Las rebanadas
del pastel
Carlos Fernández-Vega
Una más de cómo el gobierno federal está rompiendo el círculo
vicioso de egresados sin empleo (Calderón dixit): “el desempleo es igual
de crítico entre los recién egresados y los que llevamos un buen tiempo de vida
laboral. Soy médico cirujano de la UNAM, especialista en medicina del trabajo,
certificado en medicina del trabajo, certificado como profesional B en
administración de riesgos. Laboré en los sectores público y privado; en éste
último ocupé un puesto gerencial en la industria químico-farmacéutica por más de
15 años. Lamentablemente se terminó la relación laboral (por no decir que fui
despedido) hace cuatro meses y empezó el viacrucis. Cuatro meses en los que he
acudido a entrevistas, enviado currículos, y qué sucede. ‘Argumentos’ de los
reclutadores:
1: que tengo 49 años, factor en contra tanto en el sector público
como en el privado;
2: que por mi experiencia soy un profesional altamente calificado y
por lo tanto no cubro el perfil requerido de uno o dos años de experiencia;
3: que impartir diplomados en la UNAM es un factor en contra del
perfil requerido;
4: que mis pretensiones económicas son sumamente elevadas para el
perfil y puesto requeridos;
5: que como únicamente tengo un dependiente económico (mi esposa),
no tengo motivos suficientes para buscar y sostenerme en un empleo;
6: que prácticamente 99 por ciento de las opciones laborales para
las que me han entrevistado, todas son por outsourcing u honorarios, sin
ninguna prestación social, y
7: el más difícil y cruel de todos, los salarios que ofrecen. La
semana anterior en una entrevista me ofrecieron como salario (por honorarios) lo
que gané alguna vez ¡hace más de 20 años!” (Sergio Lara Pérez,
México SA
Crece la migración infantil
¿Sólo 14 mil niños repatriados?
INM: putrefacto e impune
Carlos Fernández-Vega
Dramática, aunque en extremo limitada, la reciente denuncia pública
del presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Raúl Plascencia,
sobre la terrible realidad que viven los niños migrantes en el país, nacionales
y extranjeros, quienes cuando tienen suerte sólo son víctimas de una de las
bandas del crimen organizado (el Instituto Nacional de Migración). En 2010,
relató el ombudsman, 14 mil mexicanos menores de edad fueron repatriados desde
Estados Unidos sin compañía de un adulto, a la vez que desde México 3 mil
menores que viajaban solos fueron devueltos a sus naciones de
origen.
Hambre, explotación, humillación, ataques sexuales y, en fin, la
permanente violación de sus derechos humanos es algo cotidiano para muchísimos
menores de edad en México y el resto de América Latina, producto de un modelo
económico depredador al que lo menos que le interesa es el bienestar de la
población, la infantil en lugar destacado. Plascencia advirtió que el Estado
mexicano tiene un papel fundamental en la tarea de garantizar y proteger los
derechos de los niños que se encuentran en el país, independientemente de su
nacionalidad. Las niñas, niños y adolescentes migrantes son los más vulnerables
a la violación de sus derechos; están expuestos no sólo a ser víctimas de
delitos como la trata de personas y el secuestro, sino también a actos de
discriminación, maltrato y segregación (La Jornada, Víctor
Ballinas).
Pues bien, si el papel destacado relatado por el ombudsman es en
referencia al putrefacto Instituto Mexicano de Migración, entonces su
aseveración es correcta, pero no su interpretación, porque en eso de asaltar,
humillar, extorsionar, privar de su libertad y en ocasiones hasta de su vida a
los migrantes, nacionales y extranjeros, el INM se ha convertido en un
especialista, ante la mirada complaciente de lo que todavía algunos llaman
autoridad. Cruda exposición la de Plascencia, pero limitada, toda vez que siendo
México uno de los principales corredores migratorios del mundo el número de
casos citado es en extremo corto.
En un balance mucho más amplio, la Cepal ofrece mayores
herramientas para entender el problema: alrededor de 6 millones de personas han
emigrado dentro de América Latina y unos 25 millones (mexicanos la mitad de
ellos) lo han hecho desde la región hacia Estados Unidos y Europa. No se conoce
con exactitud el número de niños migrantes, pero estimaciones recientes indican
que una de cada cinco personas que emigran sería un niño, niña o un adolescente
(la cifra de niñas supera levemente a la de varones), aunque la estadística no
incluye a los muchos niños que han sido dejados detrás por padres migrantes (uno
o ambos), o a los niños que nacen de padres migrantes, hayan obtenido los padres
la nacionalidad del país de destino o no.
Millones de niños latinoamericanos afrontan graves restricciones en
el ejercicio de sus derechos humanos, debido a su situación migratoria o a la de
sus padres. De manera cada vez más frecuente, algunos de los riesgos y abusos
que los emigrantes pueden sufrir son el endurecimiento de las políticas
migratorias, la xenofobia, la discriminación y el tráfico de personas.
“Anualmente, grandes cantidades de niños, niñas y adolescentes emigran solos con
la esperanza de reunirse con sus padres o para escapar de la violencia y la
explotación. La falta de oportunidades en sus propios países, en cuanto al
acceso a la educación y la calidad de vida, además del aumento de situaciones de
inseguridad y violencia a las que se ven expuestos en áreas urbanas pobres,
están llevando a que cada vez más adolescentes emigren (por lo general, solos y
por vías irregulares). Sin una protección social o legal, y sin ser conscientes
de sus derechos como emigrantes cuando viajan a través de diferentes países, son
especialmente vulnerables al caer víctimas de cargas de trabajo pesadas, tráfico
de personas con propósitos laborales o sexuales, y abuso físico y sexual.
También se ven expuestos a situaciones humillantes que les dejan profundas
cicatrices emocionales. En particular, las adolescentes muchas veces sufren
abusos y violencia durante su viaje, especialmente en los puestos fronterizos de
control.
Existe una falta de normas, reglamentaciones y políticas públicas
que estén dirigidas a proteger a los menores migrantes, especialmente en el
contexto de la migración indocumentada. Las prácticas y políticas que tienen
como objetivo regular las corrientes migratorias en términos de entrada,
residencia y expulsión, han derivado en la violación de los derechos humanos de
los menores que están en tránsito. En la mayoría de los países de América Latina
no hay leyes migratorias que aborden explícitamente el tema de los derechos
económicos, sociales y culturales de los menores migrantes, pero sí existen
aquellas que los persiguen.
Nuestros
jueces no se meten cocaína
La historia
en breve
Ciro Gómez
Leyva
Le
salió la jugada a Juan Miguel Alcántara Soria. Hace ocho días sacó las bocinas
al patio para que se oyera fuerte que sólo 52 por ciento de los altos mandos
policiacos de los gobiernos estatales se habían sometido a los exámenes de
control del gobierno federal.
Dos o
tres gobiernos patalearon. La mayoría comprendió que lo mejor era evaluarse. De
aquel lunes al de ayer, el porcentaje pasó de 52 a 63 y, al parecer, seguirá
creciendo.
Muy
bien, felicidades, pero qué pasa con otros cargos cruciales. Jueces y
magistrados, por ejemplo, le pregunto a Alcántara Soria, secretario ejecutivo
del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
—El
Poder Judicial tiene también que revisar ya sus esquemas, me parece que tiene
que participar en estas evaluaciones —responde sin titubear.
—Me
parece, debía ser… ¡Cómo que le parece!
—Eso se
tendría que legislar. Yo estoy de acuerdo en que el Poder Judicial debe adoptar
alguno de los esquemas de profesionalización y control de confianza.
—¿Ya lo
habló con los ministros?
—Lo
abordé con el Consejo de la Judicatura cuando fui subprocurador de Asuntos
Jurídicos e Internacionales.
—¿Qué
le decían?
—Son
reacios. No quieren someterse, pero creo que hay que seguir hablando con ellos
para que hagan la reforma legal que se necesita.
—¿Por
qué son reacios?
—El
Poder Judicial se ve a sí mismo de una manera y con unas cadencias muy distintas
a las del Ejecutivo. Son más conservadores, sin lugar a dudas.
En buen
romance, los jueces, magistrados y ministros son una casta a la que no se puede
tocar con un polígrafo. Una aristocracia que no se percude en el lodazal, no
dice mentiras ni jamás se mete cocaína.
O
qué.
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