8 DE MAYO (VAMOS TODOS) Y UN REMEDO DE LEY MIGRATORIA

8 de mayo

Luis Hernández Navarro

Este 8 de mayo tomará las calles un vigoroso y naciente movimiento ciudadano contra la violencia y la militarización del país. Convocadas por el poeta Javier Sicilia, miles de personas darán vida a un movimiento inédito, genuino y vigoroso de rechazo explícito a la inseguridad pública, la impunidad y la fracasada guerra contra el narcotráfico de Felipe Calderón.

La marcha de este 8 de mayo no tiene nada que ver con realizada en junio de 2004. La movilización de 2004 fue promovida por los grandes medios de comunicación electrónicos y por algunos periódicos. En nombre de la seguridad se convirtió, en los hechos, en una iniciativa para construir un polo social contra Andrés Manuel López Obrador. A las protestas le siguió el desafuero del jefe de Gobierno de la ciudad de México.
Las figuras visibles de la jornada de lucha de aquel entonces fueron personajes de la iniciativa privada víctimas de la inseguridad. Más allá de su legítimo dolor, muy pronto se convirtieron en interlocutores del gobierno federal en asuntos relacionados con la inseguridad pública. Con rapidez, su visión del mundo y su red de intereses terminaron convirtiéndolos en piezas funcionales de la estrategia gubernamental de turno.
El ¡Estamos hasta la madre! de Javier Sicilia camina en otra dirección. Sin ambigüedad, cuestiona simultáneamente a los criminales y al gobierno. Apela a la indignación, no para cabildear con el poder, sino para movilizar a la sociedad. No cuenta con el padrinazgo de los grandes medios de comunicación electrónicos. Es la expresión más acabada del hartazgo ciudadano ante la violencia criminal y la guerra contra el narcotráfico de Felipe Calderón.
Como un río que a su paso se nutre de diversos afluentes, su ¡ya basta! confluye y retoma la trayectoria seguida en los últimos años por las kaminatas contra la muerte en Ciudad Juárez y Chihuahua; las protestas de los padres de familia de las víctimas de la guardería ABC en Sonora; la campaña No más sangre; la acción de los seguidores de Benjamín Le Baron –la figura carismática de la comunidad mormona, asesinado en Chihuahua– y las movilizaciones del sacerdote Alejandro Solalinde en favor de inmigrantes indocumentados.
Las kaminatas contra la muerte son acciones simultáneas que se realizan en Ciudad Juárez y en Chihuahua cada viernes por la tarde. Llaman a la organización y protestan contra la militarización. No están ni con los grupos de narcotraficantes ni con el Estado. Tan sólo hasta el pasado 12 de febrero se habían efectuado 30 de ellas. Apenas el 29 de octubre, la Policía Federal reprimió en Juárez una de esas manifestaciones y le disparó por la espalda al estudiante Darío Álvarez Orrantes.
Uno de los asistentes, el profesor Willivaldo Delgadillo, contó lo sucedido: “Yo estuve en esa marcha con mi hijo de 12 años. Lo llevé porque la Kaminata es un ejercicio ciudadano pacífico y necesario ante la debacle humanitaria que se vive aquí. No quiero que mi hijo se acostumbre a la violencia ni a la impunidad. Sin embargo, al final de la marcha llegaron los federales en tres pick-ups; eran aproximadamente 24 elementos. Dispararon por lo menos en cinco ocasiones, en dos tandas; el ataque fue deliberado. Unos minutos más tarde un helicóptero empezó a sobrevolar el campus universitario. Es evidente que se trata de una embestida contra la protesta social. El mundo debe saber que en Juárez la única guerra que hay es contra los jóvenes y contra los más vulnerables. La supuesta guerra contra el narcotráfico es tan sólo un buen negocio más del régimen. Aun así, hoy saldremos a marchar de nuevo”.
A raíz de esa agresión, grupos de estudiantes de educación superior de UNAM, UACM e IPN han efectuado movilizaciones en la ciudad de México para denunciar los sistemáticos crímenes contra estudiantes. Una de esas protestas, realizada en la UNAM, reunió a 7 mil estudiantes. Con veladoras encendidas dibujaron un mapa de México. De allí surgió la Coordinadora Metropolitana Contra la Militarización y la Violencia (Comecom).
El sacerdote Alejandro Solalinde Guerra es coordinador de la Pastoral de la Movilidad Humana en Zona sur-Pacífico. Ha enfrentado un permanente acoso y agresiones directas tanto de autoridades locales como de grupos ligados al crimen organizado. Su delito es mantener abierto un albergue que ofrece techo y comida de manera temporal a los migrantes que viajan en ferrocarril rumbo al norte. En 2008, el alcalde de Ixtepec, 14 policías y tres decenas de personas amenazaron a Solalinde con prender fuego al albergue si no lo cerraba en 48 horas. En varias ocasiones ha estado preso.
En 2009, la comunidad mormona disidente de Le Baron, en Galeana, Chihuahua, se movilizó para exigir la libertad del joven Erick Le Baron, secuestrado por una banda criminal. Poco después, un comando fuertemente armado, con capuchas, cascos y chalecos, asesinó a Benjamín Le Baron y a su cuñado Luis Widmar. Bejamín era empresario, activista de su comunidad, organizador de una policía comunitaria, líder de su iglesia local y, en estos días de lucha, dirigente de la comunidad en lucha contra el crimen organizado. El gobierno nunca le dio protección.
Un parteaguas en este proceso de organización del descontento fue la campaña No más sangre, convocada el pasado 10 de enero por un grupo de caricaturistas encabezados por Eduardo del Río, Rius. Sumándose a su convocatoria, miles de personas han tomado las calles para protestar. El objetivo de la iniciativa, según el monero, es hacerle ver al gobierno que estamos hasta la madre de vivir está situación de angustia y temor generalizado. Esperamos que la gente se una a esta campaña y deje de estar cruzada de brazos viendo a ver cuándo se le ocurre al gobierno parar esta absurda guerra que no está sirviendo para nada.
Muchos de quienes marcharán este 8 de mayo piensan que multitud de homicidios perpetrados en los últimos años de guerra contra el narcotráfico fueron cometidos contra personas desarmadas, sin que se hubieran provocado riñas o enfrentamientos. No fueron asesinatos acaecidos por la lucha abierta entre cárteles de las drogas, ni provocados por el enfrentamiento del Ejército y las policías contra bandas del crimen organizado. Fueron crímenes cometidos en un país que vive en muchas regiones un estado de sitio no decretado, patrulladas día y noche por miles de efectivos policiacos y militares. Por eso exigen que se detenga ya la acción de las bandas criminales y la militarización del país.

Un remedo de ley migratoria

Ana María Aragonés

Por lo visto nuestros políticos siempre se quedan a medias cuando se trata de llevar a cabo cambios importantes bajo la idea, expresada por muchos de ellos, de que no se puede el todo o nada, por tanto es mejor tantito. Y con este tantito, siempre hacen las cosas mal tratando de tapar el ojo al macho, pues ahora los migrantes centroamericanos con la Policía Fronteriza saldrán de Guatemala para entrar en guatepeor.

La Cámara de Diputados aprobó la minuta del Senado por la cual se expidió la nueva Ley de Migración, con lo que se busca frenar agresiones en contra de migrantes, y obliga a las instituciones del Estado a respetar los derechos humanos de los indocumentados. Son propuestas intachables, y es justamente lo que se pretendía desde el principio por parte de un conjunto de organizaciones no gubernamentales, académicos, personas que defienden de diversas maneras a los migrantes, etcétera.
Pero resulta que, en absoluta contradicción con lo señalado precedentemente, los legisladores federales aprobaron crear nada menos que la Policía Fronteriza, que para mayor escarnio estará bajo la dirección del Ministerio Público y tendrá facultades para prevenir delitos y realizar vigilancia de puertos, aeropuertos y zonas fronterizas.
¿Cuáles son los problemas que representará esta Policía Fronteriza? En primer lugar, depender del Ministerio Público, y no es necesario hacer demasiadas descripciones, sólo habría que enfatizar que es una institución que ha demostrado ser de las más corruptas del país. Pero además, va a estar supeditada a los recursos de la Policía Federal, vinculación que nos pone a temblar, pues tampoco ha probado cabal honestidad ni honradez en muchos de sus cuerpos policiacos. Recordemos al padre Alejandro Solalinde y sus expresiones en relación con que no sabía de qué parte estaba la Policía Federal.
Creemos que es una forma de disfrazar la realidad al señalar que este grupo se especializará en el combate al tráfico de armas, explosivos, insumos para el fomento de la adulteración de medicinas, bebidas alcohólicas o cualquier otra sustancia de consumo humano, así como vigilar los procedimientos en materia aduanal, puesto que no puede dejarse de lado el hecho de que por ahí también pasan los migrantes. De modo que lo que los legisladores han logrado es establecer un filtro contra estas personas, a los que se les puede achacar cualquier cantidad de delitos que se les ocurra a los policías. No hay que olvidar que se trata de policías que no están educados para respetar a los derechos humanos, y esto es una labor que ni siquiera se plantea.
Por otro lado, combatir la corrupción del Instituto Nacional de Migración, con la creación del sistema de profesionalización y certificación de personal, a través de un Centro de Evaluación y Control de Confianza suena muy bien, pero genera dudas pues no siempre son controles lo suficientemente eficientes que uno esperaría, además de que, nuevamente, se deja de lado un requisito fundamental, que es calificar al personal en relación con el respeto de los derechos humanos.
Resulta muy preocupante que los migrantes irregulares serán detenidos, si bien sólo podrán ser presentados por el INM y la detención no podrá exceder de 36 horas. De tal manera que la idea que se tenía en relación con el irrestricto respeto a los derechos humanos de los migrantes nacionales y extranjeros, sea cual fuere su origen, nacionalidad, género, etnia, edad y situación migratoria queda en el limbo, pues la ley no otorgará la visa de migrante, que evitaría su criminalización y sería la prueba fehaciente de que se respeta su derecho humano a migrar.
Las únicas calidades migratorias que se aprobaron fueron la de visitante, que se otorgará a los extranjeros que van a permanecer por estancias cortas en el país, ya sea como turistas o personas de negocios; la de visitantes con permiso para recibir una remuneración en el país, por estancias menores a 180 días, y otra para visitantes o trabajadores de las regiones fronterizas. La residencia temporal se podrá otorgar a los extranjeros que deseen permanecer en el país menos de cuatro años, y en esta categoría se incluye a los estudiantes, que podrán radicar en México por el tiempo que duren sus estudios. Los migrantes no son ni turistas ni hombres de negocios, ni estudiantes. De tal manera que suponer que con esta legislación el Estado mexicano refuerza su compromiso inquebrantable con el respeto de los derechos humanos de las personas, independientemente de su situación migratoria, es una falacia.
La realidad es que gracias a los legisladores se logró un remedo de ley ligratoria, sin superarse la criminalización de los migrantes en los hechos, para felicidad de Estados Unidos y de la Secretaría de Gobernación, que dijo estar muy satisfecha.

amaragones@gmail.com