Descomposición institucional y palabras vacías
En el contexto de un encuentro con empresarios
españoles residentes en México, el titular del Ejecutivo federal, Felipe
Calderón Hinojosa, afirmó ayer que la gente no confía en las policías ni en la
administración de justicia porque sabe que hay cadenas de complicidad o por lo
menos de cobertura y corrupción que recorren esas instancias. Horas antes, en
el acto de promulgación de la nueva Ley de Migración, celebrado en Los Pinos,
el político michoacano lamentó que puedan existir autoridades que participen en
actos de violación de derechos humanos o que, incluso, se coludan con los
delincuentes; sostuvo que en el Instituto Nacional de Migración (INM) las cosas
están funcionando mal, y presentó la nueva legislación como una solución al
respecto, pues establece obligaciones muy claras de coordinación a las
autoridades de los tres órdenes de gobierno, para la persecución y prevención
de los delitos contra los migrantes.
Así, a más de cuatro años de iniciada la actual
administración, y ante los saldos desastrosos –particularmente en los terrenos
de la seguridad pública y el control migratorio– que han arrojado las medidas
de combate policiaco-militar en curso contra el crimen organizado, el jefe del
Ejecutivo federal empieza a admitir la existencia de cadenas de corrupción en
los aparatos policiacos y de administración de justicia; reconoce que algo
funciona mal en la dependencia encargada de regular el flujo de migrantes, y
descubre, en suma, que hay un proceso de descomposición que ha minado la
fortaleza de las instituciones.
La aceptación de esos problemas, así sea en forma
tardía, podría ser un acto procedente y hasta meritorio siempre y cuando se
haga con un propósito esclarecedor y con un fin correctivo: lo dicho ayer por
Calderón, sin embargo, lejos de aclarar plantea nuevas interrogantes y puntos
oscuros: cabe preguntarse si el propio declarante sabía del referido proceso de
descomposición institucional hace cuatro años, cuando inició su gobierno, y, si
es así, por qué decidió emprender, en tales condiciones, una guerra contra el
narcotráfico que ha costado decenas de miles de muertes y ha provocado mayor
desgaste al conjunto de la institucionalidad del país.
Es dable suponer que, de haber atendido ese
deterioro a tiempo, habrían podido evitarse muchas de las 40 mil muertes
violentas ocurridas en el contexto de las pugnas entre cárteles o entre
éstos y las corporaciones de seguridad pública; habría podido prevenirse en
alguna medida la erosión de instituciones clave para la seguridad nacional,
como las policías, las fuerzas armadas y el propio INM, y se habría atenuado,
al menos, la pesadilla que viven los extranjeros que transitan por nuestro
territorio con el propósito de alcanzar el de Estados Unidos.
Por otra parte, los señalamientos de Calderón han
de sumarse a los formulados por el titular del INM, Salvador Beltrán del Río,
quien en entrevista con este diario afirmó que el proceso de depuración en
marcha representa la última oportunidad del organismo que encabeza para
alcanzar su transformación, si no es que debamos ya de plano de hablar de un
nuevo instituto. Tales declaraciones ponen en perspectiva un hilo de
continuidad en las prácticas de los últimos gobiernos federales priístas y
panistas: tras someter a las instituciones públicas y a las empresas paraestatales
a malos manejos administrativos, y tras contribuir, así sea por omisión, a que
surjan en ellas la corrupción y la opacidad, la lógica oficial no encuentra
otra ruta de acción que desaparecerlas o, en el caso de compañías como Pemex y
la Comisión Federal de Electricidad, porfiar en los intentos por privatizarlas.
Tal perspectiva obliga a recordar que las
instituciones no son buenas ni malas en sí mismas; en todo caso, son
susceptibles de buenos y malos manejos por parte de quienes las administran, y
para resolver su deterioro actual no se requiere tanto de nuevas leyes como de
la voluntad de cumplir las existentes y de un reconocimiento autocrítico y
honesto de los problemas, de procesos de depuración y moralización de las
oficinas públicas y, en su caso, de las sanciones administrativas o penales
correspondientes que pongan fin a la corrupción y a la extrema discrecionalidad
con la que operan los altos funcionarios públicos.
Astillero
Julio Hernández López
El
entrampado y obsesivo Felipe Calderón tiene ante sí una inmejorable oportunidad
para deshacerse incruentamente (es decir, sin que los daños colaterales apunten
abiertamente a Los Pinos o que algún chantaje pudiera funcionar) del ingeniero
dominante al que ha colocado como virtual vicepresidente ejecutivo y que cada
vez desarrolla más sentido político a pesar de que los capotes rojos no le
auguran buenas faenas en sus embestidas en busca de alguna forma de presidencia
del país.
por aceptar o usar condecoraciones extranjeras sin permiso del Congreso federal o de su Comisión Permanente.
Mira lo que me encontré/ mira lo que me encontré./ ¡La medallita!
Astillas
¿Más vale muy tarde que nunca? Cuauhtémoc Cárdenas
reconoce validez a los señalamientos de AMLO por la intromisión de Fox y otras
autoridades en las elecciones de 2006... Y, mientras ha sido descubierto un
presunto misil antiaéreo en una fábrica de Cuernavaca, ¡hasta mañana, con Luis
Felipe Bravo Mena confrontado de manera ríspida por opositores no sólo a su
candidatura en el estado de México sino también al papel de El Yunque en la
política nacional!
Fax: 5605-2099 • juliohdz@jornada.com.mx
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