Alianza Social de Trabajadores de la Industria Mexicana

sábado, 3 de noviembre de 2012

Apuntes postsoviéticos- Tribunal ciudadano enjuicia a Felipe Calderón- Reforma laboral: la agenda democrática- Tres mitos del megaproyecto eólico del Istmo de Tehuantepec

Apuntes postsoviéticos
Igual que antes
Juan Pablo Duch
El gobernante Partido de las Regiones del presidente Viktor Yanukovich ganó las recientes elecciones parlamentarias en Ucrania pero, en el corto plazo, no cabe esperar grandes cambios en la política equidistante de la segunda república eslava más grande, país que vive con la mirada puesta hacia Europa, con un ojo, y con el otro, hacia Rusia.
 
Era de suponer en un Estado que sigue dividido, al borde de la ruptura, cuya parte occidental, ahora perdedora, parece que nunca se podrá poner de acuerdo con la zona oriental, esta vez vencedora.
Los partidos que defienden los intereses de la población que se siente hermanada con Rusia y los que, desde la oposición, se identifican con la Unión Europea, por sí solos, no pueden alcanzar la mayoría en la Rada o Parlamento.

Dependen, para gobernar, de las alianzas que establezcan. El Partido de las Regiones tendrá que aliarse con el Partido Comunista de Ucrania, compañero de viaje por conveniencia y rival suyo entre los electores en el este del país.

Por primera vez desde que Ucrania es independiente, el partido gobernante superó por amplio margen a la oposición más orientada hacia Occidente, representada por la coalición Batkivshina (Patria), de Yulia Timoshenko, que está cumpliendo condena en la cárcel por los delitos de carácter económico que se le imputan durante su etapa de primera ministra.
 
Igualmente novedoso es que la demanda de una nueva oposición restó seguidores a Batkivshina y abrió las puertas del Parlamento a los nacionalistas de extrema derecha de Svoboda (Libertad) y al partido UDAR (acrónimo de Golpe), del campeón mundial de box Vitali Klichkó, que llevarán un discurso diferente a la tribuna pero cuyo comportamiento en las votaciones como bloque es, por ahora, una incógnita.
 
De los 450 escaños de la Rada –la mitad de elección proporcional, por listas de partido, y la mitad de elección mayoritaria–, el Partido de las Regiones tendrá, hasta donde puede calcularse con datos extraoficiales, 187 diputados, lejos de la mayoría simple de 226.
 
Pero sumándole los 32 curules del Partido Comunista de Ucrania y tal vez 40 de los 44 llamados independientes, tendría un total 259 diputados, 34 más de la mitad (en el supuesto de que logre atraer a casi todos los legisladores sin partido).
 
Sus adversarios tendrán 180 diputados, Batkivshina aportará 103, Svoboda 37 y UDAR 40. Hasta que se hagan oficiales los resultados definitivos, quedan por asignar 11 curules de elección mayoritaria.
 
Ucrania, en síntesis, está igual que antes. Quizás por eso todos sus políticos de renombre piensan ya en la siguiente contienda: los comicios presidenciales de 2015.
Frontera sur-Ahumada
 
Tribunal ciudadano enjuicia a Felipe Calderón
Enrique Calderón Alzati
Luego de varios artículos orientados a promover la realización de un juicio ciudadano con el que los miembros de la sociedad mexicana se definan en torno a la gestión de Felipe Calderon Hinojosa como presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, un número creciente de compatriotas se ha unido a esta convocatoria haciéndola suya, lo cual, luego de algunas reuniones e intercambios de mensajes por Internet o vía telefónica, ha hecho posible la creación de un tribunal ciudadano, que ha comenzado a operar como una red social, utilizando básicamente el portal www.tribunalciudadano.mx
 
Es importante mencionar que se trata de un esfuerzo ciudadano incluyente convocando a la ciudadanía a participar como jurado, mediante su voto de respaldo o de inconformidad al veredicto que está elaborando un grupo de trabajo voluntario, a partir de las demandas y acusaciones recibidas de l@s mexican@s, que de manera expresa se sienten agraviadas por las acciones y políticas instrumentadas por el gobierno de la República, o que piensan que el Presidente debe ser demandado en forma especifica por su actuación al frente del gobierno.

Para inscribir cada una de estas demandas o acusaciones es necesario seleccionar un tema o concepto del catálogo de conceptos que puede ser consultado en la página del tribunal, describiendo su demanda y dando algunas pruebas que sustenten la demanda o acusación. Hasta el día de ayer se tenían registradas 12 demandas provenientes de cinco entidades de la República: Veracruz, Distrito Federal, Nuevo León, Jalisco y Puebla.

Con ellas, el grupo de trabajo ha comenzado a preparar el veredicto que deberá ser presentado a la opinión pública el 12 de noviembre próximo, para someterlo a la sociedad mexicana en su conjunto, para que ésta exprese su aceptación o rechazo al veredicto, actuando como jurado del tribunal ciudadano. Esta consulta habrá de realizarse desde el 12 hasta el 18 de noviembre próximos, y de ser aceptado y apoyado el veredicto por la mayoría de los participantes de este jurado, se procederá a difundirlo a los medios de comunicación mediante una reunión celebrada para tal fin el 19 de noviembre.

Por ello, hacemos una segunda invitación a quienes deseen participar libremente en este proceso, nos lo indiquen registrándose como jurados del proceso en la sección de registro al jurado en nuestra misma página www.tribunalciudadano.mx.

Tomando en cuenta que este es un derecho y un mandato que nos indica con claridad la Constitución vigente de la República, el proceso conlleva un aprendizaje social y esta es quizá su mayor importancia y trascendencia para el futuro. Por ello, necesitamos que el esfuerzo trascienda con una participación masiva y, por ello, más numerosa que la que hasta hoy ha estado participando. Es importante mencionar que para participar como jurado, no es necesario tener conocimientos de leyes, sino exclusivamente ser ciudadan@ mexican@, leer previamente el veredicto del tribunal y estar interesado en que Felipe Calderón sea juzgado y demandado por los daños causados a la nación.

De manera específica, es importante que una vez terminado de elaborar el veredicto y de su presentación en este portal, (lo cual está programado para el 12 de noviembre) tengamos un número importante de ciudadanos votando, para dar a conocer a la sociedad el resultado del cómputo de votos en favor y en contra. Cuanto mayor sea el número de ciudadanos participantes con su voto, y los votos provengan de todos los estados de la República, y aun de ciudades de otros países donde viven actualmente, su impacto será mayor y dejará un mensaje más claro de que la impunidad que han tenido los mandatarios hasta ahora no sucederá más.
 
Por ello, los varios cientos de ciudadanos que estamos comprometidos en este esfuerzo solicitamos tu apoyo registrándote como miembro del jurado de manera que, desde ahora, podamos saber cuántos votos esperamos tener al final del juicio. Para registrarte como ciudadano miembro del jurado, sólo debes conectarte a la sección Registro del Jurado y escribir los datos del formulario, los cuales son enteramente confidenciales y tienen como fin saber cuántos somos y en qué ciudad nos ubicamos.
 
Nuestra meta actual es lograr la participación con su voto de varios miles de ciudadanos que pasan a formar parte del jurado para este tribunal ciudadano, cuyo fin es establecer el precedente de que al final de cada periodo de gobierno los ciudadanos podamos expresar nuestra opinión colectiva sobre el desempeño de los presidentes de la República, haciendo de este instrumento un referente de apoyo o condena de las acciones realizadas y a las políticas establecidas por cada gobernante.
 
Por experiencia personal de cada uno de los que participamos en este esfuerzo, independientemente de a quien hayamos dado nuestro voto para ocupar la primera magistratura del país en el próximo periodo de gobierno, que está por iniciarse, sabemos que la opinión generalizada de los ciudadanos, es que el señor Felipe Calderón ha representado uno de los gobiernos más nefastos e irresponsables que ha tenido el país, y que no obstante la dimensión de sus omisiones y acciones de incitación a la violencia, de invitación a las prácticas de corrupción entre los funcionarios públicos, de violación de la Constitución por el uso ilegal de las fuerzas armadas, de violación sistemática de las garantías individuales y de haber puesto en riesgo la soberanía nacional con sus acuerdos con gobiernos extranjeros para que sus agentes operen en el territorio nacional y que empresas extranjeras realicen operaciones en nuestro territorio, acciones prohibidas por la Constitución, todo lo cual configura delitos mayores, el señor saldrá de la Presidencia para retirarse a la vida privada, para vivir plácidamente con una pensión que le será proporcionada por el gobierno, y aun con aspiraciones para seguir incidiendo en la vida pública, como sucede actualmente con Carlos Salinas de Gortari, lo cual nos es francamente inaceptable.
 
Por ello, y considerando que esto no debiera repetirse, consideramos que esta acción de enjuiciar su conducta desde la sociedad civil abrirá el camino para que los presidentes de la República y así mismo otros funcionarios públicos, como los gobernadores de los estados, sean enjuiciados públicamente por sus acciones, y sepan que los tiempos de la impunidad han terminado para ellos
Empleados del PAN-Helguera
Reforma laboral: la agenda democrática
Arturo Alcalde Justiniani
La noche del 23 de octubre pasado sucedió algo inesperado, los senadores priístas y del Partido Verde se vieron derrotados por una coalición emergente que mayoritariamente les imponía una agenda democrática para el mundo del trabajo. No se trataba tan sólo de una batalla legislativa perdida sino de una auténtica derrota moral, se vieron obligados a subir a la tribuna para defender la antidemocracia, la opacidad, la ausencia de voto libre y las prácticas viciosas que impiden a los trabajadores defender el valor de su trabajo, organizarse colectivamente y tener una vida digna.
 
La agenda que obtuvo la mayoría en el Senado se compone de cuatro apartados: el primero se refiere al acceso público a los contratos colectivos, estatutos y demás documentos que se depositan en las Juntas de Conciliación y Arbitraje y Secretaría del Trabajo y Previsión Social. El carácter público de esta información ha sido claramente definido por los organismos especializados en la materia, mediante resoluciones firmes que, a pesar de haber sido combatidas por diversos gremios mediante amparos, no han logrado su revocación. También deben ser públicos los recursos que los sindicatos reciben del Estado, como lo han señalado estos organismos y la Auditoría Superior de la Federación. El razonamiento es elemental: si los recursos provienen de los ciudadanos, ellos tienen derecho a conocer su destino.

El segundo y tercer apartados se refieren a la rendición de cuentas y voto secreto, universal y directo para elegir a los representantes sindicales. Es también obvio que cualquiera que administre recursos de otros deba dar cuenta de su destino y que, al no hacerlo, incurra en responsabilidades; el problema es que en la realidad, muchos líderes sindicales consideran que el sindicato es un negocio propio y, en consecuencia, se resisten a compartir cualquier información.

Por lo que se refiere a la decisión de incluir el voto secreto en la ley, se parte del principio de que el voto sólo será libre si se emite con la garantía de privacidad para evitar la presión externa: así lo señala nuestro máximo tribunal de justicia en su jurisprudencia 150/2008 interpretando la Constitución y los convenios internacionales. En los razonamientos de esta decisión, la Corte expone un amplio conjunto de argumentos y criterios que fundan su decisión, en el sentido de que el voto debe ser secreto en el ámbito laboral para que se considere libre. El Comité de Libertad Sindical de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), desmintiendo a quienes afirman lo contrario, ha dejado clara constancia de que la regulación por la vía legislativa del voto secreto es totalmente compatible con el Convenio 87 de dicho organismo; sostener que es más democrático dejar que los trabajadores decidan si quieren o no voto secreto, es una argucia, ya que en la práctica vemos que esta decisión nunca recae en ellos

El cuarto punto responde al derecho que tienen los trabajadores de decidir qué sindicato debe representar sus intereses en la firma de los contratos colectivos. Se trata del artículo 388 bis, el cual constituye sin duda, el tema más importante de esta agenda democrática, porque permite rescatar la contratación colectiva que está actualmente secuestrada por actos de imposición unilateral por parte de los patrones.
 
El artículo 388 bis establece que cuando un sindicato pretenda la firma de un contrato colectivo, la autoridad laboral debe consultar a los trabajadores si están conformes en que dicha organización represente sus intereses, pudiendo ellos manifestar que sea una organización distinta o que no desean pertenecer a sindicato alguno. Integrado un padrón confiable, se procede a una votación libre y secreta; el sindicato que resulte ganador será quien llevará a cabo las negociaciones del propio contrato y después de 10 días de concluidas éstas, sólo el sindicato que obtuvo la mayoría de votos podrá, ante la negativa del patrón, emplazar a huelga en los términos que señala la ley.
 
Esta consulta a los trabajadores, desde el punto de vista legal, no es nada nuevo, ya que el Artículo 388 actual señala las reglas que deben operar en la firma de los contratos colectivos cuando coexisten diversos sindicatos que pretenden esa firma, aclarando que corresponderá la celebración a aquél que obtenga la mayoría. La nueva disposición instrumenta este proceso de firma, el cual resulta fundamental, ya que en la práctica se ha retorcido el acceso al pacto colectivo, a través de un acto de designación por parte del patrón. En efecto, al constituirse una empresa, el propietario del negocio escoge al sindicato de su preferencia, simplemente firma el contrato colectivo y lo deposita sin consultar a trabajador alguno, de tal manera que los asalariados se ven obligados a pertenecer al gremio que decidió el patrón. Como consecuencia de ello, las centrales sindicales, con objeto de ser agraciadas con la decisión patronal, compiten en una especie de mercado, ofreciendo las más bajas condiciones de trabajo y recibiendo por ello, una gratificación. Con el tiempo, el abogado patronal opera como factor decisivo, convirtiendo a ésos líderes sindicales en una especie de subordinados. Así nacen los contratos colectivos de protección patronal que abarcan hoy más de 90 por ciento de los centros de trabajo.
 
Legitimar mediante la consulta a los trabajadores el acceso a la contratación colectiva, evita la creciente extorsión de delincuentes que, ostentando siglas sindicales, presionan a pequeñas y medianas empresas y a personas físicas, mediante emplazamientos a huelga, sin tener trabajadores, desprestigiando el valioso papel de los sindicatos auténticos.
 
Este artículo también responde a exigencias de diversos organismos internacionales que consideran que esta situación es violatoria de los convenios 87 y 98 de la OIT que tienen jerarquía jurídica superior a la propia Ley Federal del Trabajo; la queja mas reciente, la 2694, ha sido promovida por las formaciones gremiales más grandes del mundo que consideran que el actual modelo de simulación y corrupción que opera en nuestro país es un mal ejemplo para la comunidad internacional.
 
La importancia del tema se hace evidente por las fuertes presiones de grupos empresariales que buscan a toda costa que fracase esta agenda democrática. En los próximos días confirmaremos si lo logran.
PatrioTLCismo-Fisgón
 
Tres mitos del megaproyecto eólico del Istmo de Tehuantepec
Carlos Beas Torres
Negar las bondades de la generación de energía eléctrica a través de fuentes renovables rayaría en la estulticia, y más en estos tiempos de crisis climática global, donde el gigantesco consumo de combustibles fósiles es uno más de los actos suicidas a los que nos ha conducido la locura neoliberal. Sin embargo en nuestro país la generación de energía mediante la fuerza del viento y en particular la que se produce en la región del istmo de Tehuantepec ha creado una serie de mitos propalados sin ningún rubor por las empresas trasnacionales y por los gobiernos federal y el estatal de Oaxaca.
 
Tierras improductivas. Una forma de justificar el despojo de tierras que han sufrido ejidatarios, comuneros y pequeños propietarios es decir que las tierras donde se han establecido 11 parques eólicos son improductivas. Apenas hace unos meses en un anuncio publicitario del gobierno federal se machacaba que ahora en el Istmo se generaba energía donde antes no se producía nada. En mayo de 2010, el entonces director de la Comisión Federal de Electricidad, Alfredo Elías Ayub, reiteraba casi eufórico en la inauguración de un parque eólico que le entregaría electricidad a Wall Mart: Donde antes había tierras estériles, hoy tenemos un bosque de energía. Esa cantaleta ha sido repetida hasta el absurdo y sólo encubre un engaño.

El parque Eurus ubicado en mil 050 hectáreas del ejido La Venta se estableció en un distrito de riego, donde se produ-cían anualmente alrededor de 12 mil toneladas de alimentos. Hoy sólo produce electricidad barata y limpia para una industria sucia como es la cementera Cemex. Cerca de ahí, en las tierras del poblado Ingenio Santo Domingo, durante muchos años se produjo un promedio por zafra de más de 40 mil toneladas de caña de azúcar, las cuales ahí se procesaban; hoy el ingenio se encuentra cerrado y no pudo ser reabierto ya que el parque eólico se ubicó en donde antes había cañaverales. Sobra decir que el poblado luce semivacío y mucha gente se queja por ello.

Energía limpia. Nadie duda que la energía eólica es una forma limpia para generar electricidad, pero en el caso del Istmo hay algo sucio pues basta preguntarse dónde se depositan los 300 litros de aceite que lubrican los rotores de los cerca de 700 aerogeneradores que operan actualmente en esta región. Es cierto y preocupante el señalamiento que hacen los pescadores binniza del pueblo zapoteca de Unión Hidalgo cuando reportan la repentina aparición de manchas de aceite en la Laguna Superior.

También habría que preguntar a los maestros y alumnos de las escuelas próximas a los parques eólicos si la creciente baja de rendimiento en el desempeño escolar tiene relación con la proximi- dad de los llamados ventiladores. El ruido afecta y estresa a los vecinos y hasta los campesinos relatan que las vacas están malpariendo y ya no producen como antes.

Y limpia, decir limpia, no lo es, ya que según los vecinos de Unión Hidalgo, La Venta, Ingenio y La Ventosa, cada mañana aparecen por los caminos y las parcelas los restos de aves despedazadas por las aspas de los aerogeneradores.

El tramposo estudio de impacto ambiental que elaboró a la medida de la empresa contratante un pseudo académico del Instituto de Ecología de Xalapa, olvidó reseñar que el Istmo mexicano es una de las principales rutas migratorias de aves en el mundo; solamente lo transitan en las noches de otoño 800 mil animales. Casi nada.
 
La inversión extranjera trae progreso. Aunque se desconoce el monto real de la inversión extranjera directa aplicada a la construcción de estos parques, ya que se habla de entre mil 500 y 3 mil 600 millones de dólares, es claro que los principales beneficios se los están quedando las grandes empresas extranjeras como Iberdrola, Windpower o Vestas, que son las fábricas que proveen los aerogeneradores. También han hecho el negocio de su vida los operadores inmobiliarios, que han recorrido los pueblos ofreciendo hasta cien pesos al año por hectárea a los campesinos para que aparten las tierras, mismas que después serán contratadas por las grandes compañías.
 
Parte importante del negocio lo han tenido los operadores y caciques locales, lo mismo del PRI que de la antaño combativa Coalición Obrero Campesina Estudiantil del Istmo, pues los presidentes y agentes municipales, líderes transportistas y comisariados han recibido su tajada por expedir permisos, simular asambleas y operar el engaño con el fin de que los campesinos –en su mayoría indígenas y analfabetos– arrienden sus tierras a través de contratos por demás leoninos.
 
Los términos de la contratación son diferentes en función de la empresa y de las condiciones de negociación del campesino afectado, sin embargo todos los contratos comprenden un periodo de 25 a 30 años, en los cuales el campesino puede acceder a sus tierras pero con una gran cantidad de restricciones, lo cual en los hechos es simplemente un despojo legalizado.
 
Decenas de campesinos se han convertido en rentistas y reciben diferentes montos por el arrendamiento de sus tierras. Por ejemplo, por el concepto de pago de derecho de viento por una hectárea en La Venta actualmente se pagan al año 7 mil 200 y por hectárea donde se establece un aerogenerador puede variar el pago entre 11 mil y 22 mil 500 pesos al año.
 
En algunos parques, como los establecidos en La Ventosa, algunos propietarios han venido recibiendo además una participación por energía producida y facturada del 1.3 por ciento, siendo esta 10 veces menor al porcentaje de participación que recibe un propietario en Holanda, Dinamarca o los Estados Unidos. Negocio redondo.
 
Y más negocio redondo cuando las empresas trasnacionales se apoderan de los llamados bonos verdes (GEF). En el caso del parque La Venta II, la española Iberdrola recibió la cantidad de 25 millones de dólares. En todos los casos las corporaciones, a través del clausulado de los contratos, reciben para sí los estímulos que brinda el Banco Mundial, ya que la generación de electricidad por medio del viento se considera un mecanismo de desarrollo limpio (MDL).
 
Y son tantos los beneficios que deja el megaproyecto eólico del Istmo, que ni siquiera las 8 empresas que operan los 11 parques pagan el impuesto predial a los empobrecidos municipios de la región, ya que en todos los casos su domicilio fiscal se encuentra ubicado en la ciudad de México.

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