Oficio de Papel- Iniciativa Mérida, un plan equivocado

Oficio de Papel

Columna semanal del periodista Miguel Badillo

Octubre de 2012

• Iniciativa Mérida, un plan equivocado
• Critican en EU la política de Calderón
• Nunca defendió los derechos humanos

Además de los millones de mexicanos que padecen el fracaso de Felipe Calderón en su “guerra” contra el crimen organizado, al sumergir al país en una espiral de violencia, en Washington observan que el balance del Plan Mérida instrumentado en México es negativo. Esto hace prever que la estrategia inspirada en el Plan Colombia, impuesto por Estados Unidos durante el gobierno de Andrés Pastrana, tendrá que ser fortalecida y rediseñada durante los próximos años.Para no incurrir en los mismos errores de Calderón, el gobierno de Enrique Peña Nieto tendrá que exigir a Estados Unidos una política contra el narcotráfico que opere más allá de la retórica, los intentos de intervencionismo y la militarización. El próximo gobierno mexicano deberá exigir que en Washington se comprometan con su propia política interior: reducir la demanda de drogas, detener el flujo de precursores químicos y armas en la región, y abordar los problemas de contrabando de dinero y lavado de dinero. Esa es la visión de analistas críticos que en Estados Unidos advierten como una amenaza para la seguridad interna de su país el “narcoterrorismo”, el cual dicen toma fuerza en territorio mexicano.

 

Felipe Calderón, en cambio, se limitó a concentrar su “guerra” contra el narcotráfico en la confrontación con el crimen organizado y olvidó la política de mitigación de daños colaterales observada, incluso, en el Plan Colombia. Otro gran error de Felipe Calderón.

 

Ante el Comité de Seguridad Interna de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, congresistas y expertos en problemas de migración y terrorismo analizaron el Plan Mérida, que recibió menos recursos que el Plan Colombia pero que, sobre todo, olvidó las políticas vinculadas con la protección de derechos humanos.

 

Para el Plan Colombia, el gobierno de Estados Unidos gastó alrededor de 4 mil 500 millones de dólares hasta el 2006 y 6 mil 100 millones hasta el 2008. Para el Plan o Iniciativa Mérida, el gobierno de Estados Unidos estableció un presupuesto de mil 500 millones de dólares para el período 2008-2010. Para el año fiscal 2011, el gobierno de Obama pidió 310 millones de dólares y 282 millones de dólares para el año fiscal 2012.

 

Paralelamente, operativos como “Rápido y furioso” generaron graves problemas internos en México, al permitir el ingreso de armas para las organizaciones criminales. Frente a ello, el gobierno de Calderón adoleció de una política exterior contundente.

 

En su testimonio ante el Congreso, John Bailey, investigador del Departamento de Gobierno de la Universidad de Georgetown, aseguró que Felipe Calderón rechazó la ayuda que Estados Unidos ofreció en materia de derechos humanos, porque estaba condicionada a normas impuestas desde Washington.

 

Si Calderón rechazó las políticas de mitigación sugeridas por Estados Unidos para salvaguardar la soberanía del Estado mexicano, debió entonces ocuparse de la protección de los derechos humanos y no sólo concentrarse en el enfoque que preocupaba al gobierno estadounidenses: la seguridad interna y bilateral.

 

El Plan Mérida, desde la perspectiva de Washington, se concentró en la creación de instituciones para la aplicación de la ley y la administración de la justicia. Debido a ello, el gobierno de Barack Obama ha sido blanco de críticas al permitir que el Plan Mérida se enfocara en programas que tardarán años en presentar resultados positivos y que elevaron la fuerza del “narcoterrorismo” al poner en riesgo la seguridad interna de su país.

 

Para el Plan Mérida – dice el experto – debió tomarse en cuenta la experiencia que dejó el Plan Colombia, en donde se aprendió cómo hacer frente a la violencia y la corrupción asociadas con el crimen organizado. En México la situación se observa sumamente delicada, porque las organizaciones delictivas ramificaron su participación en actividades criminales e ilegales extendiendo sus operaciones hacia nuevos terrenos, tanto en México como en otros países que también son una amenaza para Estados Unidos.

 

Para empezar, Bailey dijo ante los Congresistas que el Plan Mérida debió concebirse de una manera diferente, porque México es mucho más complejo y grande con relación a Colombia. México tiene más del doble de población y mucho más territorio, un producto interno bruto cinco veces más grande y un presupuesto tres veces más cuantioso. No sólo era cuestión de presupuestos aprobados desde Washington que, además, resultaron insuficientes.

En México, el Ejército mexicano es uno de los actores más aislados en términos de transparencia y rendición de cuentas. Además, el papel protagónico del Ejército Mexicano crea una complicación adicional: reforzó la tendencia de Estados Unidos a militarizar la política antidrogas. A diferencia de Colombia, México comparte una frontera terrestre de 2,000 kilómetros con Estados Unidos, que coloca su situación de seguridad interna en la agenda de los temas que más preocupan al gobierno de Barack Obama.

 

Además, los problemas de los dos países también difieren en aspectos importantes. La violencia asociada con el crimen organizado es un desafío significativo pero en contextos muy diferentes. En Colombia, desde 1948 se vivió una fase de guerra interna profunda, mientras que México empezó a consolidar la paz interior basado en el imperio hegemónico del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

 

Las fuerzas de insurgencia (especialmente las FARC) han emprendido una lucha armada de 40 años contra el gobierno colombiano, con las variedades de fuerzas de autodefensa que se multiplicaron y complicaron la violencia. Una estimación sugiere que en su apogeo en 2006, las FARC controlaban aproximadamente el 30 por ciento del territorio nacional.

 

Por el contrario, en Washington estiman que la insurgencia guerrillera no es un problema en México. Los zapatistas, dice Bailey, eran una rebelión regional menor, confinado sobre todo a las regiones del estado de Chiapas, en la frontera sur con Guatemala que se convirtió en una fuerza política local. El Ejército Popular Revolucionario (EPR), agrega el analista, es un misterioso grupo, en gran medida marginados con operaciones poco frecuentes en los estados de Guerrero y Distrito Federal.

 

Pero en México el desafío para la seguridad interna de Estados Unidos se presentó bruscamente en la violencia criminal que inició en 2004 y en aumento en los años siguientes. El gobierno de Felipe Calderón, cita Bailey, estima que 34 mil 612 homicidios son atribuibles a la delincuencia organizada entre diciembre de 2006 y enero de 2011.

 

La mayor parte de la violencia en México estuvo asociada al narcotráfico y a la distribución minorista de los mercados de drogas con rápido crecimiento interno. La confluencia de los ríos de dinero de la droga, los combatientes entrenados y armas de alta potencia, han producido hiperviolentas organizaciones de tráfico de drogas y armas bien organizadas, políticamente eficaces, que son capaces de desafiar al gobierno, entidades policiales, al sistema judicial y hasta al Ejército.

Mientras que la mayor parte de la violencia se concentra en quizás seis u ocho de los 32 estados, las organizaciones de tráfico puede afectar a cualquier parte del país. En comparación, la altura de la violencia en Colombia, originada por bandas de narcotraficantes, se presentó a finales de 1980 y principios de 1990. Desde entonces las organizaciones de narcotraficantes han adoptado por un perfil más bajo y métodos menos violentos, pero buscan mantener la producción de droga.

 

Califica a México como un caso de hiperviolentas organizaciones criminales que utilizan el terrorismo como métodos para desafiar al gobierno y la sociedad.

 

Así, el gobierno de Felipe Calderón – tal como lo perciben en Washington- se ha concentrado en la represión de la violencia del narcotráfico criminal, un enfoque que el gobierno de Estados Unidos comparte. A diferencia del Plan Colombia, que incluye la promoción de la democracia y el desarrollo institucional, México se concentró en la represión de la violencia.

 

Sin embargo, las reformas institucionales para fortalecer el Estado de Derecho se ha retrasado, mientras que la única estrategia clara ha sido utilizar a los militares para pulverizar las organizaciones de tráfico en pequeñas bandas, menos potentes para que las autoridades estatales y locales pueden recuperar el control efectivo sobre el territorio. Además, la “débil imagen” de Felipe Calderón también ha contribuido a retrasar los cambios institucionales.

 

En Colombia, el presidente Álvaro Uribe tuvo éxito en la creación de un fuerte apoyo político a su estrategia, hasta el punto de que podría aplicar un impuesto especial para ayudar a financiar las estrategias contra el crimen organizado.

 

En México, asegura Bailey, ante los niveles extraordinarios de violencia, Calderón se enfrentó a una fuerte oposición a sus políticas y los principales partidos políticos utilizan el tema de seguridad pública para obtener ventajas partidistas.

 

México, agrega el analista, tiene una de las tasas más bajas de impuestos en el hemisferio y depende en gran medida de los ingresos de Pemex.

 

Igual que en México, en Colombia las violaciones de los derechos humanos eran inaceptablemente altas. En el período 2000-2008, se estima que en Colombia 20 mil personas fueron asesinadas por la guerrilla paramilitar. La mayoría de los desplazados se refugiaron en campamentos precarios alrededor de las grandes ciudades.

 

Colombia sigue enfrentando la crisis más grave de los derechos humanos en el hemisferio, en un panorama rápidamente cambiante de la violencia, mientras que en México, se estima que 230 mil mexicanos se encuentran actualmente desplazados. El nuevo Plan Mérida, de consolidarse en el gobierno de Enrique Peña Nieto, no podrá olvidar – como lo hizo Calderón – las salvaguardas para proteger los derechos humanos. De otra forma, se mantendrá como un área de vulnerabilidad para las fuerzas armadas mexicanas.

 

A un mes de que Felipe Calderón deje el poder y buque salir del país como una medida de protección, las críticas en su contra se han endurecido y eso incluye a quienes hasta ahora se mantenían como sus aliados. Es de esperarse que el rechazo al mandatario mexicano vaya en aumento conforme se acerca al final de su gestión, la cual está plaga de actos de corrupción, abuso de poder, tráfico de influencias, violencia y violación a los derechos humanos.

 

A lo anterior se agrega la petición de juicio penal en contra de Calderón que miles de mexicanos pidieron ante la Corte Penal Internacional de La Haya, en donde se acepte o no su responsabilidad, para millones de mexicanos Calderón ya es culpable de los caso 100 mil muertos y desaparecidos motivado por su guerra contra el crimen organizado.