Río+20: ecuación del desarrollo sostenible con trabajo- Ombudsman del migrante, imperativo

Río+20: ecuación del desarrollo sostenible con trabajo

Elizabeth Tinoco*

 

         Los desposeídos, los desempleados, los jóvenes sin oportunidades, aquellos que viven cada día con la simple esperanza de que mañana sea mejor, quizá tengan dificultades para entender el compromiso renovado de la comunidad internacional previsto en la reunión de Río+20 que se inicia el 20 de junio.

Por eso es tan importante que el trabajo decente sea considerado un componente esencial del desarrollo sostenible y de una economía verde.
La acumulación de problemas ambientales requiere medidas urgentes para enfrentarlos. Al mismo tiempo, no se puede obviar el reto de enfrentar fenómenos sintomáticos de la depredación a la cual nos hemos sometido como civilización, como son la persistencia de la pobreza y la desigualdad.
En este escenario, el trabajo aparece como un eslabón entre lo ambiental y lo social. Es clave para derrotar la pobreza y la desigualdad, y al mismo tiempo adquiere una nueva dimensión como componente ineludible de la economía verde que se vislumbra como alternativa al modelo actual.
La Conferencia de las Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible en Río de Janeiro, conocida como Rio+20, conmemora el vigésimo aniversario de la Cumbre de la Tierra que fue la plataforma de lanzamiento del objetivo del desarrollo sostenible y de una serie de iniciativas destinadas a abordar problemas ambientales que, pese al tiempo transcurrido, aún continúan acechándonos.
El llamado de la ONU a reafirmar el compromiso con un futuro posible tiene por delante nuevos de-safíos. El mundo no logra superar una crisis económica con graves consecuencias sociales que mantiene a más de 200 millones de personas desempleadas.
En América Latina la tasa de desempleo urbano es la más baja desde mediados de los 90, de 6.8 por ciento, pero eso significa que aún 15 millones de personas no logran conseguir ocupación. Además, la mitad de quienes trabajan están en condiciones de informalidad, lo que significa bajos ingresos y malas condiciones laborales. Los jóvenes llevan la peor parte con tasas de desempleo de 14.9 por ciento. Unos 20 millones no estudian ni trabajan debido a la frustración y el desaliento que genera la falta de oportunidades.

En este contexto la creación de más y mejores empleos aparece como un nexo entre desarrollo sostenible, reducción de la pobreza e inclusión social. El trabajo es la principal fuente de ingresos de las personas; es esencial para la superación personal y familiar y es un componente vital del crecimiento económico.

Si el mundo efectivamente va hacia una transición de economías más eficientes, con bajas emisiones de carbono y capacidad de adaptación al cambio climático, entre otros desafíos ambientales, también será necesario asumir que habrá cambios profundos en los patrones de producción y consumo. Esto impactará al mundo del trabajo. Habrá ganadores y perdedores. Algunas ocupaciones florecerán, otras entrarán en declive. Pero resulta evidente que una economía verde necesariamente deberá producir los empleos verdes que necesitan las sociedades.

No será fácil lograr todo lo que se propone la cumbre. Tal vez por eso en el marco de Río+20 se habla mucho de resiliencia, que es la capacidad de asumir situaciones difíciles y superarlas.

Es fundamental que la comunidad internacional asigne a los objetivos de desarrollo sostenible de la cumbre un fuerte pilar social que reafirme la meta del trabajo decente.

Esto significaría impulsar desde Río+20 políticas para la generación de empleo, medidas para el de-sarrollo de empresas sostenibles que generen los puestos de trabajo, actividades de formación y capacitación para quienes se desempeñarán en la economía verde, extensión de la protección social para potenciar la resiliencia de las comunidades, e involucrar a las organizaciones de empleadores y trabajadores en el logro de estas metas.

Los meses recientes hemos visto cómo una crisis internacional arrasaba con los ahorros de mucha gente, mientras millones perdían sus empleos. Esa situación podría empeorar en un mundo donde, además, cada vez hay más habitantes. Sin un pilar social para el desarrollo sostenible será difícil alcanzar el futuro que queremos.

*Directora regional de la Organización Internacional del Trabajo para América Latina y el Caribe

Ombudsman del migrante, imperativo

Jaime Martínez Veloz/ III

 

        En febrero pasado el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, creó la figura del defensor público de los migrantes para garantizar que los grupos defensores de los migrantes tengan un respaldo para atender los justos reclamos en esta materia. En México todavía es día en que no se han podido publicar las últimas reformas que en materia migratoria realizó el Congreso de la Unión. El nombramiento recayó en Andrew Lorenzen-Strait como el primer defensor público del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas.

En este contexto, María Puga –viuda del mexicano Anastasio Hernández, quien falleció tras una golpiza y descargas eléctricas de agentes fronterizos– pidió a Obama que se haga justicia, solicitando que se identifique y sancione a los responsables del acto bárbaro en el que nuestro connacional murió por la golpiza que le propinaron 20 agentes fronterizos el 28 de mayo del 2010, cuando estaba esposado y tirado boca abajo en un estacionamiento de San Ysidro a escasos metros de la frontera con Tijuana. El caso se conoció porque un joven filmó la agresión desde su teléfono celular y luego divulgó el video a través de YouTube y otros medios de comunicación.
Estos hechos llaman a dejar de postergar las decisiones necesarias para afrontar los temas relacionados con el fenómeno migratorio que permea las relaciones de una gran mayoría de países en el mundo, entre ellos el nuestro y el de los países de todo el continente americano.
Actualmente, no hay un solo continente ni región sin migrantes. De todos los países del planeta salen y en todos entran, en mayor o menor medida, ciudadanos de otros países, sean o no vecinos. La migración es un fenómeno mundial que se produce como resultado directo de las políticas neoliberales a escala planetaria y se encuentra estrechamente vinculada con la globalización de la economía y el comercio, de la educación, de la cultura, de la ciencia, de la comunicación y en general de todos los procesos sociales, lo cual ha generado nuevas corrientes migratorias que han propiciado una problemática sui generis que ha venido a transformar las relaciones diplomáticas y de diversa índole entre naciones y las relaciones sociales en el interior de las familias de los migrantes. Otras importantes migraciones ocurren por guerras, persecuciones políticas, étnicas, religiosas o desastres naturales.
Según la directora de la División de Población de la ONU, Hania Zlotnik, alrededor del globo hay 214 millones de migrantes, es decir, 3 por ciento de la población mundial ha abandonado su país para vivir en el extranjero, dijo en una conferencia que impartió en el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM.
La cifra tiende a crecer permanente y rápidamente, si se considera que en 2001 había 175 millones y que para 2006 eran 191 millones de migrantes, de los cuales 61 por ciento se dirigió a países industrializados –fenómeno llamado migración norte– en los que, dicho sea de paso, las tasas de natalidad de la población nativa son tan bajas que la inmigración constituye la mayor fuente para el crecimiento de la población. Las principales naciones expulsoras de migrantes son asiáticas, latinoamericanas y africanas.

En el caso de México, nuestra nación es altamente exportadora de migrantes, la mayoría de los cuales tienen como destino Estados Unidos, país para el que los mexicanos son fundamentales.

De acuerdo con la funcionaria de la ONU, en 2005, de todos los migrantes que se trasladaron de un país en vías de desarrollo a otro poderoso, uno de cada cinco fue mexicano.

Los mexicanos residentes en ese país representan 32 por ciento de todos sus inmigrantes. Nuestro país resiente sensiblemente esta emigración, si se considera que la mayoría de los migrantes son jóvenes de entre 18 y 29 años y que en Estados Unidos radica alrededor de 10 por ciento de la población nacional, es decir, una décima parte de mexicanos de origen ha encontrado del otro lado de la frontera su medio de vida.

La realidad migratoria reclama que de inmediato se lleve a cabo la conjunción de esfuerzos y recursos institucionales, en tal forma que sea posible integrar las acciones del Estado mexicano para la protección de sus migrantes.

Es tiempo de crear una instancia especializada que permita atender en forma urgente la necesaria e inaplazable defensa de los derechos de los migrantes mexicanos en el extranjero.

Si bien la política migratoria no se puede circunscribir a la creación de este organismo, esto sería un paso trascendente en la creación de condiciones dignificadoras para quienes abandonan la patria en la búsqueda de una vida mejor. Una alternativa institucional viable es la creación de un organismo autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propio que, perteneciente al Estado mexicano, unifique la acción de las instituciones que los atienden y tenga como finalidad la protección de los migrantes mexicanos.

Es un asunto de importancia vital que exista y se aplique la autoridad del Estado para garantizar la integridad de los migrantes en territorio nacional –como son los jornaleros agrícolas– y de los mexicanos en el extranjero, siendo necesario actualizar el derecho mexicano en esta materia.

La defensa de los migrantes en nuestro territorio, tanto nacionales como extranjeros, y de los emigrantes mexicanos en el extranjero, no se encuentra institucionalizada dentro de la estructura gubernamental, lo que provoca un vacío en la defensa de los derechos de los mexicanos, y de los extranjeros que transitan por nuestro país. Por ello, también debe terminar y legislarse sobre el abuso de la autoridad contra extranjeros en situación de paso por nuestro territorio, quienes principalmente provienen de Centro y Sudamérica.

En el extranjero, los mexicanos deben contar con el respaldo de una figura institucional mexicana que proteja los derechos que gobiernos extranjeros se niegan a reconocer, y que entran en conflicto con los derechos de que goza todo ser humano al margen de su circunstancial situación migratoria.

Penultimátum

Realeza y piedra de escándalo

 

        Un principio fundamental del código de conducta no escrito que rige la vida pública de la realeza, es no ser piedra de escándalo y mucho menos en los grandes encuentros de quienes presumen tener sangre azul. Y precisamente ése fue el que se impuso en el Palacio de la Zarzuela, en Madrid, al acordar no asistir a los actos programados para celebrar los 60 años de Isabel II en el trono inglés. El pretexto: el diferendo que ambos países sostienen desde hace 300 años por la ocupación inglesa de Gibraltar. Bueno es señalar que entre los reales invitados los hay con pésima fama, como los reyes de Bahréin, Jordania y Suazilandia que encabezan regímenes impopulares y represivos.

Pero los grandes ausentes son los reyes de España, que recientemente cumplieron 50 años de haber contraído matrimonio. Acordaron no celebrar sus bodas de oro ni en público ni en privado. Motivos sobraron para tal decisión, pero la gota que derramó el vaso fue el viaje de Juan Carlos a África en busca de elefantes. Y, sobre todo, para disfrutar de la compañía de Corina, la mujer 30 años menor que él y que le da amor y placer en la etapa invernal de su vida.
Para los de noble cuna, existe el agravante de que tan grata compañía es de origen plebeyo, aunque ostenta el título de princesa y Altísima Serenísima. Esos títulos los exigió y obtuvo luego de divorciarse de un noble alemán con mucho dinero, pero sin súbditos ni comarca que gobernar.

Abstenerse de celebrar las bodas de oro redujo, además, comentarios en los medios europeos y americanos que, sin embargo, han rememorado los detalles de la exitosa estrategia que en su momento armó la entonces reina Federica de Grecia para casar a su hija mayor, Sofía, con un príncipe. Y lo encontró a la medida: el que después sería designado rey por el dictador Francisco Franco. Y que desde 1976 es el jefe del Estado español.

La ausencia de Juan Carlos y Sofía en el jubileo de Isabel II no empañó esa celebración, la más importante del año para Inglaterra. Pero sí evitó, como decíamos antes, que los medios y la opinión pública se ocuparan todavía más de Juan Carlos, sus andanzas y su familia. Muestra de que el horno no está para pasteles son dos actos recientes: el partido de futbol para definir al ganador de la Copa del Rey, donde la silbatina a la casa real todavía resuena. Y las protestas contra el sucesor de la corona, Felipe, y su esposa Letizia, durante la feria del libro de Madrid.

Y como cereza del pastel, el proceso judicial que enfrenta el yerno del rey por diversos delitos, cometidos supuestamente con el apoyo de su suegro. Indigna a la ciudadanía española el trato de seda que da la justicia a quien acrecentó su fortuna a costa del erario. Y que su esposa y socia en dichas maniobras (la infanta Cristina), no sea tocada ni con el pétalo de un citatorio.