márquez, investigador en el Instituto de Investigaciones
Jurídicas de la UNAM, dice que “hay que repensar este problema de la guerra
contra el narcotráfico en todas sus dimensiones, porque Los Zetas se han
convertido en el cajón de
sastre para todo: hoy en día es muy fácil decir que Los Zetas
asesinaron, mataron, hicieron… El narcotráfico se convirtió en una especie de
escusa-justificación. Pero, ¿hasta dónde, detrás de esta guerra, se pueden
ocultar fenómenos como, por ejemplo, escuadrones de la muerte, lucha social,
guerrilla, terrorismo y fenómenos vinculados directamente con la propia
delincuencia organizada?”.
El jurista agrega
que “para nadie es ignorado que algunas personas en los gobiernos tienden a
manejar dentro de los sótanos, dentro de las
cañerías,
aparatos de represión no institucionalizados que sirven para generar miedo en la
población y para eliminar adversarios políticos incómodos para el sistema:
personajes que, por sus características, quizás es más simple eliminarlos que
someterlos a la exposición de un juicio”. Apunta también que, en el mundo, esta
función se ha identificado en bastantes ocasiones con los servicios de
inteligencia, tanto internos como externos.
En materia de
labores de inteligencia, la Sedena es la institución que más recursos ejercerá:
de 2008 a 2011, el gasto de la Jefatura del Estado Mayor de la Defensa, a cargo
del área de inteligencia y contrainteligencia militar, habrá erogado 9 mil 532
millones 550 mil pesos.
Le sigue el Cisen,
que en ese mismo periodo habrá gastado 8 mil 49 millones 430 mil pesos. En
tercer sitio está la Marina, institución que destinará al “desarrollo y
dirección de la política y estrategia naval” un total de 2 mil 804 millones 530
mil. La Presidencia, por su parte, no ejercerá en todo el periodo ni un peso
para esas labores.
El narcotráfico se
debe atender de manera integral, señala el doctor José María Ramos, investigador
en El Colegio de la Frontera Norte. Refiere que los gobiernos que han tenido
éxito en sus estrategias antinarcóticos, como España, no han “confundido” el
problema como asunto de seguridad nacional, sino que lo han enfrentado en el
ámbito de la seguridad ciudadana, sobre todo con labores de
inteligencia.
Aunque el
investigador considera que esta administración tiene voluntad política para
solucionar el problema del crimen organizado y la delincuencia, indica que las
estrategias que ha seguido no cuentan con elementos para asegurar su
efectividad. Ramos observa que, en primer lugar, ha faltado transparencia y
fiscalización, elementos esenciales para corregir lo que está mal.
Añade que no hay
ninguna experiencia internacional exitosa que se haya centrado exclusivamente en
la parte reactiva policial-militar, como la que impulsa el gobierno federal: “El
Ejército no puede solo; requiere preparación en aspectos legales, garantías
individuales, investigación”.
También observa que
se requiere “una efectiva gestión y coordinación intergubernamental en los tres
niveles de gobierno, pero sobre todo en la parte federal: no ha habido una
coordinación entre las tareas de investigación, de inteligencia del Cisen, la
Policía Federal, el mismo Ejército, la Marina. Cada policía tiene su propia
inteligencia y no hay una coordinación, no hay un hilo dorado que permita
un combate integral a los diferentes grupos del crimen organizado”.
Por cada militar en las calles,
una sentencia firme cada tres
años
En la “guerra” de
Felipe Calderón contra el narcotráfico –que ha costado más de 40 mil vidas–,
para obtener una sentencia firme por delincuencia organizada se necesita un
militar cada tres años, señala el maestro en ciencias penales Delio Dante López
Medrano.
Y es que, mientras
datos del Consejo de la Judicatura federal indican que, de enero de 2007 a
febrero de 2010, únicamente se han dictado 735 sentencias de última instancia
por delincuencia organizada y 43 mil 849 por delitos contra la salud en todas
sus modalidades, información de la Secretaría de la Defensa Nacional detalla que
son 70 mil efectivos del Ejército los que diariamente “patrullan” las
calles.
Una sentencia
condenatoria es un criterio de efectividad: si se detiene a una persona y al
final se obtiene la sentencia condenatoria, el procedimiento ha sido exitoso
desde el punto de vista de la autoridad, explica López Medrano.
Agrega que, si se
considera que la mayoría de las detenciones vinculadas a delitos federales como
crimen organizado y narcotráfico las realizan militares, “resulta que
necesitamos un soldado, un militar, para obtener una sentencia condenatoria cada
tres años. Esto, notablemente, nos habla de ineficacia o inoperancia, cuando
menos”.
El cálculo –explica
el académico en la Facultad de Estudios Superiores Acatlán, de la Universidad
Nacional Autónoma de México– se obtiene de las tres variables: el número de
militares en las labores de la “guerra” contra las drogas, el número de
detenidos (que, a decir de las autoridades, supera los 121 mil) y el de
sentenciados.
“Si relacionamos
esas tres variables, nos da la aproximación, cerrando números, de que la
actividad de un militar se va a traducir en una sentencia condenatoria cada tres
años exactamente.”
López Medrano
agrega: “Este dato nos habla de una absoluta ineficacia. Ahora, ¿a qué se debe
esta ineficacia? Uno de los factores, desde el punto de vista técnico, es que
los militares no están capacitados para recabar pruebas: al final de cuentas, lo
que un juez va a analizar son pruebas. ¿Y por qué no están capacitados? Porque
las pruebas que están atendiendo son básicamente dos: la confesión y los
llamados testigos anónimos o testigos protegidos. Los testigos anónimos no son
otra cosa que quienes dicen que parece que alguien traficó o que está metidísimo
en las drogas. Ésa es una prueba muy endeble, y es prácticamente seguro que, al
final del procedimiento, ésa no va a ser efectiva. Por eso hay índices tan bajos
de éxito en cuanto a las sentencias condenatorias”.
Respecto de la
confesión, el investigador dice que es común que los militares la obtengan con
torturas. “Esto es muy obvio cuando nos presentan a los detenidos. Por lo tanto,
van a ser pruebas que al final no van a ser eficaces”. Refiere que sólo dos de
cada 100 serán condenados.
Por ello, detalla,
“una persona que se va a dedicar al narcotráfico tiene más probabilidades de
éxito que si usted y yo compramos un boleto para ganarnos la lotería. Las
probabilidades de que él sea condenado son bajísimas. La criminología actuarial
nos explica que las personas, en todos los ámbitos, realizan una operación de
costo-beneficio. Aquí, haciendo el símil, la operación sería: si ingreso a las
filas del narcotráfico, voy a tener un beneficio bastante alto, y mi costo, es
decir las probabilidades de que me detengan, son muy bajas; por tanto, el
costo-beneficio determina a las personas a ingresar en este tipo de
actividades”.
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