NO DEVALUAR LA INVESTIDURA- LA DEBACLE

No devaluar la investidura

Ayer, al participar en la Cumbre Mundial de Viajes y Turismo, que se realiza en Las Vegas, el titular del Ejecutivo federal mexicano, Felipe Calderón, pretendió minimizar la catástrofe en la que se encuentra la seguridad pública en nuestro país y afirmó, con ese propósito, que “son de tequila... los únicos shots (tiros) que reciben los springbreakers” extranjeros que acuden a las playas mexicanas y que la mayor parte del territorio nacional es apacible. Poco después, representantes de la comunidad mexicana en Nevada le señalaron la inseguridad que impera en México. Si nosotros no nos sentimos seguros, qué siente el extranjero, apuntó uno de ellos; otro se lamentó: “Quiero llegar manejando mi troquita a México, pero me muero de miedo manejando por esas carreteras”.

Por principio de cuentas, es cuestionable la presencia de Calderón en la reunión mencionada, pues se trata de una cumbre de nivel gerencial y, a lo sumo, ministerial, a la que no acudió ningún otro jefe de Estado o de gobierno. En todo caso, habría sido más adecuado enviar a ella al titular del ramo y a la secretaria de Relaciones Exteriores.

Pero lo realmente preocupante es lo dicho por el político michoacano acerca de los “shots de tequila” porque tal expresión reviste, desde cualquier ángulo que se le vea, significaciones irrespetuosas y ofensivas.

Una lectura posible de ella es que los turistas extranjeros, a diferencia de los mexicanos, no tienen nada que temer del clima de exacerbada violencia que azota al país, lo que, a su vez, reflejaría un inaceptable desenfado del gobernante ante la tragedia que padece la población mexicana.

Igualmente preocupante, si a lo que Calderón se refería es que la violencia en México, independientemente de la nacionalidad de sus víctimas, es un serio problema de percepción, ello denotaría una suerte de fuga de la realidad, porque las decenas de miles de asesinados en el contexto de la guerra contra la delincuencia organizada –que el propio gobernante declaró al principio de su administración– son mucho más que una percepción: son vidas humanas segadas, familias golpeadas, tejidos sociales alterados.

Por desgracia, la ligereza de la expresión usada por el Presidente no sólo es desmentida por los saldos de destrucción que han dejado en la sociedad mexicana las confrontaciones en curso, sino también por los datos sobre extranjeros que han muerto de manera violenta en nuestro país. Por ejemplo, el pasado 22 de abril, el Departamento de Estado emitió una alerta de viaje en la que se informaba: El número de ciudadanos estadunidenses asesinados en México subió de 35 en 2007 a 111 en 2010.

Es significativo que miembros de la migración mexicana en Nevada hayan cuestionado, ante Calderón, el optimismo oficial, y le hayan recordado los peligros a que se exponen los connacionales que viven en Estados Unidos cuando regresan, de visita o en forma definitiva, al país.

Más allá de las imprecisiones y falsedades, es de lamentar que el titular del Ejecutivo federal emplee expresiones tan desafortunadas para hacer referencia a una circunstancia nacional con la que nadie, y menos un gobernante, debiera hacer bromas. Al actuar así, Calderón devalúa la investidura que ostenta, menoscaba sus propios reclamos de respeto a sus críticos, socava sus críticas a Estados Unidos por la tolerancia con el tráfico de armas a nuestro país y resta seriedad a sus argumentos en pro de una estrategia de seguridad que ha perdido respaldo y hasta verosimilitud.

La debacle

Luis Javier Garrido

El proyecto de Washington de someter a América Latina a su esquema de seguridad nacional –que es la vía para controlar los recursos estratégicos de la región– ha encontrado en el gobierno de Felipe Calderón un instrumento que, aunque torpe e ineficiente a su juicio, se muestra cada vez más dócil y entreguista hacian los intereses estadunidenses, como lo ha demostrado en la falsa “guerra contra el narco”, y en consecuencia la Casa Blanca está resignándose a respaldar cada vez más al panismo. Acción Nacional, asumiendo esta situación, busca a su vez usufructuar su entreguismo utilizando las múltiples complicidades establecidas con funcionarios estadunidenses para pretender enquistarse en 2012 en el poder.

1. El llamado delirante formulado por Calderón a sus colaboradores a impulsar en el último tercio del sexenio las contrarreformas neoliberales en materia laboral, energética y de seguridad que se reclaman desde Washington, y en el que insistió durante una larguísima reunión a la que convocó para ese efecto en el Centro Banamex el viernes 13 –durante la cual se asumió como un churchilito tropical–, no es por consiguiente más que otra demanda de apoyo, en la que incluyó también al PRI, para acelerar el desmantelamiento del Estado posrevolucionario, y entregar los últimos vestigios de la soberanía mexicana al capital trasnacional.

2. El discurso de la derecha mexicana no logra ya confundir a nadie, y cuando Calderón y los panistas hablan de las reformas necesarias a lo que están haciendo referencia es precisamente a la entrega por completo de México al control de Estados Unidos, dejando que las agencias estadunidenses se encarguen de la seguridad interna del país, que las multinacionales se apoderen de los recursos energéticos de México –y en particular del petróleo– y que los derechos laborales de los trabajadores se cancelen por completo para que el territorio nacional se transforme en una vasta maquila para supuestamente competir con China, lo que les urge culminar en lo que resta del sexenio. De ahí la urgencia de Los Pinos por convocar a las cámaras federales a un nuevo periodo extraordinario de sesiones, y también las ya no tan veladas amenazas al PRI que Calderón formula diariamente.

3. El gobierno de facto de Calderón no tiene otra oferta que hacer a Washington que la de entregarle por completo el país, de ahí que reitere una y otra vez hacia el exterior los signos de su sumisión: intentando no sólo hacer aprobar al vapor la legislación fascistoide en materia de seguridad y las contrarreformas energética y laboral, sino multiplicando las acciones que dan argumentos a Washington para una intervención más directa en México, como acontece con las matanzas de migrantes y ahora los episodios sangrientos en la frontera sur y en Guatemala, que en lo sucesivo van a reproducirse de la manera más burda, o con declaraciones que avalan las tesis del Pentágono. El embajador mexicano en Estados Unidos, Arturo Sarukhán, haciendo ya suyo el discurso intervencionista de Washington, comparó hace dos días a los cárteles de México con organizaciones terroristas.

4. La violencia la van ahora a imponer las agencias estadunidenses en el sureste mexicano y los países centroamericanos –como se ve tras lo acontecido en Guatemala–, cuyos principales gobernantes actúan ya como cómplices de la llamada Iniciativa Mérida y estos últimos acontecimientos deben ser un motivo de alerta para todos.

5. Los continuos llamamientos de Felipe Calderón al PRI para que sus legisladores aprueben en las cámaras esas contrarreformas legales que liquidan la viabilidad histórica de México van, por lo mismo, cargadas insidiosamente de la acusación de que durante los años del priísmo se desarrollaron los cárteles y el modelo que los panistas llaman populista, tratando de que Washington vete al futuro candidato presidencial del PRI de no aprobar este año el Institucional esos engendros seudolegales, lo que tiene a los priístas contra las cuerdas.

6. El modelo político que ha ido emergiendo en este sexenio para hacer de México un protectorado funcional a los intereses hegemónicos de Washington, diseñado de manera muy tosca por asesores extranjeros, es el de un Estado centralista con el argumento de que el federalismo propicia un desorden en materia de seguridad pública, como se reitera desde Los Pinos todos los días al acusar a los gobernadores del PRI (y del PRD) de falta de colaboración en la guerra de Calderón. Así se hizo intervenir desde 2007 a las fuerzas armadas en estados y municipios, sin sustento legal alguno y en flagrante violación a la Constitución; así se legisló en 2010, contradiciendo muchas otras leyes, que el narcomenudeo –que es por esencia un delito federal– debería ser en lo sucesivo local, y de la misma manera se pretende ahora que la Procuraduría General de la República puede evaluar y descalificar a los gobiernos locales (en manos del PRI y del PRD, naturalmente) por no cumplir a juicio del señor Calderón y sus colaboradores con sus responsabilidades en materia de seguridad.

7. La evaluación que pretende hacer Felipe Calderón de los gobiernos estatales (y en especial, desde luego, de los del PRI y del PRD) en lo relativo a sus acciones en materia de seguridad y por su colaboración en su “guerra contra el narco”, que empezó a delinear en una conferencia de prensa Juan Miguel Alcántara Soria el martes 17, es contraria a los fundamentos federales de la Constitución mexicana y configura una nueva injerencia inadmisible del gobierno central en la vida interna de los estados de la Federación que transgredería gravemente el orden constitucional, por lo que sorprende que no se haya producido una reacción vigorosa a tamaño despropósito.

8. El régimen federal se sustenta en la coexistencia de dos órdenes jurídicos distintos en el país: a) el federal y b) el particular de cada uno de los estados de la Federación, cada uno con su propia jurisdicción, y en el caso de México los delitos contra la salud son responsabilidad del gobierno federal, exclusivamente a través de la PGR y no tiene por qué ésta tratar de responsabilizar a las autoridades locales de su ineptitud y venalidad. ¿Qué pasaría en Estados Unidos, por ejemplo, si el gobierno de Obama intentara evaluar, fiscalizar o regañar a las autoridades policiacas del estado de Nueva York?

9. En medio del desastre al que Calderón y los panistas han llevado al país, no deja de sorprender, sin embargo, el tono delirante con el que el gobernante espurio mexicano pretende estar cambiando a México, manifestado en la reunión del viernes 13, en la que en el subtexto de su discurso pretende haber ya logrado destruir por completo el orden constitucional vigente y cree haber impuesto en el país un supuesto orden neoliberal, que nadie ha definido, y que él hace suyo como disciplinado empleado de las multinacionales.

10. La demencia de la derecha mexicana en su obsesión, primero por alcanzar y ahora por mantenerse en el poder, la ha conducido a destruir las instituciones de la República, a entregar el control de espacios estratégicos del país a agencias extranjeras, a llevar a los mexicanos al peor desastre social y económico de su historia, a hundir a todo México en un baño de sangre sin sentido que ha desquiciado la vida de un pueblo vejado y empobrecido como nunca, que por eso ahora le grita en todos los tonos a Felipe Calderón y a su equipo de ineptos y entreguistas que: ¡Ya basta!